Ecuador Chevron en Ecuador: un asunto de poder. Por Irene León (*)

Chevron no solo sale más que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de víctima al banquillo de los acusados; además, Ecuador le ha pagado y no al contrario.

Chevron (Texaco), corporación transnacional de las más poderosas del mundo, se queja de haber sido víctima de trato injusto, denegación de justicia y otros maltratos por parte de Ecuador, pequeño país andino. Despliega una contundente ofensiva, por varias vías, para reclamar por hechos que alega sucedieron entre 1964 y 1992, es decir justamente cuando los gobiernos colocaban los intereses corporativos externos por encima de las prioridades nacionales. Acaba de conseguir así que Ecuador le pague 112 millones de dólares [1], monto que adquiere un peso relativo mayor en momentos de dificultades económicas derivadas de la caída de los precios del petróleo y del terremoto que afectó gravemente el litoral en abril último. ¿Cómo ha sido posible semejante acción injusta? La trama de poder en que se basa, no por previsible menos escandalosa, ha recorrido ya largos y sinuosos caminos.

La transnacional, luego de haber causado significativos daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana, invirtió la responsabilidad y, con insospechados argumentos, impuso en 2009 una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya [2], acusando a la República del Ecuador, es decir al pueblo y sus instituciones, de causarle perjuicios extendidos en un cierto lapso de tiempo. Previamente, poblaciones amazónicas afectadas por los gravísimos daños ambientales causados por esa transnacional durante su operación en el país, impulsaron el proceso judicial conocido como el caso de los ‘afectados’ [3], desarrollado entre 2003 y 2011, logrando en instancias nacionales una sentencia que obliga a la corporación a indemnizar con una suma de 9.500 millones de dólares a los demandantes, unas 30.000 personas. Esta sentencia no sólo ha incumplida por la Chevron, sino que ésta vuelve a la carga acusando a estas comunidades indígenas y campesinas de extorsión.

Por supuesto ha esquivado también el dictamen de pedir perdón a las comunidades afectadas, omisión que la sentencia original penalizaba con un resarcimiento adicional de 8.500 millones de dólares. Sin embargo, la Corte Nacional de Justicia de Ecuador ratificó en noviembre 2013 la decisión legal a favor de los afectados amazónicos, pero eliminó la cláusula sobre daños punitivos (pedido de perdón), que fueron recusados por Chevron, aduciendo que los daños punitivos no se encontraban regulados en el marco nacional.

Ahora, al contrario, más bien Chevron parece abrigar la expectativa de que el país le pida perdón en el marco del arbitraje. La demanda de arbitraje de la Chevron a Ecuador contiene elementos tanto para eludir su responsabilidad en el caso de los ‘afectados’, como para coartar las políticas de soberanía energética, productiva y económica enunciadas en el país. Las corporaciones recurren a este tipo de arbitrajes dado su carácter extrajudicial, ‘expedito’ y distante de los ‘rudimentos’ de la legislación internacional, que supone para los países una renuncia de sus prerrogativas nacionales y en algunos casos hasta internacionales. Más aún, como señala el experto Gus Van Harten [4], sólo las corporaciones pueden demandar a los gobiernos y estos últimos apenas pueden defenderse, en medio de procesos que no son independientes ni transparentes, y cuyos procedimientos no son claros.

Los demandantes ejercen influencia directa en la selección de los árbitros, en la definición de la sede de los arbitrajes y de otros elementos, optimizando así las condiciones para obtener reiterados resultados en su ventaja. Esto ha sido evidente en la demanda de Chevron contra Ecuador. En el proceso se han adoptado variantes de procedimiento que comprenden la inclusión constante de nuevos elementos, la subdivisión de problemáticas, e incluso un reinicio que le permitió agregar alegatos a la demanda en curso. Mientras tanto, durante años la defensa de Ecuador no obtuvo respuesta a sus requerimientos, a tal punto que, luego de un cúmulo de solicitudes sin respuesta, el país se vio obligado a pedir, sin éxito, la cesación de algunos de los árbitros [5].

Así mismo, las definiciones de ‘perjuicio’ o de ‘injusticia’ con las que la corporación formula su demanda, no se remiten a las conocidas conceptualizaciones de desigualdad o injusticia apegadas a los principios de derechos humanos, sino que apuntan a alguna perturbación del privilegio de ‘trato más favorable’ para la inversión, el comercio y la rentabilidad, que se ha posicionado como argumento inapelable en estos tribunales de arbitraje internacional. La sede del arbitraje es Estados Unidos, país reconocido por una importante simbiosis entre la economía corporativa y el ámbito político. Como señala Alejandro Teitelbaum [6] -autor de una importante obra sobre transnacionales, derechos humanos y democracia-, resulta expresivo el caso de la ex secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, miembro de varias corporaciones, cuyos servicios en el directorio de Chevron fueron tan apreciados que quisieron ponerle su nombre a un importante buque.[7]

No es ese un caso aislado, numerosos estudios y seguimientos de caso arrojan datos y cifras sobre cómo el conjunto de ‘mecanismos de solución de controversias’ contemplan, en palabras de la estadunidense Lori Wallach, “especiales privilegios y derechos solo para unos: los inversionistas extranjeros, a quienes se les otorga más poder que a la ciudadanía y a los gobiernos” [8].

Son parte de esta arquitectura del comercio transnacional los acuerdos de inversión, tales como el Tratado Bilateral de Inversiones entre Ecuador y Estados Unidos [9], bajo cuyo paraguas mercantil Chevron ampara su demanda de arbitraje y alega ser víctima de denegación de justicia, de una supuesta colusión intersectorial y otros. Pero se trata, a todas luces, de una aplicación retroactiva, pues el TBI firmado en 1993 sólo entró en vigencia en 1997, mientras que la compañía se retiró del país en 1992. Es por ese tipo de sesgos reiterados, que denotan el afán excesivo de velar a toda costa por la plena seguridad de las inversiones realizadas por las multinacionales, colocando a los Estados receptores y a sus pueblos en un segundo plano, que más que de ‘reglas’ de comercio transnacional se habla de una ‘arquitectura jurídica de la impunidad’ [10].

El poder en toda su amplitud

Chevron figura entre las mayores transnacionales del mundo, sólo sus ingresos operativos y ventas en el 2015 ascendieron a 129.900 millones de dólares [11], equivalente a tres veces y media el presupuesto nacional ecuatoriano de ese mismo año, 36.317 millones de dólares [12], y a 16 veces el presupuesto de salud. Y eso que, debido a la depreciación del petróleo en el mercado mundial, 2015 no fue un año tan bueno para la transnacional comparado con el 2014, cuando sus ingresos operativos fueron de 200.500 millones de dólares [13], es decir cinco veces y media más que el mencionado presupuesto anual del país. Su poderío se expresa en una amplia expansión por el mundo y en operaciones estratégicas y fusiones, como la ocurrida el 2000 con Texaco. Sus prácticas de poder y estrategia integral, son patentes también en la estrategia de la demanda arbitral contra Ecuador, cuyos componentes comunicacional, económico y político actúan como complemento de una ofensiva legal sin barreras.

Es más, la amplitud de sus acciones contra Ecuador deja ver que la demanda de arbitraje es apenas una parte de una movida estratégica relacionada con geo economía petrolera. Un indicio: el petitorio formulado al gobierno de Estados Unidos en 2012 para que suspenda las ventajas arancelarias al Ecuador, como medida de presión indirecta.

En el proceso de arbitraje, mientras acusa a Ecuador de ‘colusión’ entre gobierno y pueblo afectado y censura su eventual encuentro, la transnacional desborda el claustro arbitral cuando lo requiere, fustiga a las instituciones ecuatorianas y a sus voceros con adjetivos varios. Las palabras 'corrupción', 'fraude', 'coaligados', son incluso argumentos de la demanda. Eso se refleja en una sostenida acción comunicacional de descrédito del país, cuyos alcances el autor Orlando Pérez llega a interpretar como propios una estrategia de golpe blando [14].

Ecuador por su parte, en desigualdad de condiciones, se ha movido con circunspección, quizá buscando precautelar su reputación, inerme ante una multiplicidad de ardides que han trastocado su situación de víctima por la de acusado. Es una defensa 'defensiva' y disciplinada a los condicionamientos del mecanismo arbitral. Así las cosas, ¿hay otra salida?, ¿se puede revertir el escenario arbitral, máxime si persisten situaciones pendientes?, ¿se puede plantear un restablecimiento de equilibrio, a la luz de nuevas evidencias que muestran la lesión causada al Ecuador?

Abundante bibliografía, con significativas credenciales académicas, sustenta los sesgos del sistema arbitral y de los tratados de inversión, como los que presenta la transnacional para acusar al Ecuador. Está en debate igualmente el desbalance de un sistema injusto, que prioriza la seguridad de las inversiones privadas y coloca a los países como concurrentes de menor rango, que deben defenderse por fuera del amplio acervo de legislación internacional y de derechos humanos, como si las cuestiones de soberanía fueran sólo un malentendido de términos contractuales.

Una demanda internacional extrajudicial contra la República no es un juicio cualquiera, pues a más de afectar la soberanía, tiene que ver con geo economía y geo política petrolera. En otras palabras, es una cuestión de Estado, que impacta al pueblo y sus instituciones, que deberían comprometerse en una estrategia sostenida de defensa integral y multidisciplinaria.

Ecuador tiene para defenderse no sólo la evidencia de un ecocidio[15], que produjo consecuencias irreversibles en uno de los entornos más biodiversos del mundo, sino que en los 24 años transcurridos luego de la partida de la transnacional, un remanente de unas 800 piscinas de residuos tóxicos al descubierto contaminaron agua, aire y tierra, impidieron prácticas agrícolas, sustrajeron el disfrute del hábitat, causaron enfermedades, y otros efectos nocivos.

 

Esa sólo es una parte de las consecuencias ulteriores de una mala práctica ambiental deliberada pues, como ha señalado el Presidente Rafael Correa, en esa época ya existían tecnologías para evitar estos ecocidios. El causado deliberadamente en Lago Agrio por Chevron es de magnitud extraordinaria, pues resulta 85 veces mayor al provocado accidentalmente por la British Petroleum en el Golfo de México en 2010 [16], caso que sí obtuvo reparación ambiental pues Estados Unidos reaccionó como país afectado. Así, desde una mirada geopolítica y especialmente de defensa de la soberanía, puede resultar determinante la exposición documentada de hechos y cifras, para mostrar al mundo las evidencias de la contaminación. Esa línea fue asumida por el Presidente Correa, amparado por el mandato constitucional de defender pueblo, soberanía y territorios.

Se marcó así un verdadero hito, al recuperar el sentido de responsabilidad de la gestión de Estado en función de legítimos intereses propios, de modo inverso a la tendencia obsecuente de gobernantes anteriores, que actuaron más bien como auxiliares de las corporaciones foráneas.

La dinámica así generada logró articular voces y acciones de movimientos sociales, personalidades, diversos actores sociales del mundo, que han hecho suya la defensa de Ecuador ante esa perversa inversión de papeles. En la misma línea, numerosas instituciones, congresos nacionales, instancias internacionales, y hasta la OPEP, han emitido su solidaridad con el país.

El pago, los embargos y otras confusiones

Chevron utiliza sin ambages argumentos del caso ‘afectados ’ para sustentar el arbitraje, sostiene que este caso –impulsado por la población como demanda particular, no de gobierno- vulnera el mencionado Tratado Bilateral de Inversiones; pide al país ordenar el cese de las acciones emprendidas por esas comunidades en otros países para lograr que se cumpla con la sentencia ya lograda.

Más aún, denuncia como un incumplimiento de laudos arbitrales que el gobierno no anule tal sentencia de Lago Agrio [17] y no coarte las acciones subsecuentes de los amazónicos [18]. Es decir, llega a exigir que una función del Estado ecuatoriano –la ejecutiva-, intervenga en otra función que es independiente –la judicial-, pero al mismo tiempo, y en contradicción con tal postura, acusa como fraudulento cualquier intercambio entre nacionales –el gobierno nacional y el colectivo de ‘afectados’-.

Con este tratamiento arbitrario y contradictorio que impone Chevron en el arbitraje, se entreteje una maraña de juicios y apelaciones, en distintas sedes del mundo, para eludir el pago que ella sí tiene pendiente con los ‘afectados’, indígenas y campesinos amazónicos. Se crea así un contexto complejo y confuso, como se evidenció en el reciente episodio de pago forzoso de 112 millones de dólares por el laudo arbitral de ‘denegación de justicia’. Los ‘afectados’, en procura de mecanismos para hacer respetar la sentencia a su favor, interpusieron en su momento un embargo sobre los bienes de la Chevron en Ecuador y otros países.

Por eso, cuando se anunció el pago del Ecuador a la Chevron, reclamaron se les entregue el monto del arbitraje como un abono a los 9.5 mil millones de dólares que la transnacional les debe. A su vez, la Chevron pretendía un embargo de bienes ecuatorianos para capturar por la fuerza los 112 millones y evadir su responsabilidad con los ‘afectados’, quienes entonces tuvieron que levantar el embargo en Ecuador, al considerar que, siendo parte del país, cualquier confiscación de los bienes nacionales no constituye un resarcimiento para ellos, ni para el pueblo ecuatoriano, sino al revés.

En síntesis, la Chevron no solo sale más que bien librada, sino que ha logrado trasladar al país de su papel de víctima al de acusado, cobrar en lugar de pagar, pues recibe ilegítima e injustamente una suma cuantiosa en tanto elude el pago a que le obliga la sentencia a favor de los ‘afectados’. Y el proceso sigue, pues el laudo arbitral es sólo un componente de una demanda más amplia aún en curso. El país queda inmerso en la trampa de un sistema arbitral que tiene más relación con los negocios de las transnacionales que con sistemas de justicia. Para salir urge refrescar la estrategia de defensa, con una mirada más integral que nunca, donde todo apunte a defender al pueblo y su soberanía; para eso cada ecuatoriano/a cuenta, cada acción solidaria cuenta, cada gesto de coherencia cuenta. -

(*) Socióloga ecuatoriana. (Versión del artículo actualizada el 19/8/2016)

[1] Entre 1991 y 1993 Texaco (Chevron) planteó siete demandas comerciales a Ecuador, por hechos sucedidos en décadas anteriores. En 2016 la Corte Federal de Washington ratificó una sentencia de ‘denegación de justicia’ de la Corte Internacional de Arbitraje de la Haya, que obligó al país a pagar 96.3 millones de dólares, más intereses, a la transnacional (a lo largo del artículo se alude a dólares USA).

[2] Permanent Court of Arbitration, PCA Case No. 2009-23: 1.Chevron Corporation and 2. Texaco Petroleum Company v. The Republic of Ecuador, https://pcacases.com/web/view/49

[3] Juicio 2003-0002, Corte de Justicia de Sucumbíos, Juez Nicolás Zambrano, febrero 2011. http://www.redibec.org/pdf/sentencia_TEXACO.pdf

[4] Gus van Harten, Five Justifications for Investment Treaties: A Critical Discussion, York University - Osgoode Hall Law School, 2010, Canadá, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1622928

[5] Diego García Carrión, Caso Chevron: defensa del Ecuador frente al uso indebido del arbitraje de inversión, Procuraduría General del Ecuador, Gestión 2008-2015, Ecuador, 2015

[6] Alejandro Teitelbaum, Al Margen de la Ley: Sociedades Transnacionales y Derechos Humanos. ILSA, Bogotá: 2007, pag. 86

[7] Idem 6, pag. 87

[8] Transnational Institute, Laurie Wallach, ‘Public policies under attack’, Netherlands:2015, https://www.tni.org/es/node/22496

[9] SICE, Tratado entre la República del Ecuador y los Estados Unidos de América sobre promoción y la protección de inversiones, http://www.sice.oas.org/bits/usaec_s.asp

[10] Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro, Contra la lex mercatoria: Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las transnacionales, ICARIA, España 2015

[11] Chevron, 2015 Annual Report, https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-R...

[12] Ministerio de Finanzas, ‘Proforma del Presupuesto General del Estado’, República del Ecuador 2015, http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/11/Proforma...

[13] Idem. 11

[14] Orlando Pérez, co autor del libro La verdad no contamina, El Telegrafo, Ecuador, 2014, estima que la campaña de comunicación de Chevron, asociada a la estrategia de golpes blandos, cuesta unos 700 millones de dólares. http://ecuadorinmediato.com/index.phpmodule=Noticias&func=news_user_view...

[15] Son 80.000 toneladas de residuos petrolíferos vertidos entre 1964 y 1992, en un entorno de unas 500.000 hectáreas, en Lago Agrio, Amazonía ecuatoriana.

[16] En 2015 la British Petroleum se comprometió a indemnizar 20.800 millones de dolares, por el derrame de 4.9 millones de barriles de crudo en el Golfo de México en 2010 http://www.bp.com/en_us/bp-us/commitment-to-the-gulf-of-mexico/deepwater..., http://internacional.elpais.com/internacional/2015/10/05/actualidad/1444...

[17] Idem 3

[18] Según la Chevron, las cosas son así: “On February 7, 2013, the Tribunal issued its Fourth Interim Award in which it declared that the Republic of Ecuador “has violated the First and Second Interim Awards under the [BIT], the UNCITRAL Rules and international law in regard to the finalization and enforcement subject to execution of the Lago Agrio Judgment within and outside Ecuador, including (but not limited to) Canada, Brazil and Argentina.” The Republic of Ecuador subsequently filed in the District Court of the Hague a request to set aside the Tribunal’s Interim Awards and the First Partial Award (described below), and on January 20, 2016, the District Court denied the Republic’s request.”

Chevron, 2015 Annual Report, pgs 50-53 https://www.chevron.com/-/media/chevron/annual-report/2015/2015-Annual-R... URL de origen: http://www.alainet.org/es/articulo/179469

Chávez y Arauz: convertir una derrota en victoria. Por Yoselina Guevara L. (*)

“Lo felicito por su triunfo electoral de hoy y le mostraré nuestras convicciones democráticas (...). Hoy no es el final, es el comienzo de una nueva etapa de reconstrucción del poder popular, arduamente necesaria para nuestro país ``.

Con estas palabras felicitaba Andrés Arauz a Guillermo Lasso, ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador.

En las frases pronunciadas hubo una cierta remembranza del célebre discurso del Comandante Hugo Chávez: “Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. (…) Oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez, que les lanza este mensaje para que, por favor, reflexionen y depongan las armas. (…) Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano”.

Los puntos de coincidencia no son pocos, aunque sean dos escenarios totalmente distintos: Ecuador elecciones presidenciales, (11 de abril de 2021) y Venezuela Golpe Militar (4 febrero de 1992). Por una parte en Venezuela, un país donde nadie asumía responsabilidades de absolutamente nada, con una clase política corrupta entregada a los intereses norteamericanos y un pueblo sumido en una situación crítica en todos los ámbitos, un joven comandante, Hugo Rafael Chávez Frías aceptaba valientemente ante millones de personas su derrota militar. De parte de Arauz, un joven político, también hay una asunción de una responsabilidad ante los ecuatorianos y ecuatorianas, no habló de fraude masivo, de suspensión del conteo de votos o de robo electoral.

En unas elecciones donde el movimiento Unión por la esperanza (UNES) tuvo tantas dificultades, desde la inscripción de sus candidatos hasta las acusaciones y difamaciones. como parte de una campaña sucia cuyo blanco era quienes representaban al correismo, cualquier declaración de Arauz en contra de los resultados hubiese podido generar una crisis, una desestabilización del país de grandes dimensiones, por ello de los perdedores depende la dinámica política.

El reconocimiento de una derrota es fundamental para el funcionamiento de las instituciones, pero aún más importante para la preservación de la paz de una nación. En el caso específico de los procesos electorales estos conllevan inevitablemente a la aceptación del juego político, esto es que se tienen todas las posibilidades de obtener tanto la derrota como la victoria.

Veamos por un momento la diferencia con lo que sucedió en los Estados Unidos con un Donald Trump que se negaba a entregar el poder, que en medio de su rabia desatada no reconocía la victoria de Joe Biden y que además de ello se divirtió encendiendo los ánimos hablando de un fraude que no pudo demostrar y repitiendo obsesivamente que las elecciones estuvieron viciadas, siempre sin ninguna prueba, sin importarle ni un momento las cifras que llevaron a Joe Biden a ser proclamado presidente. Aunque este último no sea un dechado de virtudes y por el contrario hasta ahora continúe mostrando lo peor y más criminal de la política mundial, amenazando con guerras y asignando sanciones a países y personas que no siguen su línea, en la continuidad del accionar imperialista norteamericano.

No hay ganadores ni perdedores eternos

“Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra ``. Con ello afirmaba el Comandante Hugo Chávez ese 4 de febrero que se generaría un cambio en Venezuela, despertando la esperanza para un pueblo que aún más allá de su muerte física sigue fiel a sus enseñanzas y a sus ideales.

Después la historia le daría la razón, se generaría el huracán bolivariano que sigue vivo surcando palmo a palmo Venezuela, aún a pesar de los ataques de los Estados Unidos, los gobiernos lacayos y los traidores a la patria. “Hoy no es el final, es el comienzo de una nueva etapa de reconstrucción del poder popular, arduamente necesaria para nuestro país. En los próximos años estaremos organizados, construyendo y reconstruyendo a nuestra organización política. Va a ser un trabajo incansable, pero también tenemos el objetivo de poder construir esa nueva mayoría, el bloque histórico al que me he referido, representado por el progresismo”.

Con este discurso Andrés Arauz, al igual que Chávez también está abriendo un camino a la esperanza, pero la cual se construye día a día. Así como la construcción de un líder político no es algo que surja por arte de magia, tampoco la consolidación del poder popular surge de la noche a la mañana. Es el trabajo incansable como lo señala Arauz, un proceso de movilización continua; pero no nos referimos tan sólo a la movilización física, material el día de las elecciones. Hacemos referencia a la movilización política, intelectual día a día, que se hace persona a persona, politizando, hablando con quien no creyó o no entendió el proyecto político. Pero para ello como bien lo refiere Arauz, hace falta organización, construcción y reconstrucción, y ello va por edificar desde las bases populares del partido.

Esta es la aplicación de otra enseñanza política que nos deja Chávez: revisión, rectificación y reimpulso. No hay ganadores eternos, sino victorias o derrotas temporales; y es justamente en la derrota donde se mide la grandeza de un político. (*) Analista política, militante Bolivariana. Corresponsal en Italia de la Revista Correo del Alba.

LA BATALLA POR ECUADOR

Andrés Arauz Presidente de Ecuador: el regreso de la democracia popular

El 11 de abril hay elecciones de segunda vuelta en Ecuador. En el espacio “Militemos la Patria Grande”, hemos estado trabajando en un ciclo de reuniones digitales dando apoyo al candidato de Unidad por la Esperanza, Andrés Arauz.

Volcamos acá adhesiones a esa candidatura, verdadero desafío para toda la región y expresamos el más enérgico repudio a todas las maniobras antidemocráticas en curso que delatan la intención del poder oligárquico de impedir la voluntad popular mediante fraude. Pedimos a los veedores internacionales de los pueblos que extremen precauciones y vigilancia. Desde la pluralidad y diversidad de voces que se hicieron presentes durante más de dos meses construyendo articulaciones, militamos el espacio plurinacional y multiétnico de Nuestramérica, la Patria Grande de San Martín y Bolívar con la firme convicción de nuestro destino común, nuestra historia como guía y las desigualdades sociales y la dependencia económica como grandes males a resolver. La persecución política judicial (lawfare) y la desinformación (fakenews) son situaciones que padecen, en América Latina, tanto nuestros pueblos expoliados, sin derecho a la información, privados de una vida digna por la concentración de la riqueza y las economías monopolizadas, como nuestros dirigentes perseguidos, querellados, proscriptos y encarcelados. En Ecuador se han aplicado durante cuatro años cada una de estas herramientas del imperio. El sistema globalizado que llamamos neoliberalismo es el que debemos desmontar para que se consoliden nuestras democracias con bienestar popular y soberanía regional, en busca de la emancipación definitiva que sigue siendo el eje de nuestras luchas. Liberarnos del yugo de toda potencia extranjera y de las corporaciones trasnacionales tan poderosas como aquéllas, que intentan adueñarse de los recursos naturales de la región e imponernos sus ideas y valores mediante los medios masivos de comunicación y las redes sociales, sigue siendo nuestro desafío.

ADHIEREN AL DOCUMENTO

Victoria Tolosa Paz (Presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales); Jorge Taiana (Senador Nacional. Argentina); Claudia Bernazza, (Diputada Nacional, Argentina); Fernando Buen Abad (Dir. Centro Mac Bride UNLa. Miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Red Verdad); Miriam Lewin (Defensora del Publico. Argentina); Pedro Páez Pérez (Economista ecuatoriano- Ex Banco del Sur- ex Ministro de Ecuador); Dolores Solórzano (Vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana empresa de Ecuador); Bernarda Llorente (Directora de la agencia de noticias estatal Télam); Stella Calloni (escritora y periodista, analista de temas internacionales); Jésica Tritten (Vicepresidenta y Gerenta General de Contenidos Públicos Sociedad del Estado (Encuentro, Pakapaka, DxTV y CONT.AR); Matilde Bruera, Diputada Provincial Santa Fe); Mara Brawer (Diputada Nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Jorge Rachid (Médico Sanitarista asesor del gobernador Axel Kicillof); Sergio Rodríguez Gelfenstein (Escritor y ensayista venezolano, analista internacional); Victorio Paulón (Secretario de Derechos Humanos CTA; Luis Cáceres (Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera UOLRA); Jorge Canzoni (Rector de la Universidad Nacional de Avellaneda); Verónica Sforzin (Socióloga, Docente UNLP. Dir. Evaluación SIEMPRO-CNCPS); Ana Jaramillo (Rectora de la Universidad Nacional de Lanús; Raúl Rojas ( Editor del Portal Transformar Argentina); Alex Flores Álvarez (Va por Tí Ecuador); Eric Calcagno (Senador Nacional y Diputado nacional M.C., ex embajador en Francia); Mara Espasande (Directora del Centro Manuel Ugarte de UNLa); Julio Fernández Baraibar (Instituto Independencia, historiador, escritor, cineasta, Comunicador); Aritz Recalde (Docente universitario-Centro de estudios Hernández Arregui); Walter Formento (Director del Centro de Investigaciones en Política y Economía. CIEPE); Francisco Pestanha (Director del Departamento de Planificación y Políticas Públicas en la Universidad Nacional de Lanús); Marcelo Cabeza (Director del portal Transformar Argentina); Juan Lux. (ENPL Nacional); Néstor Borri (Centro Nueva Tierra); Carolina Moltrazio (Secretaria Ejecutiva FUA. MILES); Pedro Lanteri (Periodista. Radio Madres. Red de Comunicadores del Mercosur); Rodolfo Carrizo (Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas- CECIM); Héctor Sosa (Editor de Motor Económico); Juan Javier Dávalos (Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador); Jahaira Urresta (electa a la Asamblea Nacional de Ecuador); Ariel Ogando (Director de Wayruro Comunicación Popular, Jujuy); Leonardo Sai (Revista Cultural Espectros); Francisco Iturraspe (Docente universitario UNR-UCV-UMET, Corriente de Abogados laboralistas); Daniel El Profe Romero (Instituto Patria. Mueve); Bruno Capra (Grupo Bolívar); Eduardo Benedetti (Foro de Empresarios Nacionales de Argentina); Antonio Muñiz (Presidente del Partido Justicialista de Luján Argentina); Daniel Hermoza (Perú); Mario Burkun (Doctor en Economía de la Université Pierre Mendes France, de Grenoble, Francia, Emérito en UnM); Fabián Stecco (Agrupación de Trabajadores Legislativos Néstor Kirchner); Manuel González Rio (Asociación de asesores y profesionales parlamentarios de la República Argentina); José María Costa (miembro de la revista Hechos e Ideas, Sec. de la Cátedra Libre de Integración Latinoamericana y Caribeña de la UNLomas de Zamora); Yoselina Guevara López (Venezolana residente en Italia, Revista Correo del Alba); Irene León Trujillo ( Socióloga, Analista de Política internacional ); Jessenia García Herrera ( Organización Intercultural Montubia de la provincia del oro, Ecuador); Norma Aguinda Tanguilla (Comuna Kicwa Corazón del Oriente-Asociación de mujeres Kawsaykama de Orellana); Oswaldo Zhiminaicela (Director del Centro de Salud Inclusivo Chordeleg, médico Universidad de Cuenca); Verónica Vivanco Arellana (Presidenta ejecutiva de la Cámara Artesanal de Pichincha); Wilmer Santacruz (Coordinador de la red de Maestras y maestros por la Evolución Educativa de Ecuador); Silvia Núñez (Asambleísta electa por Chimborazo); Italo Ramón (Presidente del colegio de mineros de Azuay); Natalia Acurio (Red de medios comunitarios de Ecuador) Jorge García (docente, Universidad Politécnica Salesiana); Diego Cadena (CANAPE-Red Tienda Ecuador); María del Carmen Farfán (Foro de mujeres de Azuay); Paulo César Garate (Presidente de la Alianza Nacional por la salud); Sara García (Directora General de Empresarios por la Cuarta Transformación-México); Héctor Díaz (Brigada Cultural México); Carmen Salcedo (Asociación Latinoamericana de Micro y Pequeños Comerciantes); Omar Foressi (PJ Catamarca); Carlos Louge (Presidente del Instituto Silvio Gesell de Buenos Aires); Carlos Galano (Docente universitario, corriente de Pensamiento Ambiental Latinoamericano); César Crocitta (Economista, empresario Pyme, miembro del Grupo Bolívar); Amalia Goicochea; Analía Ruiz; Eduardo Aragón; Emanuel Bonforti (Docente UNLa); Ernesto Oscar Talero (Referente de la roque Comunidad Qadhuoqte del pueblo Qom Santa fe, de Rosario, Santa Fe, Argentina); Ezequiel Barbenza (Investigador Centro de Estudios Laborales); Federico Guillermo Formente; Fernanda Romero; Fernando Isas; Florencia del Valle (Agrupación 18 de mayo); Gustavo Marini; Héctor Anselmi; Hugo Garnero (Grupo La Capitana); Jessica Flax; Jorge Elizondo; Juan José Martínez (IPLAC) ; Marcela Barrenti; Marta Nesta (Doctora en Letras); Mario Molina; Mario Morant (Gremio Docente-IPLAC Instituto Pedagógico Latinoamérica y Caribe); Mario Perichon (Médico sanitarista Rosario) ; Polo Juárez; Nicolás González (Fe de radio); Carlos Gallardo; Raquel Pina; Roque Argüello (Tecnicoop, Cooperativa de Provisión de Servicios Cooperativos y Sociales); Sergio Daniel Rossi (Revista de puño y letra Rosario); Sergio Toto Monserrat (Villa Manuelita Rosario; Verónica Eixarch (Agrupación Sanitaria Ramón Carrillo de Rosario); Paola Louys ( Mesa empresaria justicialista); Carlos Norrih (Presidente de Pymesur); Víctor Hugo Huaranca (Secretario de DDHH de UOLRA); Ana Lemos (Secretaria de Interior de UOLRA); Silvio Prozzi ( Mesa empresaria Justicialista), Juan Francisco Numa Soto (Secretario general de la Regional CABA de FETIA); Eduardo Zonco Transformar Argentina La Plata); César Crocitta (economista empresario Pyme, Grupo Bolívar); Fabián Emilio Brown (General R, Docente universitario); Micaela Belén Díaz (Red Federal Juventud Militante); Solange Delannoy (Agrupación Garat, Facultad de Derecho UNR);  María Van Loy (Secretaria Nacional de Prensa de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA)