LA TRIPLE INFAMIA. Por Horacio Rovelli (*)

Que la historia no se repita y comience a revertirse, depende de la batalla por la expropiación de Vicentin.

 

Olegario Víctor Andrade, el poeta de Vuelta al hogar, definió la alianza para atacar al Paraguay entre la Argentina de Mitre, el Imperio de Brasil y el Uruguay de Venancio Flores, de Triple Infamia y nunca mejor puesto el nombre. Hoy en nuestro país se ha conformado una triple alianza entre los grandes exportadores de grano y aceite, los 10 principales bancos privados que operan en estas pampas y, los fondos de cobertura poseedores de títulos de deuda argentinos. El campo de batalla es la depreciación de nuestra moneda.

Los exportadores quieren más pesos por cada dólar que obtienen por vender productos argentinos en el mundo, si no, no venden, y no quieren que haya una empresa estatal en la producción, acopio y comercio de granos y aceites, por lo que van a hacer lo imposible para impedirlo. Los bancos son socios necesarios de los primeros, al financiar esas operaciones y como instrumentadores con su documentación (Letras de Cambio, Carta de Créditos, etc.) y administran la conversión de divisas a pesos y viceversa y por su imprescindible intervención para comprar dólares al BCRA ( la Ley 24.144, Carta Orgánica del BCRA de Cavallo lo permite) y fugarlos.

Y los acreedores externos quieren quebrar la resistencia del gobierno plasmada en la propuesta de pago con un período de gracia de tres años (no abonar intereses ni capital hasta mayo de 2023) y después una tasa de interés del 0,5% anual a fin de que el país vuelva a crecer y así pueda cumplir con dichas obligaciones. Si el valor de nuestra moneda se deprecia no solamente sale más cara la deuda, sino que el gobierno debilitado debería aceptar las condiciones impuestas por sus acreedores.

La obligada intervención de la empresa Vicentin SAIC debe leerse en el marco del avance de las tropas aliancistas contra el heroico pueblo paraguayo, es la batalla de Curupayti [1]. Pero para peor, ellos no avanzan en una zona lodosa y nosotros estamos en medio de una pandemia que aísla a los habitantes, limita severamente el trabajo y la producción y obliga a los Estados (nacional, provinciales y municipales) a extremar los recursos para hacer frente al virus y asistir a la población.

Finalmente y no como tema menor, con una parte de sectores medios que no entiende nada de nada, pero acepta las mentiras de los grandes medios y de los Vicentin como si fueran verdad. Sacando fuerza de debilidad, apoyándose incluso en la legislación vigente escrita por la dictadura de Videla, como la Ley 21.499, sancionada el 17 de enero de 1977, que contempla en el régimen de expropiaciones una “justa” indemnización y que “se pagará en dinero efectivo, salvo conformidad del expropiado para que dicho pago se efectúe en otra especie de valor”, el gobierno de Alberto Fernández anunció la intervención de la firma Vicentin SAIC y la remisión de un proyecto de ley de expropiación.

Un país cuyos sectores de mayores ingresos pueden comprar y fugar 86.200 millones de dólares en cuatro años (un cuarto del PIB anual argentino) no es un país pobre (sí injusto) y demuestra que esos sectores tienen altas tasas de ganancia y por ende capacidad de ahorro.

El problema es que ese ahorro en gran parte lo administran los fondos de cobertura que tienen fuerte participación en los títulos de deuda externa en moneda y en jurisdicción extranjera. Una comunidad de intereses en la que BlackRock (que es el fondo más grande por los activos financieros que administra) posee oficialmente el 6% del capital accionario de Glencore y, Glencore que es una empresa multinacional con sede en Ginebra (Suiza) y que posee el 50% de la explotación de oro y cobre en Bajo la Alumbrera (Catamarca), que es socia en la firma RENOVA SA con plantas de biodiesel y glicerina en San Lorenzo y molienda de soja en Timbúes, con Vicentin SA del Paraguay.

Sabemos que los mecanismos más usuales para fugar capitales fueron siempre la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones y los auto préstamos (aparecen tomando deuda cuando en realidad parte o todo el crédito tiene origen en dólares que lo supuestos deudores fugaron y depositaron en esas instituciones que aparecen como acreedoras). Es el caso del Grupo Vicentin. De otro modo no se explica cómo su nave insignia, que factura por año el equivalente a unos 3.000 millones de dólares y que conforma un grupo económico con Algodonera Avellaneda SA, Industrias Frigoríficas Friar SA, Oleaginosas San Lorenzo SA, Vicentin Paraguay SA, Vicentin Europa, Vicentin Brasil, Vicentin SAIC sucursal Uruguay y Bodegas Vicentin, entre otras empresas, y además es socia de la firma RENOVA SA junto a Oleaginosa Moreno SA —perteneciente a la multinacional Glencore— y Molinos Río de la Plata de Pérez Companc para producir biodiésel, que preside la terminal Puerto de Rosario a través de Gustavo Nardelli quien, junto a Alberto Padoan (que fue Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario)[2], serían los principales dueños del grupo, todos negocios y operaciones fuertemente rentables, sin embargo presenta una deuda que según el concurso abierto en que cada acreedor debió verificar el monto que les adeudan, suma a febrero de este año, en pesos y en divisas $ 100.300.000.000 (cien mil trescientos millones de pesos), equivalentes a unos 1.580 millones de dólares (se toma el tipo de cambio de la verificación de deuda de $ 63,40).

 

La empresa dejó de pagar sus obligaciones el 4 de diciembre de 2019, pero un día antes seguía recibiendo granos de terceros para acopiar, moler, exportar, transformar en aceite, etc., sin pagarlos, en un sistema impuesto que primero cobra la empresa y luego paga a sus proveedores. El 10 de febrero de 2020 Vicentin SAIC presentó su concurso preventivo y posteriormente presentó una propuesta de pago que era una licuación de la deuda que no fue aceptada por los acreedores reales, incluido el Estado nacional por obligaciones aduaneras, impositivas y previsionales.

En base a las cifras analizadas, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa para evitar aún una mayor concentración de un mercado fuertemente dominado por empresas extranjeras (Cargill; Cofco; Bunge Ceval; Louis Dreyfus; Glencore; etc). De esta manera, el Poder Ejecutivo busca controlar y evitar el incremento de la deuda de la compañía y al mismo tiempo ingresar en un sector que, en los últimos meses y debido a las restricciones en el mercado cambiario, incrementó la especulación financiera. A las pruebas nos remitimos: la Sociedad Rural Argentina reconoce que en los primeros cinco meses del año se exportaron 64.500.000 toneladas, 9.600.000 toneladas más que en igual lapso del año pasado, y sin embargo la liquidación de las exportaciones es un 18% menor que en igual lapso del año 2019[3]. Obviamente, por un lado retienen exportaciones y por otra parte las que realizaron tardan lo indecible para liquidarlas, especulando con la suba del valor del dólar.

 

La intervención de Vicentin SA hará que aparezcan dichas ventas y dichos ingresos al país. Así, el Gobierno no solo podrá tener injerencia en los precios de los alimentos, sino en término de liquidación de divisas necesarias para diagramar un plan económico, que es lo que la triple alianza trata de impedir. Como dijo en la conferencia de prensa del lunes 8 de junio el Presidente Alberto Fernández, al anunciar la intervención: “Es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino.

 

El objetivo es que siga funcionando y que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar con sus empleos (se estima en 7.000 trabajadores directos) y que los 2.600 productores puedan seguir contando con una empresa para venderle lo que producen y que la Argentina siga teniendo un pie en un operador de esta envergadura”.

De allí la importancia de la intervención a cargo de un hombre avezado en el tema, que fuera el último Secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y, como lo afirma la declaración de los trabajadores del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria): “Gabriel Delgado, además de ser un economista altamente capacitado, es un afiliado de APINTA, y desde nuestro gremio abrazamos al compañero afiliado al gremio, que tendrá un rol histórico en la reconstrucción de un país más justo”. Por ejemplo, a la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) le fue verificada una acreencia por $ 4.929.060.800,53 (unos 77.500.000 dólares), pero su Presidente, Claudio Soumoulon asegura que se le adeudan no menos de 90 millones de dólares. Aparecen 2.638 productores que dicen haber entregado granos al grupo económico, y no les pagaron.

Incluso se queja de lo mismo la señora Vicentin de Rodríguez, y otros parientes también dicen que la firma Vicentin SAIC les debe plata por no pagarles dicha provisión. El abogado de la Ciudad de Santa Fe, Mariano Moyano, que fue contratado por acreedores extranjeros del grupo Vicentin, afirma que existe una empresa Nacadie Comercial SA en Uruguay que le compra la producción de granos, harinas y aceites a Vicentin Uruguay SA, que esa firma le vende a su vez a Nacadie Comercial SA en Panamá y que existe una tercera Nacadie Comercial SA en la Argentina. Cuando nos fijamos en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe, efectivamente la firma existe y tiene domicilio fiscal en Boulevard Hipólito Yrigoyen 298 de la Ciudad de Reconquista (Departamento de General Obligado – Provincia de Santa Fe), que es el domicilio legal de Industrias Frigoríficas Friar SA, firma del grupo Vicentin, presidida por Cristian Padoan.

Para dilucidar todo esto, el gobierno tomó la decisión de intervenir la empresa y el Juez, Fabián Lorenzini, quién antes de ser juez fue asesor legal del Banco Nación Argentina en la Sucursal Reconquista, resolvió el viernes 19 de junio 2020 que continúe administrando la empresa la familia Vicentin.

 

En ese juzgado se realizó la certificación de la deuda de Vicentin SAIC, en Reconquista (Departamento de General Obligado – Provincia de Santa Fe) Independientemente del futuro de la empresa, debe tener una intervención estatal nacional y provincial que estudie la problemática del grupo, que audite todas las operaciones y certifique los ingresos y egresos, la situación de proveedores y trabajadores y, la deuda con el fisco. El pasado los condena El Grupo Vicentin creció sideralmente con las dictaduras militares, primero con Onganía en 1966, cuando incorpora en la molienda de semillas el proceso de extracción por solventes en su planta de Avellaneda, norte de Santa Fe. En 1977 comienza a funcionar una planta de molienda de soja en el mismo complejo y a fines de 1979 se pone en marcha una segunda planta de molienda de soja y girasol en Ricardone, al sur de la provincia. 

Al mismo tiempo, inicia operaciones en nuevas plantas desmotadoras de algodón situadas en puntos neurálgicos de cosecha. Un hito fundamental en la trayectoria de Vicentin consistió en operar y exportar lo manufacturado de aceites, harinas y pellets desde su propia Terminal de Embarque, localizada en la ciudad de San Lorenzo a orillas del Río Paraná, en 1979. Vicentin a través de su sociedad controlada Algodonera Avellaneda SA se involucra en el rubro textil con la adquisición de una nueva planta especialmente dedicada a la hilandería y tejeduría con importantes volúmenes de producción.

Años más tarde se incorpora al grupo el complejo frigorífico Friar, importante protagonista en el rubro cárnico exportador. En sus tres plantas industriales se procesan gran variedad de cortes vacunos y derivados destinados tanto al mercado interno como a los mercados externos. Con el menemismo se va a quedar con la terminal Puerto de Rosario que es donde se venden más toneladas de soja en granos en el mundo.

Hacia 2005 inicia sus actividades Vicentin Paraguay S.A como agente de comercialización de soja destinada a los complejos industriales en permanente expansión, sumando una cuarta planta de molienda en San Lorenzo que elevó la capacidad de molienda a 21.000 toneladas diarias. Todo los hicieron tomando deuda en dólares. Como el dólar se atrasaba y les cobraban tasas menores de interés que en pesos, era negocio y cuando el dólar derrapaba, como fue tras la guerra de Malvinas y fin de la dictadura militar, le traspasaban esa deuda en dólares al Estado mediante los seguros de cambio de Domingo Felipe Cavallo de 1982. En el año 2002 hicieron lo mismo por la pesificación asimétrica de Duhalde-Remes Lenicof.

Pretendían volver a traspasar la deuda al Estado argentino, cuando el gobierno de Alberto Fernández le dijo que no.

No es que el Estado se apropie de una empresa, es exactamente al revés, ellos los dueños, siempre usaron al Estado para endosarle sus deudas al pueblo argentino. Este grupo que supo tener un origen familiar en sus inicios en 1929 como algodonera en Avellaneda en el norte santafesino, termina en una red de sedes y sociedades vinculadas que operan en actividades sumamente rentables (que incluye empresas offshore) y, sin embargo, incurre en convocatoria de acreedores.

Su desarrollo exponencial con la dictadura militar queda demostrado en el mismo juzgado de Reconquista donde se tramita su concurso preventivo, que es donde Oscar Raúl Zarza, Efrén Venturini, Heraldo Salvador Sánchez y Adelqui Ramón Gavirondo presentaron la denuncia contra la familia Vicentin de que 22 obreros, entre ellos los 14 delegados de sección, fueron secuestrados entre enero y noviembre de 1976, muchos de la misma fábrica, señalados por el jefe de personal, en autos de la patota cuya nafta pagaba la patronal, con telegramas de despido coordinados con la Aeronáutica mientras estaban desaparecidos. Las fiscalías federales de Santa Fe y Reconquista están investigando la responsabilidad de la Aceitera Vicentin en la represión de los trabajadores y su complicidad e instigación de delitos de lesa humanidad.

Juan Bautista Alberdi, que se opuso tenazmente a la invasión al país hermano, concluida la Guerra del Paraguay aseveró que «fue la causa y razón de ser de los empréstitos y emisiones por valor de 80 millones de pesos fuertes en que han endeudado a la República Argentina los gobiernos desde 1861, sin más beneficios para la nación que el yugo de esa deuda, en que tiene que gastar por siglos casi todo el valor de su renta pública”.

Que la historia no se repita y comience a revertirse, depende de esta batalla.

 

[1] Y ojalá a nuestro gobierno lo ilumine el General paraguayo José Eduvigis Díaz. [2] El actual Presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Daniel Nasini, aseguró que «hay muchísima desilusión» por el desenlace de la firma y que sus dueños faltaron su palabra.»Diversificaron mucho las inversiones en otros negocios. Tal vez sea mal manejo de la empresa, para no pensar mal y que hubo fuga”. [3] Según informa CIARA-CEC el monto total liquidado en los primeros cinco meses del año asciende a 6.963.259.090 dólares un 18% menos que en igual lapso del año pasado.

 

(*) Economista egresado de la UBA. Profesor y periodista. Asesor en la Comisión de presupuesto y hacienda de la Camara de Diputados de la Nación. Ex Director Nacional de Programación Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación (2009-2011)

Vicentin y una burguesía fallida. Por Antonio Muñiz (*)

En estos días hay un debate en Argentina sobre la intervención del Estado al grupo empresarial Vicentín, un conglomerado que tiene como eje central la elaboración de alimentos y la exportación de granos. Sin entrar mucho en los detalles que hacen a la historia y que condujeron al grupo empresario al concurso de acreedores -y casi segura quiebra-, queda claro que los dueños tradicionales tuvieron, en el mejor de los casos, una conducta poco prudente del manejo financiero, que los llevó a sobre endeudarse con bancos estatales; a esto se suma la práctica de financiarse difiriendo pagos a proveedores y clientes: una situación de “paga dios”. Más grave aún cuando existen serios indicios de vaciamiento y fuga de capitales, lo cual sirve para explicar el origen de la situación antes descripta.

El estado, con buen criterio, sale a intervenir y planea su expropiación, con el objetivo básico de que la empresa siga en funcionamiento. Se propone preservar los puestos de trabajo, asegurar el pago de sueldos y la cobranza por parte de miles de productores de granos que quedaron entrampados en la estafa, más los proveedores que ya habían dado por perdidas las acrecencias.

Dos datos más: la quiebra de Vicentín sería un golpe muy duro al entramado productivo de la provincia de Santa Fe, además de afectar un área estratégica para el interés nacional, como es la producción de alimento y la exportación de granos. La medida contó con la aprobación de los trabajadores directos y de los grupos productores y proveedores. Sin embargo, surgió una ola de rechazo alimentada desde los partidos políticos opositores, algunas entidades empresarias y potenciada, como siempre, por la prensa mercenaria de los medios concentrados.

Surge aquí un interrogante (o varios): ¿por qué el empresariado concentrado sale en defensa de empresarios que, de forma ilegal (y con la complicidad del Banco Nación), se apropiaron de ingentes créditos, cuando ya la empresa estaba en situación de cesación de pagos? ¿Por qué el empresariado, Cambiemos y los economistas neoliberales argentinos aplauden este capitalismo de saqueo? ¿Por qué esos grupos levantan el fantasma del estado, el comunismo o la venezolanización, cuando el Estado actúa en pos del bien común? Tal vez sea porque las prácticas fraudulentas de los empresarios de Vicentín no son una excepción, sino una regla en el comportamiento de casi toda la burguesía concentrada. Hace décadas que existe una frase en los ámbitos populares, “empresas pobres, pero empresarios ricos”.

Es indudable la cultura empresarial entre la gran burguesía tradicional, su lógica fue siempre la de los negocios fáciles y seguros, con poca o nula competencia: hacer viable su actividad vía subsidios del estado, créditos a tasa promocionales, elusión y evasión de impuestos y la especulación vía fuga de divisas. Los grandes capitanes de la industria han hecho así su fortuna, sobre todo a partir del golpe del 76 y las reformas neoliberales de la década del noventa.

En el caso concreto de la exportación de granos (y particularmente a través del puerto de Rosario y Santa Fe), el negocio se caracteriza por la falta de controles por parte del Estado sobre qué y cuánto se exporta y por ende cuáles son los impuestos a pagar. Con la excusa de la sequía, en el 2018 el presidente de la Nación eliminó una serie de controles y regulaciones al comercio de granos, cambio que solo benefició a los 5 grandes exportadores y a los productores más concentrados, renunciando al poder de control que el estado debe tener sobre ese sector estratégico.

La presencia de una empresa estatal en el sector granífero permitirá controlar procedimientos poco transparentes, con herramientas para limitar la triangulación, o el contrabando vía empresas fantasmas en Paraguay, o la sub declaración de exportaciones, el abuso de precios de transferencia y diversas maniobras para fugar divisas y evadir impuestos vía empresas offshore en Uruguay o Panamá.

Es urgente instrumentar la presencia de controles del estado en toda la operatoria portuaria a la vera del Paraná, además de la hidrovía Paraguay–Paraná. Esto permitirá evitar situaciones de puertos libres y zonas liberadas -explotadas no solo por las empresas exportadoras-, sino también toda una gama de delitos que tienen lugar en la región, al amparo de legislaciones demasiado benévolas y nula intervención estatal, como el contrabando y el narcotráfico.

La burguesía tradicional concentrada muestra un comportamiento que, no por conocido, resulta menos preocupante: su incapacidad de atar los proyectos empresariales a los destinos, objetivos e intereses nacionales. Lamentablemente este sector muestra una vez más una lógica de capitalismo de saqueo, que se convierte en un lastre para el resto de la comunidad.

Es necesario tener claro y actuar en consecuencia que cualquier proyecto de desarrollo y reindustrialización verá a este sector en la vereda de enfrente, en la medida que no acople sus intereses hoy transnacionalizados, a los de la Argentina.

(*) Presidente del Partido Justicialista de Luján.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y SANITARIA, UNA DEMANDA DE LA HORA. Por Jorge Rachid (*)

Cuando sobrevienen los conflictos sociales o se desencadena una crisis pandémica, los resortes para enfrentarlas tienen que ser ejecutados de inmediato; en general no hay tiempo de respuestas que permitan superar dichas situaciones, sin una planificación estratégica del país que provea las herramientas necesarias para hacerlo.

Esa situación de respuesta inmediata obedece a lo que se construyó de soberanía, en cada ámbito de actuación, no dependiendo de terceros ajenos, para enfrentarlas. Sin embargo esta situación, que mide la capacidad de decisión política en cada instancia institucional, es soslayada por las políticas neoliberales, cuyas voces son las primeras en exigir respuestas, a la hora de sus necesidades empresariales o personales, como observamos en la crisis actual. Está mal, según esos sectores, avanzar en preservar las fuentes de trabajo de una de las empresas más poderosas del país, dicen quienes sin embargo afrontan la crisis con salarios pagados por el Estado.

El mismo Estado al cual le exigen cerrar el déficit fiscal, cuando las necesidades son generadas en el seno del pueblo, por hambre y exclusión social, en general “residuo tóxico”, de ajustes económicos sobre los trabajadores. Más aún, levantan voces en contra, cuando dichas medidas se plantean en el marco estratégico del país, como controlar el mercado de granos, las cadenas alimenticias, evitar las fugas de capitales y el contrabando de materia prima, que genera las divisas necesarias para fortalecer nuestra presencia industrial en el mundo. Peor aún, desconocen la estafa que esos empresarios efectuaron sobre el Banco Nación al calor de un gobierno corrompido hasta sus entrañas y comprometido en el saqueo del patrimonio nacional.

El mismo Banco Nación que se encuentra en cada localidad de nuestro país, siendo la única banca cuando el nivel de población no permite ganancias desmedidas a la banca privada, que se ausenta de esas zonas. Los productores, chacareros, hombres y mujeres del interior del país, viven al calor de la banca pública, la misma que fue violada por empresarios que no dudaron en poner en peligro el mismo funcionamiento de esa entidad, por el nivel impagable que generaron con complicidades de autoridades. Sin embargo esos compatriotas salieron a defender a los corruptos que pusieron en riesgo su Banco y sus alimentos, criticando a quienes los defienden a ellos y al patrimonio nacional que son los bienes, evitando su extranjerización y el trabajo argentino.

Síndrome de Estocolmo se llama esta situación de coloniaje cultural, más allá de que la empresa haya hecho, en su historia por la zona, sin dudas, desde sus fundadores, innumerables acciones destinadas al bien común, que las futuras generaciones - dueños actuales- malversaron. Pero así como ponen en riesgo el Banco Nación, encuentran al sistema de Salud desmantelado, arrasado en pos de una lógica de lucro, que genera clínicas y sanatorios privados que se esconden en su mayoría a la hora de enfrentar las crisis sanitarias.

Un sistema que abandonó el Plan Remediar, que dejó a los niños sin vacunas, que impidió la terminación de obras casi listas de nuevos centros asistenciales, pero que a la hora de la Pandemia, es reclamado como si fuese una herramienta aceitada de un país virtuoso, cuando fue escaldado por el neoliberalismo, que quienes cacerolean ante cada medida del gobierno nacional, suspiran ahora por un respirador, si les toca el virus. Es la hipocresía social la que se levanta en cada hecho político, alimentado por las usinas del odio, cuya explicación no sólo es nacional –antinacional, son negocios sucios de las cloacas de una democracia, intrusada por el mercantilismo del lucro voraz.

Tendremos país mañana entonces, si recuperamos esa capacidad de maniobra y decisión política, que sólo otorga la construcción permanente de Soberanía, en un país que tiene comida para 400 millones de personas y naturaliza que existan 5 millones de argentinos con hambre. Soberanía alimentaria no es una entelequia ni una utopía, es un reclamo de la hora, como lo es la Soberanía sanitaria, elementos claves en la construcción de un modelo social solidario y justo, que privilegie los intereses del pueblo y de la Patria, antes que los mercaderes del dolor que apuestan al Mercado como ordenador social.

El gobierno nacional y popular, avanzará en los resortes necesarios para esa construcción, pero necesitará de la Comunidad Organizada dispuesta a dar la batalla que generará la confrontación con intereses concentrados desde hace décadas y una cultura dominante del coloniaje.

(*) PRIMERO LA PATRIA  www.lapatriaestaprimero.org  CABA, 13 de junio de 2020

Declaración de sindicatos y movimientos sociales: movilización a la Bolsa de Comercio de Rosario

"Apoyamos la Intervención y Proyecto de Expropiación de Vicentin"

Nos manifestamos a favor de la reciente decisión del Gobierno Nacional de intervención de la empresa agroexportadora en concurso de acreedores Vicentin oriunda de nuestra provincia y el envío al Congreso de la Nación del correspondiente proyecto Ley para su expropiación de la empresa. Estas medidas son trascendentes y estrategias principalmente y prioritariamente para preservar y garantizas todos los puestos de trabajo que se ven amenazados por la quiebra y el desguace del principal grupo económico en nuestra provincia. En este sentido es fundamental que la intervención evite se continúe con las maniobras de vaciamiento que empeoran las condiciones de los trabajadores y trabajadoras, así como también de pequeños productores y las cooperativas agropecuarias. En tanto la expropiación permitirá evitar la extranjerización y la concentración del comercio exterior de granos. A su vez pedimos a la justicia avanzar con las investigaciones por la malversación de fundos públicos llevados a cabo con la connivencia con el gobierno anterior en el otorgamiento de manera irregular de préstamos en perjuicio del Banco Nación principal acreedor. Así como también de las maniobras de elución impositiva, la cesación de pago a pequeños productores y cooperativas, así como también el incumplimiento convenio colectivo a los trabajadores y trabajadoras. Así como también que se considere trabajo desarrollado por la Comisión investigadora que so conformo en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa fe Y solicitamos a los Diputado y Diputadas, Senadores y Senadoras nacionales que representan a nuestra provincia en el Congreso Nacional, el apoyo y acompañamiento del correspondiente proyecto de expropiación. Apoyamos la Intervención y Proyecto de Expropiación de Vicentin Para impulsar la soberanía alimentaria Para la exportación de granos Para garantizar las fuentes de trabajo, Juicio y castigo a los lavadores que estafaron al país.

Adhieren y Firman: CATT – MOR – MULTISECTORIAL 21F – CTA AUTONOMA – CTA TRABAJADORES –SINDICATO N. Or. T. E. – SINDICATO GRAGADO Y BALIZAMIENTO – SINDICATO AMSAFE RSARIO – SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES DE ROSARIO – SINDICATO ACEITEROS – SINDICATO RECOLECCION Y BARRIDO – SINDICATO LA BANCARIA – UNION FERROVIARIA – LA FRATERNIDAD – SINDICATO DE CHOFERES DE CAMIONES DE SANTA FE- FEDERACION DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS – CENTRO DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS PLITICA Y y RRII – UNR – SINDICATO SIPRUS – SINDICATO COAD – SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES PEAJES SUTPA – SINDICATO UOM ROSARIO –SINDICATO UTCA – SINDICATO SUPDE – SINDICATO UECARA- SINDICATO SUYCA – SINDICATO DE TRANSPORTE PRIVADO - FUNDACION ALAMEDA – CENTRO CULTURAL LA TOMA – MOVIMIENTO EVITA – UTEP – SOMOS – CCC – PTP.

NOS CONVOCAMOS CON NUESTRA BANDERA ARGENTINA EN LAS ESCALINATA DE LA BOLSA DE COMERCIO el día VIERNES 19 DE JUNIO 2020, A LAS 11 30 HS. PARA MANIFESTARNOS A FIN DE PROTEGER LOS PUESTOS DE TRABAJOS, PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES DE NUESTRO PAIS Y LOS RECURSOS ECONOMICOS QUE DEBEN QUEDAR EN LA ARGENTINA.

 

“EL BIEN PUBLICO ESTA EN TODOS LOS INSTANTES ANTE MI VIDA”

Manuel Belgrano