El Nunca Más pendiente. HERENCIAS Y DICTADURA. Por Juan Valerdi (*)

La dictadura cívico-militar que marcó a fuego a la Argentina desde el 24 de marzo de 1976 no sólo dejó muerte a su paso, también una pesada herencia económica que 45 años después está más viva que nunca.

Entre las muchas “leyes” establecidas en esos años de plomo, hay dos aún vigentes que tienen profundo impacto económico en nuestro país. Una es la ley que regula las actividades financieras en Argentina y la otra la que regula, facilita y protege las inversiones extranjeras en el país.

La ley 21526, “ley de entidades financieras”, es un legado del primer ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, sancionada, irónicamente, el día de los enamorados de 1977 (14 de febrero). Este texto regula el funcionamiento de “las personas o entidades privadas o públicas oficiales o mixtas de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros”. Es decir, que la administración del ahorro y crédito de la Argentina es guiada por un texto diseñado por quien probablemente le haya hecho más daño económico al país en su historia y bajo el paraguas institucional de una dictadura sangrienta.

Que en estos 44 años ningún gobierno haya reemplazado ese texto explica en gran medida por qué el sistema financiero argentino ha funcionado, durante más de cuatro décadas, como un caro parásito de nuestra economía y no como un motor para el crédito y el desarrollo. Y cuando señalo este sistema me refiero a bancos de capitales nacionales pero mucho más aún a los bancos internacionales, que con esa ley han contado con patente de corso para saquear los recursos financieros de nuestro país por cuenta propia o facilitando la fuga de capitales de sus clientes. Y para ello no sólo ha sido funcional el texto de la ley marco sino un Banco Central que también fue creado durante una dictadura, en 1935, y que ideológicamente está cooptado por las mismas ideas que impulsó Martínez de Hoz en 1977.

En las excepcionales y esporádicas situaciones en que el Banco Central fue administrado por autoridades que pretendían lograr que el sistema financiero argentino dejara su rol parasitario y depredador, el corset de la ley 21.526 y la burocracia estable del organismo se encargaban de evitar cualquier cambio de rumbo apreciable. Es que al abrigo de esa ley, el sistema financiero argentino ha estado manejado por unos pocos bancos extranjeros mientras que la estructura del BCRA, apoyada por esos bancos, se las arregló para mantener vivas las influencias y lineamientos de los banqueros ingleses que fueron artífices clave de su fundación original.

Extranjerización

En el caso de la ley 21382, otro legado de Martínez de Hoz, que regula y, sobre todo, protege a las inversiones extranjeras, la dictadura cívico-militar no demoró tanto para su sanción. Fiel a su perspectiva de entrega del país y depredación del sistema productivo, a menos de cinco meses de tomado el poder por las armas, sancionó una ley que le daba vía libre al desembarco indiscriminado y a la extranjerización salvaje del sistema productivo a manos de las incipientes multinacionales extranjeras.

Como si eso fuera poco, se les daban garantías de trato igualitario con la inversión nacional y trato inmejorable desde el punto de vista fiscal, financiero y cambiario.

La extranjerización de sectores clave de la economía argentina derivada de esa ley tiene consecuencias gravísimas sobre las posibilidades de desarrollo de nuestro país hasta nuestros días y fue complementada con las medidas extranjerizantes de la década privatizadora y desreguladora menemista. En este caso sí se hicieron reformas a la ley de la dictadura, ya que para implementar la entrega de los sectores y empresas clave que aún estaban en manos del Estado, la ley de emergencia económica, 23697 de 1989, amplió los beneficios y posibilidades de acceso para la inversión extranjera. Esta reforma menemista, que claramente lejos de revertir el legado de Martínez de Hoz lo empeoró, reforzó las posibilidades extorsivas del sistema productivo concentrado actual para con cualquier gobierno que quiera alterar sus intereses o prebendas históricas.

Camino inverso

Una cosa debe quedar clara: los países más desarrollados del mundo, para llegar a ese estadio, han recorrido un camino inverso al recorrido por Argentina con esas dos leyes de la dictadura cívico-militar del 76 o con las medidas de la década menemista. Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, Japón o Corea del Sur, para llegar a desarrollarse primero protegieron y reservaron su mercado interno, tanto desde el punto de vista comercial como financiero y de propiedad de los medios de producción. También, estos países promovieron la canalización de su ahorro interno hacia la inversión y sobre todo pusieron restricciones al acceso del capital extranjero en sectores clave para el desarrollo industrial y de servicios.

El caso de China es una muestra de cómo incluso se puede administrar el ingreso de inversiones extranjeras pero supeditadas a asociaciones con capitales nacionales y transferencias de tecnología. Ese camino llevó a que China sea hoy la potencia que puja por la preponderancia mundial y lleve incluso la delantera en sectores tecnológicos clave para el futuro.

Derogación impostergable

Por eso, que estas dos leyes clave no hayan sido modificadas en 44 años de democracia puede obedecer en algunos casos a la falta de fuerza/número suficiente en el Congreso o a la complicidad con quienes se benefician del status quo.

Es posible entonces entender por qué varios de los gobiernos que hemos tenido desde el regreso de la democracia en 1983 no modificaron estas leyes (o lo hicieron para peor). Lo que se hace difícil es entender por qué no lo hizo el gobierno de CFK, que tuvo mayoría holgada en ambas cámaras y encarnó un proyecto de país que dio señales claras de priorizar a los trabajadores y a la producción por sobre la timba financiera y el capital concentrado. Los cuatro años de macrismo mostraron cómo el reparto de la “torta” de ingresos y riqueza puede desplazarse veloz y salvajemente desde los trabajadores hacia el capital y en especial hacia los capitales especulativos y concentrados (1).

Después de aquella experiencia parece no haber margen para que el Frente de Todos postergue el reemplazo de esas leyes nefastas de la dictadura firmadas por el inefable Martínez de Hoz. Tal vez una de las maneras de obtener los votos necesarios para esa gran deuda pendiente sea llegar a las elecciones legislativas de este año 2021 enarbolando como bandera la derogación de esas anclas al desarrollo de un proyecto de Patria Grande para la Argentina y su reemplazo por instrumentos legales que impulsen y posibiliten ese país. Eso dejaría claro en el cuarto oscuro qué se puede esperar de este lado de la grieta y qué del otro.

 

 

(1) Que en su discurso de asunción de la presidencia del PJ el mandatario Alberto Fernández limitara esa puja distributiva a los trabajadores y “los que arriesgan como empresarios”, no evita que los grandes ganadores de la misma durante la pandemia macrista, la dictadura cívico-militar y la década menemista, no pertenezcan a ninguno de esos dos grupos, sino al capital financiero especulativo y al capital “productivo” concentrado “nacional” y extranjero, que lejos están de asumir riesgos. Esta omisión de beneficiarios de porciones tan relevantes de la “torta” de ingresos podría poner cierta cuota de pesimismo a la hora de esperar que se impulse la derogación de las dos leyes descritas en este texto, sin embargo siempre puede atribuirse la ausencia a un olvido.

(*) Licenciado en Economía, profesor de Macroeconomía, ex asesor de presidencias de BCRA, UIF, Banco Nación y Comisión Pyme de la Cámara de Diputados de la Nación. Ex consejero en el Consejo Asesor de la Afip. Twitter: @juanvalerdieco

El período más trágico de la historia argentina. Por Fernando Del Corro

Desde el día anterior seguramente muchos ya lo sabíamos. Un ya fallecido integrante de las Fuerzas Armadas me lo había confiado. Me citó en un bar de Corrientes y Leandro N. Alem, a pocas cuadras de la Casa de Gobierno. Me dijo que no me sentara y que tomara algo de parado en la barra. Pasó raudamente y me dijo que esa noche se iba a dar el golpe. Me advirtió que no me fuera a dormir y esperara noticias. Eso fue a media tarde. Un poco después llamé a un pariente, también ya fallecido y también oficial de las Fuerzas Armadas. No estaba en la casa. La esposa, ingenuamente, me dijo que estaba convocado y me dio el teléfono para ubicarlo. Cuando lo llamé y en forma elíptica le pregunté, se sorprendió y me respondió tan solo con un “¿cómo lo sabés?”. 

En esa época trabajaba a más no poder en la agencia oficial Télam, en la agencia española Efe y en el matutino “La Opinión” que dirigía Jacobo Timerman. Esa noche hacía turno en Efe y le hice caso a mi primer informante. Un par de horas después de la medianoche con una señal prefijada me confirmó los hechos. El golpe había sido dado y yo tuve el dudoso honor de dar la primicia mundial a través de un cable de Efe que firmé como Juan Santillana. Al día siguiente llegaron de Madrid las correspondientes felicitaciones. Desde entonces el que era director de esa agencia, José Antonio Rodríguez Cruceiro, confió ciegamente en mí.

Pero así como me llegaron las felicitaciones desde Madrid, pocas horas después, un compañero de Télam me llamó para decirme que tenía prohibida la entrada a la agencia. Hoy sí es un honor haber encabezado la lista de despedidos, el mismo día del golpe. Una lista que, entre otros, integraba el amigo Hernando Kleimans, luego viviendo en Moscú, hijo de un importante dirigente del Partido Comunista que encabezada Gerónimo Arnedo Álvarez. No me despidieron por el cable de Efe, seguramente no tenían noticias, sino por rojo, como a todos los demás de esa lista. Nos aplicaron el Artículo 6 de una norma sancionada de inmediato por el cual nos podían cesar sin indemnización por ser “potencialmente” peligrosos. Por suerte trabajaba en Efe y en “La Opinión”. El vicealmirante Horacio Zaratiegui, hombre del riñón del ex almirante Eduardo Emilio Massera, comandante de la Armada, le pidió a Rodríguez Cruceiro que me sacase de la agencia. Este se negó terminantemente y me lo hizo saber.

En “La Opinión” Timerman era inmune a esa cosas pero al poco tiempo le tocó a él ser víctima de los genocidas. En medio de su secuestro le fue intervenido el diario. Y apareció a su frente el general José Teófilo Goyret, ligado al general Eduardo Viola. Me corrió de mi cargo de prosecretario de cierre y me pasó como redactor de la sección Deportes. Nada grave. Era de esos militares que no compartían muchas cosas, no las practicaban, pero se mantenía en silencio sobre lo que pasaba en otros lados.

En verdad el golpe tenía el claro propósito de transformar el país. Fue la consecuencia del fracaso de “El Rodrigazo” de 1975. José López Rega, el ministro de Bienestar Social que influía decisivamente sobre la presienta María Estela Martínez, había llevado al Ministerio de Economía a Celestino Rodrigo, un ingeniero que viajaba en subte y cuya mayor trascendencia era la de ser miembro de la logia “Anael” del propio López Rega. El plan se lo había elaborado Masueto Ricardo Zinn, un economista que luego también fue clave para preparar el plan de José Alfredo Martínez de Hoz.

Éste, unos meses antes, en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires había dado una charla dentro de un ciclo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICYP), que presidía Guillermo Walter Klein, hombre decisivo, más tarde en el equipo del “Joe” Martínez de Hoz. Este, allí, fue muy claro. La democracia y la economía son incompatibles. Lo hice notar en el cable que escribí para Efe. No puede ser, dijo, que un mismo diputado vote una norma económica, otra sobre salud pública y otra sobre seguridad. Cada cosa debe ser manejada por especialistas, designados sin elecciones mediante, Claro que eso se contradijo en los hechos cuando el parlamento fue disuelto por los militares y en su reemplazo se designó a la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por nueve altos mandos, tres de cada arma. Seguramente ellos sí eran expertos en ciencias universales.

El 24 de marzo de 1976 con el gobierno de la Junta de Comandantes liderada por el entonces general Jorge Rafael Videla, del Ejército, asumieron todos ministros militares. En Economía lo hizo el general Joaquín de Las Heras que duró hasta el 2 de abril. Ese día se hizo cargo de la cartera Martínez de Hoz y si hasta entonces alguien pudo tener alguna duda todo quedó despejado. Pero buena parte de la población seguía contenta. Esa mañana del golpe, al salir de Efe, en Corrientes 456, vi todas caras distendidas. Se había terminado con la pesadilla de soportar, no tanto a un gobierno, sino a todo lo que se decía de él, en particular desde el diario “La Razón”, conducido por Félix Laiño. Muy pocos imaginaron lo que iba a suceder.

Para una buena cantidad de alucinados militares se trató de una lucha contra la “subversión apátrida” pero para el poder económico era la forma de transformar una sociedad que se había aferrado a un modelo que persistía desde el golpe nacionalista de 1943 y más aún desde el peronismo de 1946. Para eso había que terminar con toda una estructura de poder que, más allá de las dirigencias sindicales, se asentaba en las propias comisiones de fábrica. Hacia ahí apuntó centralmente el genocidio con sus 30.000 desaparecidos para siempre.

Hoy ya muchos coinciden en la relación fracaso del Rodrigazo y el golpe. Uno de los que me lo admitió hace algún tiempo fue Oscar Tangelson, siendo viceministro de Economía de la Nación. Pero lo más notable es que, de una manera menos enfático, nos lo dijo el propio Martínez de Hoz cuando lo entrevistamos Marcelo Alberto Bonelli, Roberto Romero (por entonces director del diario “El Tribuno”, de Salta y presidente de la agencia “Noticias Argentinas” y luego gobernador de su provincia) y yo en el Edificio Cavanagh, del barrio de Retiro.

Fue en 1981, cuando se preparaba el golpe contra Roberto Eduardo Viola para lo cual el propio Martínez de Hoz había dado letra a Emilio Perina para escribir “La máquina de impedir”.

Evidentemente el golpe y los más de siete años y medio del llamado “Proceso”, cambiaron para siempre la Argentina. Un país que, con todo, funcionaba en un marco razonable aunque necesitaba dar un salto cualitativo.

Pero desde entonces se recuperaron viejas lacras perdidas décadas atrás, muchas de las cuales aún no han podido ser erradicadas nuevamente, entre ellas una deuda externa que, cuando asumió Martínez de Hoz rondaba los 6.000 millones de dólares estadounidenses y que luego, exponencialmente, trepó a los alrededor de 200.000 con los que se encontró el actual gobierno de Néstor Carlos Kirchner que, más allá de quitas y renegociaciones que resolvieron temporalmente la situación, continuó siendo un importante condicionamiento a partir de la reciente gestión de Mauricio Macri.

Para la destrucción del país y el empobrecimiento, y en muchos casos miserabilización de su gente, es que hubo quienes no dudaron en secuestrar, torturar y asesinar a 30.000 personas en combinación con las dictaduras vecinas del Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, como parte de una estrategia global para la región, aunque en el caso del Brasil, luego del paso de mando del mariscal Humberto Castello Branco al general Arthur da Costa e Silva, el sometimiento a la economía estadounidense y al mundo de las finanzas, comenzó a girar hacia el desarrollo de una fuerte burguesía local.

El 24 de marzo de 1976 fue, seguramente, el día más trágico de la historia argentina. No porque no hayan existido otros, pero en ningún caso la envergadura de sus consecuencias fueron tantas y tan graves. Por eso no había lugar para leyes como las transitorias de “Obediencia Debida” y ”Punto Final”.

El lento, pero continuado proceso de juzgamiento que se siguió en la Argentina es casi único en el mundo. Solo se registra un antecedente, y de menos envergadura a la larga, pero que merece ser recordado: el del gobierno conservador de Konstantinos Karamanlis, cuando mandó a la cárcel a perpetuidad a los coroneles griegos liderados por Yorgos Papadopulos, que gobernaron entre 1967 y 1974.

Memoria histórica de hechos significativos que forjaron la patria. Fin de 17 años de destierro, exilio, proscripción. Para el pueblo volvía la felicidad. Para la oligarquía era la demostración de un fracaso anunciado: con el peronismo no podrían. Seguiría vivo, presente, alimentando el sueño de una Argentina que cobijara a los más humildes, con trabajo, industria y derechos sociales. El 17 de noviembre de 1972, un día que catalizó millones de horas de militancia contra toda la ignominia represiva, persecutoria del feroz odio antipopular.

El primer regreso, luego de 17 años. La concurrencia a Ezeiza fue multitudinaria, tal vez la más grande movilización popular, pero frustrada, en parte, por la acción represiva ordenada por Lanusse. El encuentro cercano se produciría luego en largas jornadas de acompañamiento y vigilia en la casa histórica de ese tiempo, de Gaspar Campos, en Vicente López.

Conmovedoras imágenes de Sinfonía del Sentimiento, de ese artista descomunal que fue el gran argentino llamado Leonardo Favio.