La trampa de las Leliq. El sistema financiero manda. Por Horacio Rovelli (*)

Los fondos de inversión acreedores del país y los grandes bancos locales controlan y subordinan. Uno de sus instrumentos: los pasivos del Banco Central. Una enorme masa de recursos con la que embolsan formidables ganancias sin arriesgar y que el gobierno podría destinar a reactivar la economía y mejorar las condiciones de vida de amplios sectores de la sociedad.

El capitalismo financiero se caracteriza por el predominio de los fondos de inversión y las entidades financieras en el mapa de la economía mundial. Su actividad es centro y nexo de decisiones que condicionan a sus deudores, ya sean personas, empresas o gobiernos. Controla y subordina, al punto tal que muchas empresas que producen bienes y servicios son de su propiedad. Ocurre aquí y en el mundo.

La mejor demostración de su poder sobre nuestro país y su presente es BlackRock, el principal acreedor privado de la Argentina con títulos públicos por más de 2 mil millones de dólares, la mayoría emitidos bajo ley extranjera. Además es accionista de importantes empresas locales, pero fundamentalmente de los cuatro primeros bancos por volúmenes de depósitos. Los mayores poseedores de títulos de deuda del Tesoro en pesos y de las Letras de liquidez (Leliq) [1] y pases pasivos del Banco Central (BCRA).

A la condición descripta debe sumarse que BlackRock administra activos en todo el mundo por más de 6,5 billones de dólares -casi 20 veces nuestro PIB-. De ser un país, se ubicaría en el tercer lugar, detrás de Estados Unidos y China, pero sin tener que mantener un ejército ni programas de salud y educación. Es la razón por la que su Ceo, Larry Fink, tiene una clara influencia sobre el FMI y el gobierno estadounidense.

La situación Argentina es compleja. Cambiemos endeudó al Estado nacional por más de 100 mil millones de dólares. Del total, unos 45 mil 400 millones es deuda contraída con el FMI. Una parte, 24 mil millones, se empleó para pagar pasivos anteriores y 86 mil 200 millones se fugaron, según el Informe “Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” del BCRA. Y acá está el centro del problema: las que fugaron son empresas en las cuales los fondos de inversión tienen el control accionario, o bien una importante participación. Otras son propiedad de los ricos de siempre: los Magnetto (Clarín), los Arrieta Blaquier (Ledesma), los Bulgheroni (Pan American Energy), los Pagani (Arcor), los Rocca (Techint), los Elsztain (IRSA) y los Urquía (Aceitera General Deheza), por mencionar algunos de los casos emblemáticos.

Un ejemplo. Las dos principales empresas que compraron dólares para fugarlos durante el gobierno de Cambiemos fueron Telefónica Argentina y Pampa Energía. En ambas tiene participación BlackRock. La primera adquirió 1.248 millones. La segunda, casi 904 millones. Ninguna declaró ni pagó durante el período impuestos a las ganancias por esa magnitud. La Afip, sin embargo, no les pide cuentas. Y no se trata de que las compras fueran ilegales, siempre y cuando se pueda explicar el origen de los fondos. Esa es la razón por la cual no se las investiga. La misma razón por la que el grupo de acreedores de la deuda externa que lidera BlackRock aceptó que el capital se amortice desde el segundo semestre de 2024. Lo mismo hará el FMI. Le concederá al país tres o cuatro años de gracia a cambio de que no se investigue a los que compraron dólares que se fugaron. Se podría argumentar que los 86 mil 200 millones los adquirieron casi 7 millones de personas y empresas. Tan cierto como que los 100 primeros fugadores se llevaron nada menos que 24 mil 679 millones. Ninguno registró en esos cuatro años ganancias suficientes para que justifiquen compras de tales magnitudes. Se trata de una minoría parásita y rentista que se enriquece y saca dólares del país que, seguramente y en una parte importante, son administrados por BlackRock o algún otro fondo acreedor [2]. Los principales interesados en que el gobierno de Alberto Fernández acepte el acuerdo que quiere imponer el FMI. Les garantiza no devolver un solo dólar y, como si fuera poco, que la deuda la pagará el conjunto del pueblo argentino.

Lo dijo Nicolás Avellaneda en 1880: “…millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos de nuestra fe pública en los mercados extranjeros”. En medio de la segunda ola del Covid-19, el gobierno optó por no implementar una cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Unos 90 mil millones de pesos que, como las tres rondas sí desembolsadas, hubieran sido una ayuda para los desocupados y quienes no podían trabajar por las restricciones sanitarias. Tampoco, por ejemplo, se optó por incrementar el monto del Plan Potenciar Trabajo, que abarca a 870 mil trabajadores [3] y que de llevarse a 55 mil pesos mensuales (el costo de una Canasta Básica Total) permitiría -haciéndose cargo el Estado nacional de los materiales- construir unas 260 mil viviendas por año. Sin embargo, el gobierno le reconocerá a los bancos hasta fin de año acreencias por unos 700 mil millones de pesos por las Leliq y los pases pasivos. La suma de ambos activos financieros alcanza ya los 3,9 billones de pesos y la tasa efectiva que les paga el Banco Central promedia el 40 por ciento anual.

Para poner en pie a la Argentina real se debería utilizar ese recurso, hoy inmovilizado, cuando en realidad son depósitos del conjunto de la sociedad que los grandes bancos usan sin riesgo alguno. ¿Opciones? Las hay. Por ejemplo, destinarlos a la construcción de viviendas populares mediante los planes de auto construcción, una actividad que no requiere insumos importados y que, además, funciona como un importante multiplicador de la producción local. Incluso se podría financiar un vasto plan de obra pública para generar empleo y reactivar la economía, al tiempo que se avanza con las imprescindibles inversiones en infraestructura. Incluso así quedarían recursos para seguir asistiendo a quienes se beneficiaron con el IFE, pero también a los trabajadores, jubilados y pensionados que perciben remuneraciones menores al costo de una Canasta Básica Total.

¿Qué hace el gobierno, además de pagarle a los bancos por esos fondos inmovilizados? Crea un “festival de bonos” que la Secretaria de Finanzas coloca entre las entidades del sistema y los fondos comunes de inversión mediante licitaciones periódicas en busca de financiamiento en el mercado local. El camino, sin embargo, es el contrario. El gobierno marcha a contramano. Premia a los grandes jugadores financieros locales e internacionales, cuyo máxima expresión es BlackRock.

Nada más alejado de lo que se necesita: un Estado presente que asuma los riesgos que el capital financiero no asumirá. Y lo que es peor, como la economía no crece, la rentabilidad financiera se fuga y los pasivos financieros del BCRA se disparan porque la entidad no puede pagar los intereses, que en definitiva se capitalizan. Una bomba que de no haber un cambio de rumbo se agigantará hasta que, agotado el tiempo, termine estallando.

(*) Economista egresado de la UBA.Docente UBA en Económicas y Sociales.

Notas

[1] Son préstamos de los bancos al BCRA de uno a seis días de plazo. Los cuatro bancos privados más grandes en la Argentina actual son Santander-Río; BBVA; Galicia; y Macro y en los cuatro BlackRock reconoce tener parte del capital accionario.

[2] Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.

[3] El Ministerio de Desarrollo Social aumentará el Plan Potenciar Trabajo a $14.040 desde agosto de 2021. El monto del Plan Potenciar Trabajo equivale al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Banco Central y política monetaria La cara oculta de la emisión. Por Horacio Rovelli (*)

La gestión del Banco Central no se traduce en más y mejores planes sociales. Tampoco en asistencia financiera a la producción y a los hogares. El esfuerzo lo capturan los grandes bancos. El círculo vicioso de las Leliq, tasas estrafalarias, el déficit cuasi fiscal y un riesgo adicional: Templeton, Pimco, BlackRock & Cia. Al contrario de lo que se sostiene comúnmente, el principal destino de la emisión monetaria no es el financiamiento del déficit fiscal, menos aún la asistencia a la población en planes sociales, sino la impresión de billetes básicamente para sostener el pago de los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central.

Las famosas Letras de Liquidez (Leliq) y los llamados Pases Pasivos [1]. Estas erogaciones han tenido un fuerte aumento desde el inicio de la gestión de Alberto Fernández.

En un año y medio, los diez bancos privados locales más grandes aumentaron sus ganancias gracias a los altísimos intereses que les paga el BCRA por captar depósitos y convertirlos casi en su totalidad en Leliq o en Pases Pasivos. Según el balance de la entidad, la evolución de la asistencia del BCRA al Tesoro Nacional fue hasta el 2 de junio pasado relativamente limitada y compensada financieramente en la práctica por el señoreaje [2] de las reservas internacionales. Veamos:

) Los Adelantos Transitorios al Tesoro Nacional aumentaron entre el 1° de enero y el 2 de junio pasados en 190.000 millones de pesos. Pasaron de 1.260.450 a 1.450.450 millones.

b) En ese período, el Patrimonio Neto del BCRA se incrementó en la misma proporción: unos 192.600 millones de pesos. Pasó de 1,38 a 1,57 billones entre fines de 2020 y el 2 de junio de 2021. Conclusión: el aumento de los Adelantos Transitorios del BCRA en los primeros seis meses de este año fue compensado por el incremento del Patrimonio Neto de la entidad. Si tomamos la emisión monetaria desde el comienzo de la gestión del actual gobierno debemos también ponderar el giro de las utilidades del BCRA, que son recursos corrientes y no deuda de la Administración Central, y como tal son considerados en el Presupuesto Nacional.

De allí se deriva que el aumento en los Adelantos al Tesoro fue del 83 por ciento. Pasó de 792.730 a 1.440.450 millones entre el 30 de diciembre de 2019 y el 2 de junio de 2021. Un monto que no es muy superior a la inflación acumulada en el mismo período.

De esto se concluye que, en términos de los saldos monetarios reales, no hubo una mayor emisión para financiar al Tesoro nacional. Lo dicho: se emite para pagar los intereses de las Leliq y los Pases Pasivos. PAGAR PARA QUE NO PRESTEN

economista Héctor Giuliano de la CTA Autónoma nos recuerda un apotegma: “Un Banco Central puede cobrar intereses, pero nunca debe pagar intereses”. En la Argentina, sin embargo, con la Cuenta de Regulación Monetaria de Martínez de Hoz y Adolfo Diz, en dictadura y hasta nuestros días, el BCRA sigue pagando a los bancos intereses por no prestar; esto es: para que queden inmovilizados. En otras palabras: lo que eran encajes remunerados devinieron en letras remuneradas. ¿Por qué? La razón es sencilla. Si el BCRA no operara de esta forma, los bancos en lugar de captar depósitos y prestárselo al BCRA harían funcionar el sistema ilegal de interconexión con el mercado negro mediante las llamadas “cuevas de dinero”.

depósitos se convertirían a dólares a un precio creciente y sin techo. Un mecanismo que opera como una amenaza automática sobre toda la estructura de precios internos en una economía subordinada a la depreciación de nuestra moneda. Este es el motivo por el cual la denominada “deuda cuasi fiscal” del BCRA, generada por los Pasivos Remunerados de la entidad, no paró de crecer durante la actual gestión del BCRA, lo que resultará en un déficit cuasi fiscal igual o mayor que todo el déficit fiscal de la Administración Pública estimado en el Presupuestó 2021. Veamos. Al 30 de diciembre de 2019, la suma de Leliq y Pases Pasivos era de 1.185.108 millones de pesos.

El equivalente a 18.811 millones de dólares al tipo oficial de esa fecha ($ 63 por dólar). Al 2 de junio de 2021, la esterilización por Leliq y Pases Pasivos había ascendido a 3.594.259 millones de pesos. El equivalente a 35.943 millones de dólares ($ 100 por dólar). Por lo tanto, el aumento de la deuda cuasi fiscal del BCRA por Pasivos Remunerados (Leliq + Pases Pasivos) alcanzó 2.409.141 millones de pesos durante la actual gestión. El equivalente a 17.132 millones de dólares. Se trata de dinero que no se vuelca al proceso productivo y se sigue acumulando a voluntad de los grandes bancos, que son sus poseedores.

¿Cuánto ganan los bancos? Las Leliq son instrumentos a 7 días de plazo y devengan un interés del 38 por ciento nominal anual [3]. Los Pases Pasivos son a 1 solo día de plazo y pagan el 32 por ciento nominal anual. Esos rendimientos, al renovarse las colocaciones con cada vencimiento, crecen a una tasa del 45 por ciento efectiva anual. Por lo tanto, al renovarse esta deuda para evitar que los pesos regresen al mercado y se pasen a dólares, el BCRA pagará durante este año intereses por un monto superior a 1,5 billón de pesos.

mencionado déficit cuasi fiscal de la entidad. Una suma mayor, inclusive, a los 1.453.686 millones de pesos estimados como déficit de la Administración Nacional en el Presupuesto 2021. El gobierno, mientras tanto, frena los planes sociales y pisa el gasto público en medio de la segunda ola del Covid 19 para no superar el déficit fiscal presupuestado, pese a que la inflación anual será superior al 29 por ciento estimado. Sin embargo, no muestra la misma severidad en su política monetaria, política que no genera créditos para la producción, el trabajo y el consumo [4], pero que sí paga generosa y religiosamente a los bancos las inmovilizaciones en Leliq y Pases Pasivos.

TEMPLETON, PIMCO, BLACKROCK &CÍA, UN RIESGO ADICIONAL

El riesgo inflacionario y devaluatorio que acarrea el aumento en la deuda cuasi fiscal hizo que el BCRA y el Ministerio de Economía comenzaran a evaluar alternativas. La idea: que la deuda contraída por el BCRA con los bancos empiece a migrar hacia títulos públicos emitidos por el Tesoro Nacional. Es por esa razón que la entidad, mediante la Comunicación “A” 729, habilitó a los bancos a convertir parte de los encajes que tienen en Leliq en bonos del Tesoro en pesos con una duración mínima de 180 días.

intención es llevar mayor liquidez al mercado de deuda pública, dados los abultados vencimientos de títulos emitidos en moneda local por el Tesoro Nacional, obligaciones que superarán hasta diciembre próximo los 900.000 millones de pesos. Hoy, los bancos pueden cumplir con los requisitos mínimos de liquidez que establece el BCRA con los depósitos en cuenta corriente, las Leliq y un bono en pesos a una tasa fija del 22 por ciento que vence en mayo de 2022. Según el BCRA “estará en las decisiones de cartera de las entidades financieras hacer o no uso de esta opción que diversifica la composición de sus activos” [5]. En síntesis: si bajara mucho el nivel de rollover de los bonos del Tesoro – es decir: de la renovación de los títulos viejos por las nuevas colocaciones – será necesaria una mayor emisión para asistir a la Administración Nacional, que debe sí o sí incrementar sus gastos por la pandemia.

Hay un peligro adicional. Los vencimientos de los títulos en poder de las inversoras estadounidenses PIMCO y Franklin Templeton, dos fondos que no pudieron salir de los títulos públicos en pesos. Y no se trata solo de la magnitud, sino también de la forma de actuar que tienen. Si se desprendieran de la totalidad de esos títulos que poseen en cartera se produciría un efecto “Puerta 12”. El Gobierno nacional, entonces, debería renegociar permanentemente para que una parte la siguieran renovando. En ese tablero aparecen otros jugadores.

Los grandes bancos privados. BlackRock reconoce tener participación en cuatro de ellos: los españoles Santander y Bilbao Vizcaya Argentaria, y los locales Macro y Galicia. De estas entidades depende el BCRA para renovar cada siete días sus tenencias de Leliq y todos los días los Pases Pasivos, esto en un contexto en el que las reservas brutas del BCRA eran de 42.066 millones de dólares a principios de junio, pero las de libre disponibilidad una suma cinco veces menor.

La fragilidad se potencia con las inconclusas negociaciones por las deudas y los vencimientos con el FMI y el Club de París. Ambos tienen un objetivo: que la Argentina acepte sus condicionalidades. Los ajustes fiscal y del consumo interno para aumentar los saldos exportables a costa de disminuir el nivel de actividad. Una dinámica que no genera empleo y alimenta el circuito perverso de pobreza y exclusión, como el que hemos vivido con los planes de Martínez de Hoz, Sourrouille, Cavallo y Cambiemos. Ajustes que no estuvieron exentos de crisis cambiarias como las ocurridas en 1980, 1982, 1989, 1995, 2001 y 2018. CINCO

MEDIDAS PARA ROMPER EL CHANTAJE

No hay forma de salir del circulo vicioso de pagarle a los bancos para que no presten a la producción y al trabajo, pero tampoco de la maraña a la que nos somete la deuda y la permisiva legislación heredada de la dictadura y perfeccionada en los ‘90, si el Estado no toma decisivas y planificadas medidas que, en conjunto, permitan construir una salida diferente al permanente ajuste al que nos llevan Templeton, Pimco, BlackRock & Cia.

Las medidas deben, básicamente, ser:

1) Auditar a los grandes compradores de dólares de los cuatro años de la gestión de Cambiemos en base al informe del BCRA “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” para que expliquen cómo pudieron adquirir divisas y si no declararon ganancias por las sumas que compraron.

2) Decretar la Emergencia Cambiaria anulando el Decreto 893/2017 y, de esa manera, restablecer el Decreto 2581/1964. 3) Transformar el stock de Leliq en otro activo remunerado a un plazo de 1 año y a una tasa mensual variable similar a la tasa pasiva promedio y, en forma paralela y paulatina, ir liberando en cuotas la nueva tenencia para que de este modo – y a una tasa regulada y administrada por el BCRA – el enorme stock de Leliq se transforme en financiamiento para las familias, las Pymes y el Estado.

(3) Fortalecer la capacidad del BCRA para regular el crédito, captar fondos y controlar el sistema financiero. La principal actividad de los bancos debe orientarse a facilitar el acceso al crédito. Por esta razón se les debe exigir mantener una relación cifrada en el 5 por ciento entre el capital y el monto de los depósitos recibidos y otras obligaciones a su cargo. De este modo, las entidades aumentarán su capital si el volumen de las operaciones así lo justifica.

5) Restablecer el Art. 6to de la Ley 20.840 de 1974 – comúnmente denominada de “Subversión Económica” – que, básicamente, preveía cárcel y multa para los comportamientos que afectaren el patrimonio o los bienes de capital de un establecimiento. La norma, además, consideraba como agravantes los casos en que se produjera desabastecimiento de bienes o servicios de uso común y estafas; o bien el cierre, la liquidación o la quiebra de empresas, como así también en los casos en que el accionar produjera un perjuicio para la economía nacional.

De no tomarse estas drásticas medidas, Templeton, Pimco, BlackRock & Cia. nos llevarán a nuevos “golpes de mercado”, degradando todavía más el nivel de vida del pueblo argentino.

NOTAS

[1] La Letra de Liquidez del Banco Central (Leliq) es como un bono, o un préstamo que toma el Banco Central con las entidades del sistema. Aparecieron en enero de 2018, pero tomaron especial relevancia desde octubre de ese año. En los Pases Pasivos, el BCRA vende al contado un título a los bancos y recibe efectivo para luego recomprar el título a un precio superior que incluye una tasa de interés.

[2] El señoreaje surge porque las reservas brutas son en oro y divisas, tenencias que se valorizan al depreciarse nuestra moneda. Durante el actual gobierno, en el caso de las divisas, la revalorización fue del 61,25% al pasar a precio del dólar de 62,25 a 100 pesos entre el 10 de diciembre de 2019 y el 2 de junio de 2021.

[3] Al 2 de junio 2021, las Leliq en poder de los 13 bancos oficiales representaban el 38% del total (unos 760.000 millones de pesos). El resto estaba en manos de bancos privados (unos 1.240 mil millones de pesos).

[4] Se ubica en al 11% del PIB. El porcentaje más bajo de toda la historia monetaria del BCRA.

[5] Al mismo tiempo y a los efectos de garantizar que los requisitos integrados tengan liquidez, se estableció un mecanismo específico por el cual los bancos, en caso de ser requerido, pueden vender al BCRA los bonos que hayan comprado para integrar los encajes. Es decir: el BCRA garantizará que será contraparte compradora si una entidad necesita deshacerse de esos papeles.

(*) Economista egresado de la UBA. Profesor y periodista.

¿Quién paga la cuenta por el desastre? Por Sergio Rodríguez Gelfenstein (*)

 A mi amigo y hermano nicaragüense Luis Armando Guzmán (El Chiri) que se nos fue antes de tiempo, dejándonos para siempre su espíritu noble, combativo, fraterno y solidario.

Mucho más que una simple crisis coyuntural, el sistema capitalista se está confrontando a fallas de fondo en relación con las contradicciones que se generan en su fase imperialista monopólica.

La pandemia del Covid19 ha mostrado, como nunca antes, las costuras de la estructura de dominación mundial en las que los ciudadanos son simples espectadores que asisten al drama de su propio sacrificio en pro del sostenimiento del capital. Ante esto, los grandes centros del poder de Occidente se han abocado a la búsqueda de antídotos que permitan el tratamiento del mal no solo en lo inmediato de la crisis, sino sobre todo preocupándose de actuar hacia lo profundo del sistema. Pero como no se puede curar el cáncer con aspirina, se está recurriendo a terapias de shock para exterminar a quien consideran un virus maligno que ha penetrado en sus entrañas para desestabilizarlo.

Así, alejados de las potencias, varios de los países que se han esgrimido como modelo en la implementación de sistemas neoliberales de democracia representativa autoritaria y violenta, se desmoronan bajo el impulso de pueblos que acusan el cansancio ante una exclusión que los coloca en niveles infrahumanos de subsistencia. Son los casos de Yemen, Chile, Colombia y Palestina por solo citar algunos donde la crisis se torna más dramática. En los propios centros del poder mundial, los gobiernos se apresuran a tomar medidas que manifiestan la desesperación ante la necesidad de salvarse. En el discurso del presidente Joe Biden ante el Congreso al cumplirse cien días de su asunción a la más alta magistratura del país, se puso de manifiesto la necesidad de incrementar la inversión social “a tono con las más ortodoxas tradiciones del liberalismo demócrata” según el analista cubano Jesús Arboleya.

Al anunciar algunas medidas en este sentido, Biden pretendía dar respuesta a sectores cercanos a Bernie Sanders que tras la defección del senador, se vieron compelidos a apoyar al ex vicepresidente ubicado políticamente en las antípodas dentro de su partido. Según Arboleya, el problema que emana de estas propuestas viene dado por la capacidad de concretarlas. Las medidas que se inscriben dentro de una típica orientación keynesiana, refieren a lo que cada vez más analistas advierten en cuanto al interés de Biden por parecerse a su homólogo Franklin D. Roosevelt. Pero tal hecho recuerda que Roosevelt tuvo que responder de esa manera para enfrentar la que hasta ahora era considerada la mayor crisis en la historia de Estados Unidos: la ocurrida entre los años 1929 y 1933.

Esta situación da cuenta del tamaño de la crisis actual que atraviesa la potencia del norte. Entre las medidas tomadas más recientemente que están incluidas en un paquete que asciende a 1.8 billones de dólares, destacan –según Arboleya- “…planes multimillonarios de alivio a los efectos económicos de la pandemia y grandes inversiones estatales en la infraestructura civil, […] miles de millones de dólares para garantizar el acceso gratuito a universidades comunitarias, el cuidado infantil y mejoras en el sistema de salud, lo que se ha denominado como el Plan de la Familia Americana, a lo que se sumó la convocatoria a enfrentar problemas sociales relacionados con la equidad social, el racismo sistémico, los derechos de las mujeres, la protección del voto universal, el control de las armas, el cuidado del medio ambiente y un mejor trato a los inmigrantes”.

Este nuevo plan, se suma a uno anterior por 2 billones de dólares dedicados a infraestructuras, el cual se agrega a los 4,3 billones de dólares que se han destinado a acciones legislativas desglosados (3,8 billones) y administrativas (0,5) de los 6,8 billones comprometidos y a los 2,9 billones (de los 6 comprometidos) de la Reserva Federal, todo lo cual -de todas maneras- resulta insuficiente si se considera que el costo total de la pandemia en Estados Unidos es de 16 billones de dólares según lo señala Juan Torres López, economista español, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, citando a David M. Cutler y Lawrence H. Summers (The Covid-19 Pandemic and the $16 Trillion Virus). El problema del problema es, entonces, buscar los recursos para hacer realidad estas propuestas. En este sentido la administración Biden puede recurrir a la emisión inorgánica de dinero.

Más que más, ellos son los dueños de la maquinita que los fabrica y no tendrán inconvenientes en hacerlo, cargando de esa manera la salvación de Estados Unidos a todo el planeta. A esto se va a sumar otra opción encaminada a elevar los impuestos a los sectores más altos de la sociedad, los dueños del capital y las grandes empresas, lo cual podría contrariar a los millonarios y generar conflictos.

Pero, ¡oh sorpresa! Aunque se trata de aumentar los impuestos a los ricos del 20 al 40% no se ha conocido la menor oposición de su parte. Se dan cuenta que es eso, o iniciar el tránsito por la ruta del infierno, toda vez que no es posible sostener un país que se precia de ser la mayor potencia mundial con un ingreso mínimo de 8 dólares por hora de trabajo.

Por otro lado, en un escrito de Luis Casado ya citado en artículos anteriores, este analista chileno nos recuerda que Estados Unidos llegó a tener impuestos del 90% cuando disfrutaron de sus más altos niveles de crecimiento. Citando a “The History of Taxation in the USA”, Casado refiere que: “Para los años fiscales de 1944 a 1951, la tasa marginal máxima para el impuesto a la renta individual fue de 91%, subiendo al 92% para los años 1952 y 1953, y regresando al 91% para los impuestos de los años 1954 a 1963. Para el año fiscal 1964 la tasa marginal más alta para el impuesto a la renta fue reducida a un 77%, y luego al 70% para los años fiscales de 1965 a 1981”. También nos dice que últimos 6 presidentes en los 40 años transcurridos desde 1981 dieron continuidad a la disminución de la carga impositiva a los millonarios llevándola al 20%.

He ahí la razón, por la que -visto en perspectiva histórica- este “aumento” del 20%, en realidad significa una reducción de un 50%, todavía altamente ventajosa para incrementar ganancias. Los hechos recientes, sobre todo desde el inicio de la pandemia, así lo demuestran.

Alguien podría decir que Biden se volvió “socialista” tomando medidas típicas de los gobiernos de esa orientación, que asumen la prédica de una alta intervención del Estado en la gestión de la economía. Sin embargo, en el fondo, esta realidad es manifestación clara de la dimensión de las dificultades que aquejan al sistema, sin que ni siquiera los grandes capitalistas manifiesten preocupación por el “decrecimiento” de sus niveles de ganancia si son obligados por ley a asumir un mayor protagonismo para solventar los costos de la crisis.

 

(*) Consultor y analista internacional venezolano, graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, Mención Magna Cum Laude, y Magíster en Relaciones Internacionales de la misma casa de estudios. Doctor en Estudios Políticos por la Universidad de los Andes (Venezuela).

LA HERENCIA ODIOSA. La negociación con el FMI no puede afectar la reconstrucción ni la reindustrialización del país. POR JORGE ELIZONDO (*)

Desde hace casi medio siglo nuestro país parece destinado a vivir con el peso permanente del endeudamiento externo. Fue la dictadura cívico-militar la que realizó el trabajo sucio de convertir el endeudamiento en una enfermedad crónica que corroe desde entonces el organismo social y la vida de los argentinos. Los gobiernos constitucionales posteriores pudieron justificar el abandono de todo proyecto nacional de desarrollo autónomo con la supuesta imposibilidad de rehuir el cumplimiento puntual del pago de los “servicios de la deuda”. Otra solución –se nos viene diciendo desde 1983– es imposible. Ni siquiera la moratoria o la suspensión de los pagos como decisión soberana en función del desarrollo económico y social ha figurado en la agenda de los gobiernos constitucionales.

En muchas oportunidades se ha hecho referencia a la necesidad de respetar los compromisos contraídos por el Estado argentino aún durante la etapa de la dictadura, lo que implica negar toda ruptura y consentir la continuidad jurídica de la misma. La oposición al pago de la deuda encontraba por entonces su fundamento en la ilegitimidad de su origen: la deuda había sido contraída por una dictadura cívico-militar en beneficio del capital financiero internacional y de la gran burguesía terrateniente e industrial de nuestro país, y para que ello fuera posible impuso el terrorismo de Estado: la desaparición forzada de personas, las detenciones sin proceso, las torturas, las cesantías y la persecución política y gremial.

se trataba sólo de deuda pública, de empréstitos contraídos por el Estado, sino también de deuda privada de las grandes corporaciones que fuera convertida en deuda pública por la acción de un joven Domingo Cavallo, que hizo sus primeras armas como presidente del directorio del Banco Central de la dictadura.

HISTORIA DEL CRECIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA

el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 derroca a la entonces Presidenta María Estela Martínez de Perón, la deuda externa de Argentina era de 7.800 millones de dólares. Durante la dictadura cívico-militar, desde marzo de 1976 a diciembre de 1983, la deuda externa alcanzó los 45.100 millones de dólares (crecimiento del 364%). Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, de 1983 a 1989, subió a 65.300 millones de dólares (crecimiento del 44%). En los diez años de gobierno del recientemente fallecido Carlos Saúl Menem, de 1989 a 1999, aumentó a 146.219 millones (crecimiento del 123%). En 2001, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la deuda llegó a 153.000 millones (9% de aumento). En poco más de un año, desde enero del 2002 a mayo del 2003, período en que gobernó Eduardo Duhalde, la deuda tuvo un aumento del 35%, alcanzando los 180.000 millones de dólares. El gobierno de Néstor Kirchner comienza a partir del 2005 una política de desendeudamiento, continuada en el 2010 por Cristina Fernández de Kirchner. Se crea el Fondo de Desendeudamiento, permitiendo que parte de la deuda se pague con reservas del Banco Central sin necesidad de limitar los objetivos económicos y sociales en beneficio del pueblo argentino, principalmente los sectores más vulnerables. De esta forma, la Argentina llegó a reestructurar su deuda con el 92,4% de sus acreedores privados externos de Europa, Asia y Estados Unidos, pagando un 35% del valor de los bonos. Un 7,6% de los acreedores –que habían comprado en 2008 los bonos a un valor no superior al 20 o 25 %– no aceptó el canje de deuda. Una parte de los fondos buitre que se negaron a participar en la reestructuración (un 1,8%) optaron por iniciar juicio ante un Tribunal del Estado de Nueva York, a cargo de Thomas Griesa, quien ordenó pagar el 100%, sentencia confirmada por la Cámara de Apelaciones del Estado de Nueva York y por la Corte Suprema de Estados Unidos.

El gobierno macrista pagó a los fondos buitre, en efectivo, 12.500 millones de dólares (4.650 millones de dólares, la suma de 323.000 dólares por día en concepto de interés punitorio desde el 29 de febrero hasta el 14 de abril de 2016: 5.500 millones más, y los honorarios totales de los abogados, incluyendo hasta los del embargo de la Fragata Libertad, incidente que habían perdido). Esta verdadera rendición del país, su aprobación por mayoría en el Congreso y la derogación de las leyes 26.017 (ley cerrojo) y 26.984 (de pago soberano) significó “volver a los mercados” o “reinsertarnos en el mundo” según los voceros del gobierno neoliberal. En realidad, lo que se logró con esta humillante decisión fue volver a endeudarnos y asegurar la libre entrada y salida de capitales, aceptar el papel asignado de semicolonia exportadora de productos primarios (agropecuarios y mineros) y territorio libre para la especulación financiera. Quedaba abierto el camino hacia un nuevo endeudamiento con acreedores privados, y con el Fondo Monetario Internacional.

NEGOCIACIÓN CON EL FMI

Recordemos que la deuda pública aumentó 74.000 millones de dólares durante el macrismo, ascendiendo a 314.000 millones de dólares. El gobierno macrista siguió el mismo camino de la dictadura cívico-militar, de los gobiernos de Menem y De la Rúa (Plan Brady y Megacanje): “achicar el Estado para agrandar la Nación”, “volver a los mercados” (y a los organismos de crédito internacionales como el FMI), endeudarnos compulsivamente aunque no sea necesario. Contrajo una deuda de casi 45.000 millones de dólares, el préstamo más elevado otorgado en su historia por dicho organismo.

El gobierno de Alberto Fernández busca negociar con el Fondo Monetario Internacional un aplazamiento del pago del capital de esa deuda contraída en 2018. A tales efectos, se tratará de arribar a un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, según su sigla en inglés) a fin de postergar por diez años el pago previsto entre este año y 2023. En primer lugar, debe reconocerse que la deuda no fue contraída por una dictadura, sino por un gobierno elegido democráticamente. En segundo lugar, resulta evidente que esos millones de dólares no fueron destinados a modernizar la estructura económica del país, ni a paliar el déficit fiscal, sino que fueron fugados del país. Se ha dicho, en opinión que compartimos, que “el contralor de validez de un actor jurídico –como lo es toda contratación de un empréstito público– comporta el examen de hallarse satisfechos tres requisitos, a saber: a) competencia del órgano que dispuso contratar el empréstito; b) procedimiento adecuado conforme el orden jurídico de aplicación; y c) razonabilidad del contenido del acto jurídico”.[1] Las dos primeras condiciones se refieren al control de legalidad, la tercera al control de razonabilidad. Podemos afirmar que ninguno de dichos requisitos ha sido cumplido en este caso. Si bien es indiscutible que el Ejecutivo que la contrajo era formalmente legítimo, no es menos cierto que no hubo intervención alguna del Congreso de la Nación, sistemáticamente apartado del procedimiento de negociación y aprobación del acuerdo. En cuanto al requisito de razonabilidad del acto, es relevante destacar que tanto el endeudamiento con los acreedores privados como el contraído con el FMI no respondieron a necesidades o exigencias de planes de desarrollo y/o mejoramiento de la infraestructura o explotación de los recursos del país, ni para paliar el déficit fiscal. Por el contrario, la deuda fue destinada a la especulación, a la fuga de divisas en beneficio de los representantes del capital financiero y sectores económicos concentrados que controlaban el gobierno.

El ministro Martín Guzmán ha dicho respecto a la deuda con el FMI que “es un problema que se creó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad y sin involucrar al Congreso”. “Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada. Ahora hay que resolver este problema con responsabilidad y siempre teniendo el criterio que primero de todo está la gente”, destacó.

A su vez, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que el FMI ha violado sus propias normas al efectuar el préstamo y permitir que gran parte de los fondos salieran del país a través de una fuga de capitales. “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”, dice el artículo VI del Convenio Constitutivo del Fondo.

El propio FMI ha iniciado una auditoría interna sobre el crédito otorgado en un momento de grave crisis generada por las medidas económicas de sobreendeudamiento adoptadas por el gobierno macrista. El crédito acordado a la Argentina fue un tipo especial de acuerdo stand by de “acceso excepcional” equivalente a alrededor de un 1.110% de la cuota de nuestro país en el FMI. Uno de los criterios que exige el organismo es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable. En caso contrario, el organismo debería exigir al país una “reestructuración” como condición previa al otorgamiento del crédito.[2] Por todo lo expuesto creemos que desde el punto de vista de la validez de los actos jurídicos, existen serias razones para concluir que el acto de contratación de la deuda con el FMI se halla viciado de nulidad.

LA HERENCIA DE LA DICTADURA Y EL MENEMISMO

La historia de la deuda externa es la mejor prueba de que es una ilusión despegar la economía de la política, las negociaciones con el FMI de la necesidad de defender la soberanía política, la independencia económica y la sostenibilidad de la deuda. Son límites infranqueables para nuestro país en estas negociaciones. Es necesario tener en cuenta que para el capital financiero internacional y sus aliados locales existe un modelo de país que no puede ser modificado: nada que altere el concepto de Estado-gendarme debe existir. No se admite un Estado social, intervencionista, ni siquiera regulador. Ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario y la fabricación de vagones, ni los astilleros y las centrales hidroeléctricas son aceptadas como funciones propias del Estado.

Una de las más retrógradas derechas del mundo –la de nuestro país– sostiene, en nombre de la “propiedad privada”, que el comercio exterior y los puertos sigan en manos de los oligopolios exportadores de commodities sin control alguno de parte del Estado nacional. Con el discurso encubridor de “la defensa de la república”, sostienen una república formal sin democracia real, en realidad un fascismo de mercado, con falsas alternancias entre variantes conservadoras y social-liberales del neoliberalismo. Por eso la persecución política, mediática y judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y demás dirigentes y funcionarios del gobierno kirchnerista; la impunidad del espionaje macrista y la continuidad de los fiscales y jueces militantes del law fare.

Como dice el gran jurista italiano Ugo Mattei refiriéndose a las consecuencias de políticas destructivas del sector público encaradas en su país por los llamados “gobiernos técnicos”: “culpabilizar al sector público de la degradación de la calidad de vida ha sido una operación ideológica exitosa, pero costosísima en el plano económico y cultural (…) La respuesta prescripta por la Banca Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lejos de ser aquella razonable de reforzar el sector público restituyéndole prestigio, capacidad operativa e independencia de juicio, ha sido de signo opuesto: el ‘ajuste estructural’ impone el desmantelamiento, cortes, reducciones de personal. Este mismo reformismo de los despidos públicos está caracterizando el modelo ‘a la griega’ impuesto desde la Troika”.[3]

Cuando se duda o se desecha totalmente recrear una Junta Nacional de Granos, cuando se dejan los puertos en manos privadas, cuando se deja de lado la creación de una empresa estatal para la hidrovía y se llama nuevamente a licitación para que siga explotada por grupos privados, cuando gran parte de los servicios públicos privatizados en los 90 sigue en manos de corporaciones, cuando la principal siderúrgica del país es Techint –grupo al que el gobierno de Menem le entregó a precio vil la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) – y nadie habla de la necesidad de recrear una empresa similar, advertimos la sobrevivencia de la herencia económica, política e ideológica de la dictadura y principalmente del menemismo. Por eso creemos que no puede haber negociación posible si el Acuerdo de Facilidades Extendidas propuesto por el Fondo Monetario Internacional afectara las posibilidades de la reconstrucción del país, su reindustrialización e independencia económica, si el mismo –como ocurriera en el caso de Grecia– implicara la imposición de reformas laborales y la privatización total o parcial del sistema previsional, vulnerando los derechos de los trabajadores activos y pasivos y sectores del pueblo amparados por la Seguridad Social.

(*) Presidente de la Asociación de abogados laboralistas de Rosario.

1] Barcesat, Eduardo, “¿Honrar la deuda?”, Argenpress.info, 13 de enero de 2010.

2] “El FMI investiga, pero su pasado lo condena”, Página/12, 13 de febrero de 2021.

[3] Mattei, Ugo, “Contro riforme”, Giulio Einaudi editore, Torino, 2013, p. 104, traducción del italiano del autor.

 

Desaparecedores y fugadores. Por Carlos del Frade (*) Se viene el libro "Desaparecedores y fugadores", de Carlos del Frade investigador comprometido con la elucidación de las grandes claves de la dependencia nacional.

Vicentin, una historia de fraude, lavado, vaciamiento y delitos de comercio exterior (Anticipo) La historia de Vicentin sintetiza la evolución del capitalismo en Argentina en los últimos 92 años. Geografías que van desde el norte profundo santafesino, todavía desgarrado por el ecocidio de La Forestal, hasta las inimaginables postales de los paraísos fiscales, la banca suiza, las islas Vírgenes o las offshore panameñas.

Desde el mítico origen de un par de hermanos italianos que fundan un almacén de ramos generales muy cerca de la frontera con el Chaco en los tiempos de la Gran Depresión a los favores recibidos durante las dictaduras. La desmotadora de algodón, la producción de aceite, el manejo de los puertos, la internacionalización de la firma y la financiarización de los negocios.

De una facturación de 4000 millones de dólares a una deuda de 1350 millones de dólares. De un patrimonio neto de casi 500 millones de dólares a menos de 60 millones de dólares. 16 empresas conforman el grupo Vicentin pero solamente se considera una sola, Vicentin SAIC, la que quedó en el concurso de acreedores abierto en febrero de 2020 luego de la declaración de estrés financiero, la cesación de pagos.

En 2009, Vicentin estaba en el puesto 29 entre las 1000 empresas que más facturaban en Argentina. Diez años después, en el número 7. La empresa que más creció durante el macrismo. En ese período, entre 2015 y 2019, Vicentin fue para el gobierno de Macri lo que los frigoríficos fueron para la Década Infame y que luego fuera denunciado por Lisandro de la Torre en el Senado de la Nación y que terminara con el asesinato de Enzo Bordabehere el 23 de julio de 1935.

Lavado

En esos cuatro años, Vicentin SAIC fue vaciada y las acciones, los dineros y las empresas fueron derivadas a Vicentin Family Group, en Uruguay. La ruta del dinero terminaba en guaridas fiscales, como dicen los fiscales que investigan. Vicentin, con más de 90 años, desde adentro y desde afuera, fue utilizada para fugar capitales, lavar dinero, subfacturar exportaciones, sobrefacturar importaciones y liberar los puertos de acuerdo a los intereses de las empresas que apenas son inquilinos de estos lugares estratégicos y vitales para el corazón de la economía.

Vicentin fue el lavadoducto del macrismo. Veintisiete personas, ocho de ellas directivos de las empresas y diecinueve integrantes del Banco Nación y del Banco Central, entre agosto de 2019 y enero de 2020, a través de 1418 transferencias bancarias, le robaron al pueblo 791 millones de dólares. Eso ya está comprobado en las causas penales que se mueven en forma paralela al extraño y curioso concurso preventivo de acreedores. Por eso, más allá de las movilizaciones que se generaron en defensa de Vicentin y la propiedad privada bajo la consigna “Todos somos Vicentin”, los 28 créditos otorgados en noviembre de 2019 a los directivos de la empresa más las permanentes acusaciones surgidas de las investigaciones penales fueron generando una conciencia distinta: se puede defender la empresa pero no se pueden defender delincuentes de guante blanco. Entendemos que es imprescindible tomar nota de que Vicentin, de la mano del macrismo, fue la expresión más genuina de la financiarización de la economía. La subordinación de la producción a los dictados de los grandes bancos internacionales.

Desaparecedores y fugadores es la síntesis que no solamente sirve para calificar a las empresas del grupo surgido en Avellaneda, el norte santafesino, sino a gran parte del gran capital de la Argentina. Además, detrás de Vicentin, entonces, hay tres temas estructurales de la Argentina: tierras, puertos y bancos. * ¿Quiénes se favorecen con la riqueza de la tierra cada vez más concentrada en pocas manos?. * ¿Qué entra y qué sale por los puertos? * ¿Por qué la democracia argentina, a punto de cumplir 38 años, sigue funcionando con la Ley de Entidades Financieras de la dictadura?

 

Fortuna

Hacia el 2019, Vicentin era la primera exportadora de cereales y derivados de la Argentina y, en forma paralela, la revista Forbes ubicaba a la familia compuesta por casi 130 integrantes, que se reparten en los clanes Vicentin, Buyatti, Padoán, Nardelli y Boschi, ocupaba el puesto 29 entre las 50 mayores riquezas del país. Su fortuna estaba valuada en 560 millones de dólares. Cuando se declaró la cesación de pagos el 4 de diciembre de 2019, los principales acreedores particulares eran integrantes de la gran familia Vicentin. El conglomerado, hoy al borde de la quiebra, tiene un grupo de trabajadores que llega casi a 30 mil familias de manera indirecta, de acuerdo a lo que publica la propia página de la empresa Renova. Según los números de sus directivos, 5 mil puestos de trabajo estable, aunque en los últimos informes hablen de menos de 1300 empleados. Aunque la deuda con el Banco Nación sea de 300 millones de dólares, fueron 791 millones los que los directivos de la empresa se llevaron de la entidad entre agosto de 2019 y enero de 2020. Ese dinero tiene que ser devuelto al pueblo argentino para terminar con las nuevas versiones de Estado bobo y cómplice y también para que alguna vez vayan a la justicia los delincuentes de guante blanco.

Puertos

 

También queda abierta la necesaria investigación sobre lo que entra y sale por los puertos. La desarticulación del Senasa, a partir de varias resoluciones del macrismo desde enero de 2016, facilitó la subfacturación de exportaciones, la sobrefacturación de importaciones y también generó la multiplicación de denuncias sobre envío de sustancias ilegales y la recepción de armas en distintos lugares de la Argentina.

Empresas del grupo se hicieron cargo durante años de las terminales portuarias de Rosario y Reconquista. Lugares que luego fueron motivo de noticias policiales a lo largo de las últimas dos décadas. La rutilante aparición del grupo Glencore, denunciado por distintos delitos en diferentes países del mundo, que van desde el lavado de dinero, el contrabando, la contaminación ambiental y la violación a los derechos humanos y laborales, marca una de las consecuencias de lo que puede generar la desaparición de Vicentin.

 

Algunos de nosotros insistimos en hacer de Vicentin una empresa pública no estatal, con participación de los trabajadores, las cooperativas y los productores en su directorio, junto a un Estado ágil y al servicio de los intereses de las grandes mayorías, la producción y el empleo.

(*) Periodista y diputado provincial de Santa Fe.

El foro Davos quiere “reiniciar “la economía y muchos nos preguntamos si se trata de reformar o de cambiar. Emparchar para seguir igual con más de lo mismo, no parece ser la solución a la desigualdad. La financiarización de la economía asimila el concepto de riqueza al de que haya más ricos, produciendo una concentración en pocas manos, no tanto de empresas sino de papeles. Bonos de deuda, activos financieros. También se confunde a la timba financiera que acrecienta valor y no genera trabajo, con auténtico crecimiento económico. Una forma de limitar la concentración es el cobro de impuesto a los más ricos. De eso hablan pocos actores en el mundo del poder económico concentrado, entre ellos un historiador invitado, al Foro anterior (Video adjunto); un millonario norteamericano hace poco (Morris Pearl, presidente de Patriotic Millionaires quien pidió hace poco que Estados Unidos "siga el ejemplo" de Argentina y cree impuesto a la riqueza) En la Argentina es difícil encontrar este tipo de opiniones, las fortunas son protegidas de este tipo de pensamiento en los grandes medios. En esta última campaña electoral de USA la precandidata demócrata a la presidencia Elizabeth Warren insistió pormenorizadamente dando datos, en esa herramienta para promover la igualdad social(Ver sitio Warren democrats). Mientras tanto, los pueblos impulsamos la contra hegemonía con modelos alternativos y organizaciones del tipo Foro Social Mundial, o la Economía de Francisco.

GOBERNAR. Por Horacio Rovelli (*)

La restricción externa argentina es autoinducida: 155.000 millones de dólares de superavit comercial evaporados

 

La economía presenta tres grandes cuentas, la Balanza de Pagos, el Balance del BCRA, y el Presupuesto de la Administraciones públicas, es más, las tres contabilidades se compilan en la Argentina desde 1956 de acuerdo al Manual del FMI, por eso es relativamente sencillo a cualquiera de sus técnicos interpretar rápidamente la situación local.

En primer lugar, las relaciones de nuestro país con el exterior nos demuestran que no se tiene un problema de restricción externa clásico, esto es, no necesitamos que crezcan las exportaciones para que la economía lo haga en forma sostenida y compatible con la balanza comercial. De hecho desde 2003 hasta los últimos datos oficiales a septiembre de 2020, se acumuló un superávit comercial total (las exportaciones superaron a las importaciones) de 155.746 millones de dólares, que es una suma significativa en cualquier lugar del mundo. El problema real es que esa suma se fuga casi en su totalidad, es más, no solo se fuga ese superávit comercial, sino que incluso se endeuda al país pero no para hacer obras de infraestructuras, para construir viviendas, para hacer puentes, caminos represas, tener nuestra propia marina mercante o una suficiente red ferroviaria, sino para que una minoría fugue capitales al extranjero. La Argentina es un importante exportador de alimentos, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario el nodo portuario del Gran Rosario, que abarca al complejo industrial oleaginoso y portuario que en 70 kilómetros de costa sobre el Río Paraná que van desde la localidad de Timbúes (al norte) y hasta Arroyo Seco (ubicada al sur de la ciudad) y donde se encuentran localizadas unas 31 (treinta y uno) terminales portuarias que operan distintos tipos de cargas, de las cuales unas 21 (veintiuno) despachan granos, aceites y subproductos; se convirtió en la principal zona portuaria de exportación de esos productos en el mundo. Le sigue después el distrito aduanero estadounidense de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos y en tercer lugar por volumen exportado se ubica el puerto brasilero de Santos.

En el año 2019, desde el polo rosarino se despacharon 79 millones de toneladas de granos, harinas y aceites, mientras que del puerto norteamericano y del brasilero salieron 64,45 y 42,65 millones de toneladas respectivamente. Y lo es todavía más este año en que, por ejemplo, la tonelada de soja superó los 430 dólares y la tonelada de su aceite los 800 dólares y va a ser mayor en el 2021. Son contadas con los dedos de las manos las empresas que comercializan y tienen los puertos porque son propios y/o lo tienen concesionados y realizan las ventas externas por declaración jurada, no existe un control estricto de lo que exportan, si se pesa se lo hace deficientemente, entonces las exportaciones son incluso mayores a las declaradas. Triangulan sus operaciones, lo demuestra claramente el caso Vicentin, su asociación con la multinacional Glencore en “Renova SA” y posterior venta de su participación que implicó las primeras presentaciones judiciales; falsearon balances contables de la empresa con utilidades y sólido patrimonio y, en el año 2019 reflejan un pasivo mayor que su activo. A su vez nos preguntamos: cómo es posible que sobre el Río Paraná naveguen más barcazas del Paraguay que de la Argentina, hecho que solo se explica para no pagar impuestos y derechos de exportación. Esa y no otra, fue la verdadera y principal razón porque esas grandes empresas comercializadoras de granos torcieron el brazo al Decreto de intervención de Vicentin y su posible transformación en una empresa mixta con la división YPF Agro. Es más, Glencore posee el 50% de la explotación del yacimiento de oro y cobre de Bajo La Alumbrera[1] en Catamarca y existen decenas de denuncias presentadas ante la justicia, inclusive por la Universidad de Tucumán (que es la que descubrió el yacimiento), que al hacerse las exportaciones por declaración jurada no se sabe exactamente qué exporta y en qué cantidad, pidiendo investigar sus ventas que las realiza del puerto de Rosario. Puerto cuyo Administrador General es Gustavo Nardelli, socio de Vicentin. Sí se debería aumentar el valor agregado de los productos que vendemos, que generan poco trabajo.

¿Cuánta mano de obra tiene una tonelada de soja? Pero a las grandes empresas no les preocupa, lo que les interesa es depreciar nuestra moneda para que cada dólar que declaran e ingresan les de mayor poder adquisitivo en el mercado argentino. Presionan sobre el peso nacional y con ello, medido en dólares, bajan los costos locales, incluido y principalmente el salario y, de esa manera, deprimen el consumo de alimentos y con ello tienen mayores saldos exportables.

El rol del BCRA

Pero no solo no hay control sobre la producción y su exportación, sino que de lo que se declara, mayoritariamente se fuga. En la gestión de Cambiemos se fugó todo el superávit comercial y además el país se endeudó por más de 100.000 millones de dólares. De los cuales 86.200 millones fueron comprados por más de siete millones de personas físicas y jurídicas, pero los primeros 100 compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares en menos de cuatro años, a razón promedio de 246,8 millones de dólares cada uno de ellos. Nunca se comunicó quienes eran, pero es fácil deducir que son los mismos que no quieren pagar el aporte solidario a una Administración Pública que enfrentó sola de soledad absoluta, gracias al heroísmo de los médicos y paramédicos de los distintos hospitales y programas de salud, en los cuales muchos pagaron con su vida, un porcentaje importante se infectaron con el covid y todos trabajaron horas y horas poniendo en riesgo incluso a su familia en cumplimiento del deber y cobrando sueldos miserables, pero más miserable y egoísta que los magros ingresos que se la paga, son los ricos de este país y los funcionarios que se desentienden de la fiscalización que les corresponde como tarea principal.

El marco legal financiero y cambiario es propicio, fue creado a propósitos para que no se controle. La dictadura militar con la llamada Reforma Financiera de 1977 que le permite a las entidades financieras, sobre todo a los 10 –diez- bancos privados más grandes, ser la palanca central del sistema económico y que desempeñen el papel de dirección técnico-política del sistema. Y la Ley 24.144 de Carta Orgánica del BCRA, que la diseñó Domingo Felpe Cavallo, permite que la deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación (El Estado Nacional, deuda que pagamos los ciudadanos de a pie) sea vendido por el BCRA a los bancos (como operador cambiario de última instancia)[2]. De esa manera, por ejemplo, el superávit comercial de enero hasta septiembre de 2020 que totalizó 11.562 millones de dólares, a lo que se le debe agregar 4.008 millones de dólares que disminuyeron las Reservas Internacionales en ese lapso, con lo que suman 15.570 millones de dólares, de los cuales se emplearon, unos 3.000 millones de la moneda norteamericana para pagar los servicios de la deuda externa hasta el 22 de abril de 2020 que nos declaramos en default.

Unos 1.300 millones de dólares en la venta del llamado dólar ahorro, al “chiquitaje” que compra hasta 200 dólares por mes. Pero los 11.270 millones de dólares restantes se vendieron, más de 5.000 millones en pago de adelantos de importaciones, o sea productos que no habían ingresado a la aduana del país, por eso el INDEC no los contabiliza porque no estaban en la Argentina al confeccionar la Balanza de Pagos (a un precio de $ 70 a $ 80 desde enero hasta septiembre 2020, asegurándole el cambio) y otros 6.200 millones de dólares a supuesta deuda externa privada del Banco Galicia, del Banco HSBC, del grupo IRSA (Eduardo Elsztain, dueños del Banco Hipotecario, de campos y de shopping en todo el país), etc. que es probable que figure esa deuda, pero seguro que tienen mayores activos en el exterior y que están entre los primeros 100 compradores de dólares en le gestión de Cambiemos. Por cumplir con las normativas por ellos generadas, el BCRA se queda con muy pocas reservas de libre disponibilidad y de allí la corrida cambiaria, porque los grandes bancos y operadores del mercado financiero local saben que, en algún momento el BCRA no va a poder vender más divisas. Y esa corrida se refleja en la suba generalizada de los precios (básicamente exportamos alimentos) y de allí la pobreza y los serios problemas para llegar a fin de mes de la mayor parte del pueblo argentino.

En la Argentina está demostrado hasta el cansancio que la devaluación tarde o temprano impacta en los precios. Históricamente las dos hiperinflaciones la de 1989 y las de 1990 son hijas de la híper devaluación de 17,62 australes del 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril de 1991. Los exportadores igualan los precios externos con los internos. La botellita de aceite de girasol se vende en el mercado de Ámsterdam a 2 dólares. A $ 85,25 el dólar menos las retenciones se vende en el mercado local s $ 165. Si el dólar sube también sube en la misma proporción el precio del aceite en la Argentina

Las cuentas públicas

Hasta octubre 2020 el déficit fiscal acumulado de la Administración Nacional suma dos billones de pesos (al tipo de cambio de $ 85,25, unos 23.500 millones de dólares).

Reconvertir el gasto público para hacer frente a la pandemia del covid-19 y la caída de la recaudación atada al nivel de actividad (que desciende en no menos del 10,5% del PIB este año), implican que un tercio del gasto no tenga financiamiento. El gobierno haciendo malabarismos y tomando riesgos, colocando títulos de deuda ajustados al precio al consumidor (los Bonos CER – BONCER) y ajustados al valor del dólar (Bonos dólar Linked) u atrasando pagos o financiándose con el BCRA, trata de llegar a fin de año, incluso contemplando los $ 350.000 millones que se espera recaudar por la Ley de Aporte Solidario, el déficit fiscal final ronda en pesos, el equivalente a unos 20.000 millones de dólares. La pregunta es ¿quién los paga?

El Presupuesto Nacional 2021 implícitamente plantea una reforma tributaria, de allí que la recaudación impositiva es la variable que más crece (44% anual contra 29% de los precios y el dólar oficial incluso por debajo del 29% al ser de $ 102,40 en diciembre 2021). Pero esa reforma debe abarcar también los 20.000 millones que se arrastran de este año 2020. La propuesta es directa, que la paguen los que fugaron desde siempre, al menos en el gobierno de Cambiemos y en éste. Del gobierno de Macri sabemos que los primeros cien compradores (que nunca se dijo quienes eran) adquirieron en menos de cuatro años 24.679 millones de dólares. Que la paguen también las personas físicas dueñas de la tierra que quedaron exentas en Bienes Personales y en el “Aporte Solidario” y, tampoco abonan (o lo hacen mínimamente) en sus provincias. ¿Cuánto pagan los Blanco Villegas por las 25.000 hectáreas que tienen en Tandil? Y por supuesto las rentas agropecuarias, financieras, mineras, etc. Ricos y fácilmente detectables en este país hay de sobra.

En síntesis

En una situación extrema como la que estamos viviendo, donde hay casi nueve millones de personas que esperan el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) porque no tienen trabajo o hacen changas que no les alcanza para vivir, donde el crecimiento permanente del precio de los alimentos responde a la fuerte depreciación del tipo de cambio oficial (en un 43% en lo que va del año de $ 59,60 a $ 85,25 contra una inflación acumulada de 26,9%) e incluso azuzado por los distintos dólares paralelos, donde restablecer la producción y el trabajo no va a ser fácil, se necesita gobernar, que es ejercer la dirección, la administración y el control de un Estado en cumplimiento de nuestra Constitución Nacional, que en su preámbulo dice: “Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”

[1] El otro 50% pertenece a las empresas canadienses Goldcorp y Yamana Gold cuentan con 37,5% y 12,5% respectivamente del capital. [2] Debería haber ya una ley que anule esa facultad que tiene el BCRA y prohibir expresamente que venda dólares que es deuda del Tesoro de la Nación.

(*) Economista UBA. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas UBA. Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros.

Al servicio de...

EL PELIGROSO FLANCO DEL DÓLAR. Por ROBERTO FELETTI

No hay cifras ni explicaciones oficiales para los 9.000 millones de dólares que no reforzaron las reservas.

No se estabiliza el mercado cambiario, a pesar de la solvencia externa que significa haber cerrado un programa financiero sustentable con los acreedores privados y exhibir una balanza comercial con superávit abultado en el corriente año y en el próximo trienio, según reza en el proyecto de Presupuesto 2021 presentado ante el Congreso de la Nación.

DE TERRAPLANISTAS A ANTICUARENTENA

El esfuerzo que significa para la economía real la contracción de importaciones, impactadas por los efectos del virus global sobre la actividad, no se refleja en un crecimiento de las reservas internacionales. El superávit comercial acumulado en el período enero-agosto fue de U$S 10.984 millones (INDEC) y las reservas internacionales brutas se redujeron en igual lapso en U$S 2.075 millones(BCRA). Es decir, ha habido un drenaje total de divisas en los primeros ocho meses del año de U$S 13.059 millones, a pesar de haber reestructurado la deuda con el sector privado reduciendo la tasa de interés promedio del stock vigente del 7,2% al 3,1% y trasladado los vencimientos más pesados a partir del año 2025. Con excedente comercial, sin servicios relevantes de deuda pública, cerrado el acceso al mercado mayorista para compra de divisas para atesoramiento y/o giro de utilidades y siendo la pérdida de divisas a través del mercado minorista en el período de U$S 3.977 millones, restan alrededor de U$S 9.000 millones que no reforzaron el nivel de reservas internacionales.

La pregunta obligada entonces es: ¿qué provocó que el superávit comercial se diluya? No hemos encontrado cifras ni explicaciones oficiales precisas. Uno de los motivos puede encontrarse en que el INDEC registra las exportaciones desde el momento del embarque y el Banco Central recién puede ver aumentadas sus reservas cuando el producido de la venta en el exterior se liquida en el mercado de cambios local. El plazo legal máximo entre el embarque y la obligación de ingresar las divisas es de 180 días, en exceso prolongado cuando los agentes económicos alientan expectativas de devaluación que instan a retrasar lo más posible la liquidación de las divisas por exportaciones realizadas. Tal vez el Gobierno en su inicio, y dado el grave desequilibrio de las cuentas externas recibido del macrismo, debió haberlo acortado. El segundo motivo puede responder a las cancelaciones de deuda del sector privado con el exterior. El Banco Central cuenta en su página con una “publicación trimestral que expone y analiza la evolución de los pasivos externos del sector privado, con una apertura a nivel de los principales instrumentos de deuda (anticipos y prefinanciaciones de exportaciones, pasivos por importaciones de bienes y servicios y deuda externa de carácter financiero)”, pero el último informe disponible es del Tercer Trimestre 2017.

El balance cambiario indica una suba de pagos externos de carácter comercial que ronda los U$S 5.000 millones en el período bajo análisis. Sin duda, los pagos de deuda privada comercial y financiera con el exterior deben haber constituido un factor relevante de egreso de moneda extranjera, porque fueron acotados significativamente con las últimas medidas cambiarias de septiembre. La regulación llegó, pero después de una pérdida de reservas internacionales relevante.

Las diferencias entre los números del INDEC que revelan el movimiento de bienes y servicios con el exterior y las divisas que fluctúan en mercado de cambios, que se registran en el balance cambiario del BCRA y que impactan en las reservas internacionales, no responden a meras conciliaciones contables entre lo devengado (INDEC) y lo efectivamente percibido (BCRA), sino que se trata de serios problemas regulatorios. Al comentado plazo extendido de 180 días entre el embarque de una venta al exterior y la obligación de ingresar el efectivo producido al país, se agrega el aumento de stock de bienes importados y la cancelación de deudas financieras con el exterior, siendo conocido que la mayoría de las empresas que operan en forma relevante en el mercado internacional cuentan con capitales líquidos radicados en el exterior para afrontar esos compromisos sin necesidad de recurrir al mercado oficial de cambios nacional. Demora en el ingreso de las divisas por exportaciones y aceleración de pagos comerciales y financieros con el exterior son claras maniobras de presión devaluacionista sobre el valor del tipo de cambio regulado por el BCRA.

Por ende, el control de cambios resulta insuficiente si no se complementa con una adecuada administración del comercio exterior que incluya el seguimiento de la liquidación de exportaciones en plazos más acordes al funcionamiento de los mercados globales y las necesidades reales de importación en el marco del nivel de actividad, conjuntamente con la posición financiera internacional de los conglomerados que actúan en el sector externo.

También es de importancia mencionar que las dificultades para incrementar las reservas internacionales disponibles ocurrieron a lo largo del primer semestre del año, período en el que se exporta la mayor cantidad de cosecha, lo cual es en sí mismo preocupante. Aquí es necesario incorporar otra arista del flujo de divisas del comercio exterior compuesta

por el grano cosechado y no exportado, que se encuentra almacenado, diferente al caso de los exportadores que habían embarcado la cosecha pero que, jugando con el plazo legal máximo para liquidar los dólares en el mercado local en perspectiva de un salto del tipo de cambio, retaceaban su ingreso.

El gobierno ensayó un acuerdo con el sector de las patronales agropecuarias más ligado a las manufacturas de origen agropecuario, premiando la exportación del grano retenido con una disminución moderada en los derechos de exportación en procura obtener un excedente líquido de dólares en el último trimestre del año de U$S 2.500 millones.

Si bien es prematuro ponderar el resultado de corto plazo del entendimiento, el hecho de que en simultáneo se haya anunciado a partir de esta semana una mayor volatilidad del tipo de cambio oficial en el mercado mayorista tiende a reforzar las expectativas devaluacionistas y, consecuentemente, se conspira con el esquema de exportación-liquidación que se pretende impulsar. Una inconsistencia evitable. En la fase de renta financiera abultada, como ocurrió en el gobierno macrista, los agentes económicos más poderosos apuestan a la tasa de interés local alta y tipo de cambio estable para valorizar sus ganancias en pesos, convertirlas a dólares y sacarlas del país acumulando capital en el exterior.

Cuando la oferta de dólares baratos proveniente del endeudamiento del Estado se acaba porque el Sector Público entra en quiebra, se ingresa en la fase que completa el ciclo del negocio, presionar para una mega-devaluación que deprecie el valor de los activos reales de la Argentina y entonces reingresar parte de los capitales fugados y comprar esos bienes concentrando aún más los mercados. Las crisis de 1981/1982, 1989/1990, 2001/2002 y la desatada en 2018/2019 —amortiguada por el inédito desembolso de U$S 45.000 millones aportados por el FMI para asegurar un “fin de gobierno suave” a Macri— son evidencia empírica de ese modo de hacer negocios. Ahora se ingresó en la fase de presionar por una fuerte devaluación y luego realizar la compra de activos depreciados por el salto del dólar. Esta conducta rentista predatoria de una fracción del empresariado más poderoso concluirá por destruir a nuestra Nación. Con la gravedad de que esta clase privilegiada ha comenzado a resquebrajar la democracia institucional y social con un discurso y con hechos con los que pretenden asumir el control de la Argentina asumiéndose como sus dueños. Ahora bien, ese es un diagnóstico bastante conocido. La preocupación radica en los flancos que presenta nuestro gobierno nacional y popular frente a un ataque político y económico en cuanto a la virulencia prepotente de quienes se creen clase dominante. Las inconsistencias referidas que se expresan en la licuación de casi U$S 11.000 millones de excedente de la balanza comercial en el lapso enero-agosto es uno de los flancos más peligrosos que se pueden ofrecer. Funcionar con sobrantes de comercio exterior abultados implica para una economía emergente límites a su desarrollo y se le impone a la generación contemporánea sacrificios que deben asegurarse como ahorro social. Si se permite su drenaje por la alcantarilla de la especulación, se tratará de un sacrificio inútil.

A modo de dimensionar en cifras lo dicho, el proyecto de Presupuesto 2021 contiene un saldo comercial favorable acumulado total para el trienio 2021/2023 de U$S 42.317 millones, una restricción significativa para una economía que necesita crecer. Esa cifra representa aproximadamente el 95% del capital adeudado al FMI. El esfuerzo del pueblo argentino en la prolongada crisis provocada por el despliegue de la pandemia global, agravada además por la nefasta herencia del macrismo, debe atesorarse en las reservas internacionales del Banco Central para ser utilizadas en el futuro cercano como propulsoras de una vigorosa recuperación económica y alcanzar mayores grados de autonomía.

PROYECTOS EN PUGNA. Del Plan Pinedo de 1940 al proyecto industrializador del peronismo, el mismo debate de hoy. Por Guillermo Wierzba

Hoy en el desenvolvimiento de los acontecimientos económicos resulta evidente que el bloque de poder beneficiado por el anterior gobierno de Cambiemos atenta contra la estabilidad del gobierno nacional y popular y apunta a impedir que pueda desplegar la política que el voto ciudadano sancionó en las urnas en octubre de 2019.

Esta política tiene como contenidos la recuperación del nivel de actividad económica y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, sostenidos en la generación de empleo y la promoción del desarrollo a través de la inversión productiva, apoyada con el aumento de la productividad.

La mejora de los procesos tecnológicos y el impulso del entramado pyme fueron subrayados por el Presidente en su discurso del 1° de marzo de este año. Así como también el establecimiento de “reglas claras de inversión que estén alejadas de abusos monopólicos y posiciones dominantes de mercado”. Al poco tiempo de la apertura de sesiones del Congreso, la pandemia generó fuertes limitaciones en el desenvolvimiento económico, no sólo en Argentina, sino también en América Latina y a nivel global.

El establishment beneficiado por el gobierno de Macri, y el patrón de acumulación financiera que instaló generaron en la economía, en la política y en el Poder Judicial, conductas y acciones destinadas a impedir y desviar acciones de gobierno, con el objetivo de evitar que se alcancen las metas de una sociedad más igualitaria y una economía diversificada y desarrollada. Las presiones cambiarias sufridas por la retención de los productos de exportaciones tradicionales del país atentan contra un programa de diversificación productiva y mejoras del ingreso de las mayorías. Aspiran a provocar una devaluación de la moneda, aprovechando las enormes dificultades financieras externas que dejó el recientemente finalizado gobierno neoliberal. Intentan establecer una estructura de precios relativos que dé continuidad al proyecto reprimarizador de la economía.

En un texto de la CEPAL (2017) titulado Manufactura y cambio estructural. Aportes para pensar la política industrial en la Argentina, Martín Abeles, Mario Cimoli y Pablo Lavarello sostienen la necesidad de “diseñar e implementar políticas industriales y tecnológicas capaces de dar respuesta, desde la periferia... no sólo para reducir brechas tecnológicas que nos separan de los países centrales, sino para evitar que estas se amplíen aún más, agudizando la restricción externa al crecimiento y... la dificultad para generar empleos bien remunerados”. La conspiración de la derecha económica y política en la Argentina conduce a situaciones que provocarían el movimiento inverso en términos de puestos de trabajo y salarios.

En el artículo de ese libro titulado La industria manufacturera y su encrucijada, Martín Abeles y Anahí Amar sostienen que la cuestión central de una agenda de cambio estructural y progresivo no remite a la mayor o menor convicción acerca de la necesidad y eficacia de las políticas industriales y tecnológicas –aunque ello resulta, en opinión de los autores, una condición sine qua non— sino a la existencia o no de un actor o coalición social capaz de orientar la agenda estatal en esa dirección”. La Argentina tiene valiosos ejemplos históricos en los que la construcción de una coalición social, tal como valora el libro de CEPAL, sostuvo e impulsó un cambio fundamental en el patrón de acumulación económica, en la estructura productiva y en las relaciones sociales.

El primer gobierno peronista fue un ejemplo paradigmático de un cambio estructural que permitió la transición hacia un país industrial con un rápido crecimiento del empleo y de los salarios y la conformación de un mercado interno de una economía mucho más diversificada que la del modelo exportador que la precedió. Es interesante analizar como, ante el cambio en las condiciones internacionales provocadas por la crisis del ’30, se esbozaron dos propuestas de reconversión: el Plan Pinedo, que no pudo alinear una coalición tras de sí que le permitiera desplegarse y el peronismo, que luego irrumpió y logró construirla. 

EL PLAN PINEDO

El Plan Pinedo intentó una reconversión que implicaba una industrialización especializada articulada en una cadena de valor con la producción agraria que había predominado en el período anterior. Pinedo expresaba taxativamente: “La vida económica del país gira alrededor de una rueda maestra, que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra por otra, pero estamos en condiciones de crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza, cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida de este pueblo a cierta altura”. Para esta opción era necesario conseguir lo que Pinedo no logró: la articulación de la élite del modelo agroexportador alrededor de esta propuesta que modificaba la dinámica de la etapa anterior.

Murmis y Portantiero en Estudios sobre los orígenes del peronismo expresan que los sectores del agro estaban divididos entre los que resistían a cualquier intervención estatal que intentara modificar la lógica de las ventajas comparativas vigente hasta la crisis del ’30, y que se identificaba con un liberalismo pleno (los criadores de CARBAP) y los que eran más permeables a estos planteos pero finalmente permanecieron en la indecisión o la neutralidad (los invernadores de la Sociedad Rural), a los que se agregaba la UIA que respaldó el proyecto, principalmente atraída por las medidas restrictivas de importaciones. Estos autores caracterizan que el plan estaba dirigido a salvar a las industrias que se desarrollaron en manos de la élite tradicional. En cuanto al desarrollo industrial, ajeno a la cadena exportadora, el plan prioriza la industria de la construcción, relegando a la manufacturera detrás de ella. Rapoport et al reseñan que en relación al déficit comercial el plan proponía un control selectivo de importaciones y amplias medidas de estímulo a las exportaciones basadas en incentivos cambiarios y facilidades financieras. También sostienen que una característica clave del plan era la reorientación del Comercio Exterior hacia Brasil y los Estados Unidos. Juan Llach, en su artículo

El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo, hace una caracterización sintética del plan como “La estrategia que no fue: industrialización exportadora y especializada en materias primas nacionales y acercamiento a Estados Unidos”.

En tal sentido Rapoport menciona como dato destacado el acercamiento de Pinedo a la potencia del norte, y su impulso de un proyecto de creación de un Banco Panamericano y una moneda interamericana. Resulta inconfundible que en la histórica confrontación entre la construcción de la Unidad Latinoamericana que promovieran Bolívar, Monteagudo, Felipe Varela, Manuel Ugarte y José Ingenieros y el panamericanismo de la doctrina Monroe, el Plan Pinedo hubiera sido un paso decisivo en esta segunda opción. Llach glosa el rol que el plan reservaba al sector público “hay que circunscribir la intervención del Estado... ya muy amplia... es indispensable que el Estado cree las condiciones favorables y ofrezca el incentivo necesario a fin de que esas actividades (privadas) adquieran todo el impulso de que son capaces para combatir eficazmente la depresión que comienza... La función del Estado es establecer orientaciones generales de política económica o social que son, desde luego, de su exclusivo resorte”. Estas definiciones parecen muy cercanas a las que hace unas semanas hicieron en un comunicado conjunto la AEA con los dirigentes de la CGT.

Aldo Ferrer en La economía argentina señala que “el Plan de Reactivación Económica de Federico Pinedo... fue la expresión más avanzada... por la normalización política y una nueva política económica... [que incluía el apoyo] a las industrias... asociadas a la transformación de materias primas... La política propuesta implicaba un realineamiento de la política internacional con un acercamiento a los Estados Unidos (...) subsistía en esta postura, la tradicional concepción del desarrollo como proceso subordinado a la potencia hegemónica”.

Así, el Plan Pinedo expresaba la reconfiguración del patrón de acumulación económico, que ya no podía regresar a la etapa previa a 1930 pero que pretendía sostenerse en el mismo bloque dominante de aquel período, ahora remodelado como oligarquía que abarcaba un núcleo de actividades más diversificadas. Rapoport señala que el perfil de esas políticas de industrialización, de acercamiento con los Estados Unidos y de normalización política demandaban de un acuerdo que poseía pocas posibilidades en 1940. Esos debates, sin embargo, significaban el comienzo de un cambio al interior de las clases dirigentes que sería profundamente afectado por la llegada del peronismo. “Este último dará a la problemática de la industrialización y de la vinculación de la Argentina con el mundo una respuesta diferente, apoyado en otras bases económicas, políticas y sociales”.

EL PERONISMO

El arribo del peronismo significó un enfoque diametralmente opuesto al del Plan Pinedo en relación con la industrialización del país. Tanto en la política económica, como respecto del bloque social dinámico en la etapa y en política exterior. El papel del Estado fue fundamental en la dirección de ese proceso, con la elaboración de planes quinquenales y herramientas no mercantiles que definían la asignación de recursos. El bloque de clases en el que se apoyaba el gobierno integraba por primera vez a los trabajadores de una industria en potente ascenso, junto a una burguesía heterogénea en la que participaban sectores tradicionales, ahora como una oligarquía diversificada, pero también y con gran dinámica una burguesía nacional en ascenso que dependía del mercado interno y de la solvencia de los salarios para diversificar su producción. Un protagonista fundamental para financiar la industrialización fue el IAPI. Ese organismo intervenía en el comercio exterior con mecanismos que asignaban parte de la extraordinaria renta agraria diferencial que posee la Argentina a promocionar el desarrollo industrial. El direccionamiento del crédito y la regulación cambiaria fueron políticas clave en el despliegue de una economía en la que la industria pasaba a contribuir decisivamente en el tamaño del PBI.

Con posterioridad en las otras etapas de nacionalismos populares siempre se sostuvieron políticas de distribución progresiva del ingreso, de crecimiento del empleo y de los salarios. Sin la radicalidad del IAPI, el sostenimiento de medidas que establecían tipos de cambio diferenciales entre el sector tradicional de alta productividad natural y la industria con productividad internacional más baja fue un elemento central del patrón económico. Una alternativa muy frecuentemente utilizada han sido las retenciones, que promueven la diversificación productiva, a la vez significan un ingreso tributario progresivo y desdoblan el precio de los productos transables internacionalmente entre el de exportación y el de venta en el mercado interno. La tercera característica defiende el poder adquisitivo de los sectores populares, que tienen ingresos fijos en moneda local. La reimplantación de niveles adecuados por parte del actual gobierno nacional y popular al inicio de su mandato significó un acierto político. La recuperación del enfoque de Marcelo Diamand respecto a la política necesaria para una “estructura económica desequilibrada” es un elemento indispensable del enfoque estratégico de un proyecto de desarrollo.

LA HERRAMIENTA MAESTRA

Pero actualmente se enfrentan presiones de sectores concentrados, reteniendo los bienes exportables en épocas de pandemia, que merecen el repudio popular y una acción enérgica del Estado para normalizar la situación. La medida de reducción temporaria de las retenciones que se adoptó no obedece a necesidades del sector, ya que el precio de las materias primas –entre ellas la soja— están subiendo fuertemente en el mercado internacional. En términos de la lógica del proyecto, tal vez la dirección de las medidas hubiera ido en sentido inverso. Sin embargo la ausencia de un actor público en el sector externo que pueda intervenir adecuadamente en la regulación de la exportación de granos, permite ejercicios especulativos que constriñen la disposición de divisas por parte del gobierno nacional, que en esta instancia ha decidido la merma en la tasa de los derechos de exportación, esperando que los especuladores depongan su actitud y viabilicen las exportaciones liquidando las divisas que estas originen. Sin embargo, se escuchan reclamos de sectores agrarios y agroindustriales que promueven la permanencia de la reducción y hasta la quita de las retenciones. Quieren el modelo Pinedo. La herencia del neoliberalismo dejó la presencia de un oligopolio de grandes transnacionales que controlan el comercio internacional de granos. La generación de una institucionalidad o empresa testigo que desarme esa estructura es una necesidad para el despliegue del proyecto democrático, nacional y popular. El arribo del peronismo en 1945 también conllevó la tercera diferencia sustancial respecto de la remodelación oligárquica que representaba el Plan Pinedo.

La política internacional respondía a lo que se conceptualizó como tercera posición, que significó su no alineamiento y su ubicación en la reivindicación de la lógica de la Unidad Latinoamericana. Perón impulsó la idea de la integración económica con el Brasil de Vargas y el Chile de Ibañez. La Argentina se alejaba así del proyecto panamericanista, y con esto completaba el cambio radical de época que significó la emergencia del peronismo. Esta política resurgió en los doce años de kirchnerismo con el impulso a la UNASUR, el Banco del Sur, la reformulación del MERCOSUR, la dinamización de un Consejo Sudamericano de Defensa y la creación de la CELAC. Fue una época de respeto a la no intervención en los asuntos internos de los países de la región y de mecanismos colectivos que impedían los golpes de Estado, de auténtica defensa de la democracia. Sin embargo con posterioridad mediante el desalojo de los gobiernos populares del poder mediante golpes clásicos o institucionales, o por medio de la metodología del lawfare, los gobiernos de derecha desarticularon las valiosas instituciones de Unidad Latinomericana y crearon otras, tributarias del panamericanismo, como el PROSUR y el Grupo de Lima. El reciente voto de la Argentina en Naciones Unidas con relación a Venezuela alineado con este último es erróneo, porque no se corresponde con la tradición del nacionalismo popular, respetuosa de las doctrinas Drago y Calvo y consustanciada con la Unidad Latinoamericana.

La pandemia ha restringido los grados de libertad de la política económica, sin embargo, el gobierno popular de Alberto Fernández ha dispuesto un conjunto de medidas para paliar sus efectos y ha manifestado permanentemente que la salud pública constituye una prioridad. La peste impide la potencialidad de la movilización popular callejera. El uso de esta imposibilidad por parte del establishment para trabar la acción de gobierno resulta ostensible e ilegítimo. Es necesario agudizar la creatividad para desplegar la potencialidad popular a pleno para reafirmar el rumbo, corregir desvíos y, lo fundamental, desarticular las presiones de la plutocracia.

Cepo al dólar y fuga de capitales: ¿Qué hacer con la Argentina bimonetaria? Por ROBERTO FELETTI (*)

Esta semana el Gobierno nacional intervino en el mercado cambiario minorista restringiendo el acceso a la compra de moneda extranjera para atesoramiento al considerar, dentro del tope máximo permitido, a las compras efectuadas en el exterior con tarjetas de crédito. A la vez, se encareció el costo financiero de la transacción al agregar al valor de cotización de la divisa un 35% en concepto de anticipo del Impuesto a las Ganancias y/o Bienes Personales, de modo que el comprador exhiba cierta capacidad contributiva.

La medida afecta a dos millones de agentes económicos habituales del mercado cambiario minorista y suma tres millones más de clientes esporádicos. De acuerdo a los informes del Banco Central, en el lapso enero/julio el drenaje de dólares por estas operaciones acumuló u$s 5.220 millones. También se limitó el acceso al mercado cambiario mayorista para la compra de moneda extranjera para cancelar deudas con el exterior a las empresas y se ajustaron las regulaciones en el mercado cambiario alternativo de “contado con liquidación", para facilitar el ingreso de dólares y agregar riesgo de volatilidad de mercado a quienes ejecuten la operación de salida.

Esta somera descripción de las intrincadas decisiones del régimen de control de cambios revela la gravedad de vivir en una economía bimonetaria como expresión de un conflicto que atraviesa al país desde hace más de cuatro décadas y que, en el presente, amenaza la existencia misma de la Nación.

La definición de una economía bimonetaria se condensa en la incapacidad de la moneda nacional, el peso, de cumplir todos los atributos de una moneda. El peso es dinero válido para las transacciones, pero no para el ahorro. Es unidad de cuenta y medio de pago, pero no es reserva de valor.

La construcción de la profunda economía bimonetaria de la Argentina se inició con la dictadura cívico-militar que con la reforma financiera de 1977 y el primer ciclo de endeudamiento en el lapso 1978-1980 permitió la transnacionalización de los principales grupos empresarios nacionales a través de la valorización financiera de los capitales y su posterior fuga al exterior.

El segundo pilar asociado a este proceso se plantó con la extranjerización de los activos reales a partir de las privatizaciones del período 1990-1994, que obraron como onda expansiva para permitir el ingreso de capital extranjero en todos los sectores de la economía.

En 1989 la economía argentina era la menos extranjerizada de la región, en la actualidad el coeficiente de extranjerización llega al 62% de las 200 firmas con mayor nivel de facturación. Una burguesía que hace negocios en el país pero que sistemáticamente deriva la renta obtenida al exterior y consecuentemente resigna peso relativo en el sector real al ser desplazada por capital externo que casi llega a dos tercios de las principales empresas, ocasiona una voraz demanda de divisas para mantener la valuación de sus patrimonios y acelerar la repatriación de los fondos invertidos con tasas de renta muy superiores a las internacionales.

Ese desmedido requerimiento de dólares sólo puede ser abastecido con el endeudamiento del Estado en los mercados internacionales para proveer de los mismos al sector empresario más poderoso, que valora el peso para hacer transacciones, pero luego lo repudia a la hora de medir la ganancia y acumular patrimonio. El Estado argentino quiebra recurrentemente para consolidar capital privado concentrado en pocos agentes, que, valga la pincelada de descripción de un comportamiento predatorio, resisten ahora contribuir con una porción ínfima de sus fortunas al desastre que han provocado. Hay u$s 101.000 millones blanqueados en el extranjero, acumulados por evasión de tributos, que contribuyen con una alícuota anual de apenas el 0,5% en concepto de Bienes Personales.

Estudios muy fundados técnicamente como el del economista Jorge Gaggero valúan la tenencia de dólares en exterior por parte de unos pocos argentinos en u$s 320.000 millones. Sin duda, esta situación no se resuelve restringiendo la compra de u$s 200 mensuales a las personas humanas.

La pregunta, y la hemos formulado en columnas anteriores, es: ¿cuántas quiebras del Estado por este mecanismo de “deuda pública-fuga de capitales privados” resiste la Argentina sin perder su cohesión territorial y social como Nación? El conflicto sostenido en el tiempo entre la élite oligárquica aliada al capital foráneo contra el movimiento popular que tenazmente intenta construir un país autónomo ha provocado varias crisis recurrentes en las últimas tres décadas: 1981/1982, 1989/1990, 1994/1995, 2001/2002 y más recientemente 2018/2019, amortiguada por los u$s 45.000 millones otorgados por el FMI.

Alguna vez la historia reciente de Francia, cuando el general De Gaulle accede a la Presidencia en 1958, y encuentra al país sumergido en la segunda guerra colonial sangrienta y costosa en Argelia, tras haber sido derrotado en la anterior guerra colonial en Indochina en 1954. La pretensión francesa de mantenerse como potencia global la había llevado a la catástrofe bélica de 1940, que significó cuatro años de ocupación del territorio nacional y a los mencionados fracasos en defender su imperio colonial. No sin disputa, la élite política y económica francesa guiada por De Gaulle abandonó su pretensión globalista para integrarse a Europa como potencia continental en alianza con sus antiguos enemigos, evitando traumatismos a su pueblo y riesgos a la Nación. No se soportaba otra derrota.

La Argentina golpeada por el virus que se descarga como remache sobre la tragedia de pobreza social y endeudamiento del Estado que legaron cuatro años de Macri, no parece dispuesta a soportar otra crisis como las reseñadas. Los diagnósticos son claros, los agentes socioeconómicos responsables también. Es hora de superar definitivamente este conflicto. Volviendo a la historia, las grandes potencias contemporáneas por tamaño de su economía y de sus territorios -los Estados Unidos, China y Rusia- emergieron como tales luego de dejar atrás a una clase social rentista y parasitaria que frenaba su destino como Nación.

(*) Economista. Se desempeña como Secretario administrativo del Senado de la Provincia de Buenos Aires. Ha sido presidente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires (2000-2003). Ministro de Infraestructura y Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires (2003-2006) ; Vicepresidente del Banco de la Nación Argentina (2006-2009);Viceministro de economía de la nación (2009-2011) ; Diputado nacional , presidiendo la Comisión de Presupuesto y Hacienda (2011-2015 ); Secretario de Economía y Hacienda del Municipio de La Matanza(2015 - 2019).

La economía bimonetizada no aguanta eternamente.

Sobre deuda, telcos e impuesto a ricos. Por Roberto Feletti

En columnas previas afirmamos que una reestructuración exitosa de la deuda bajo legislación extranjera, tal como ocurrió contra varios pronósticos pesimistas, le permitía al Gobierno iniciar una nueva etapa de su gestión centrada en la recuperación económica. Los acontecimientos recientes ratifican lo dicho. Los anuncios del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas durante la conmemoración del Día de la industria plantean el objetivo del Estado de comprometerse con el devenir productivo de la Argentina en los próximos años.

Con la convicción de que la estabilidad -apoyada en los equilibrios externo y fiscal y acompañada de un programa financiero viable- es condición necesaria pero no suficiente para la expansión, el Gobierno no deja la asignación de recursos pospandemia en manos del mercado, sino que interviene con un programa de respaldo a la oferta productiva centrado en agentes económicos de menor porte como lo son las pequeñas pero sobre todo las 120.000 empresas medianas que actúan en todo el país, base -no articulada políticamente- de la verdadera burguesía nacional argentina.

Un paquete crediticio inicial de alrededor de $460.000 millones que abarca desde el financiamiento de capital de trabajo -demanda inmediata de las PyMes ante el aumento de sus ventas, que cobran a 90/120 días frente a insumos que a veces pagan de contado y nómina salarial a 30 días- hasta el refinanciamiento de pasivos acumulados en esta etapa y también para la inversión y ampliación de capital, con énfasis en la constitución de cadenas de proveedores para evitar importaciones en sectores estratégicos.

El ministro Kulfas reintrodujo el concepto de “Banca de Desarrollo”, entendido como la decisión gubernamental de acompañar el desenvolvimiento empresario con crédito no sujeto a la volatilidad del mercado financiero.Esto ocurría en el marco de que el Presidente decidía declarar servicio público esencial al sistema de comunicaciones digital -genéricamente conocido como TelCo-, incluyendo sus tarifas en la regulación estatal y ratificando así el rol de la empresa pública ArSat como propulsora de la inversión en el sector. A su vez, el bloque oficialista de diputados nacionales presentaba el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas a la crisis desatada por el coronavirus, en procura de avanzar en la obtención de recursos que prioricen la equidad tributaria y el cierre de la brecha fiscal.

Esta apretada síntesis de acontecimientos define que el Gobierno ha retomado el programa inicial desplegado por el ministro de Economía Martín Guzmán en el comienzo del año -y que fue interrumpido por la invasión viral que soportan la Argentina y el mundo-, consistente en crear condiciones para un ciclo de crecimiento económico potente y sostenible.

El cumplimiento tenaz, a pesar de la herencia macrista y de la pandemia, del plan que llevó al Frente de Todos al Gobierno en primera vuelta acompañado por 13 millones de ciudadanos, ha crispado a la oposición política y empresarial.

Mientras el Presidente Alberto Fernández anunciaba el 99% de aceptación de la oferta argentina para los tenedores de bonos acompañado por el conjunto institucional del país y los líderes de la coalición de gobierno, se produjeron episodios de cuño antidemocrático en la sesión de la Cámara de Diputados ,que incluyeron amenazas a su presidente Sergio Massa (con quien nos solidarizamos desde esta columna) y la horrible escena de un grupo de exaltados apedreando el edificio del Parlamento.

La oposición ha perdido la calma y ha permitido que gane terreno la acción golpista, porque percibe que un proceso de recuperación económica acompañado de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 el primer trimestre del año próximo consolida a un Gobierno que en condiciones históricamente adversas ejecuta políticas públicas -es decir, gobierna- y además lo hace cumpliendo sus promesas electorales.

Deuda externa: acuerdo con los bonistas, el saludo de AMLO; el agradecimiento del Presidente a él y otros líderes mundiales que colaboraron, especialmente al Papa Francisco.

Fueron varios los encuentros en el Vaticano, en los que expertos como el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz, se reunieron con la titular del FMT Kristalina Georgieva y con nuestro ministro de economía Martín Guzmán, produciendo un discurso en sintonía con el pensamiento económico del Papa.

Lo esperado: Impulso a la industria para comenzar a crecer

(Motor Económico) Anuncios del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas 

El Gobierno lanzó un conjunto de medidas para reimpulsar la actividad manufacturera. Lo hizo en el acto del día de la industria.

Los instrumentos se concentran en atender necesidades de corto plazo para el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo el acceso a crédito subsidiado para capital de trabajo. También busca permitirle a las industrias conseguir líneas de financiamiento a largo plazo para poner en marcha proyectos estratégicos. La principal apuesta es fomentar sectores exportadores y la sustitución de importaciones.

 

El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas estuvo a cargo de los anuncios del equipo económico para colaborar en la recuperación del entramado industrial. “Los niveles de producción volvieron a ser similares respecto de los previos a la pandemia. Pudimos sostener la estructura productiva. Gracias a los créditos a tasas subsidiadas, a los ATP, a las garantías del Fogar", aseguró. Agregó que "ahora tenemos el desafío de reactivar la producción económica con un eje industrial”.

El paquete de medidas para el sector manufacturero contempla:

• Créditos por 455.000 millones de pesos para reactivación productiva de las pymes y financiamiento del cambio estructural. Tasa de interés de fomento y plazo a 10 años. • Creación de un sistema de Banca de Desarrollo que coordine la oferta de financiamiento para incrementar el impacto de los beneficios y la profundidad del crédito.

 

• Desarrollo de proveedores industriales y tecnológicos. Apoyo de 1.400 millones a empresas nacionales que sean o aspiren a ser proveedoras en sectores estratégicos y de alto impulso como el petróleo y gas, la minería, automotriz, industria ferroviaria y naval.

• Las pymes recibirán Aportes no Reembolsables (ANR) del Ministerio de Desarrollo Productivo por hasta un 70 por ciento del proyecto, o bonificación de hasta 10 puntos de tasa a empresas que inviertan en bienes de capital, certificaciones, desarrollos de productos.

 

• Plan de Transformación Digital PyME y Plataforma Industria Argentina 4.0

 

• Financiamiento público de 2500 millones de pesos a tasas bonificadas e incentivos fiscales para proyectos de adopción de tecnologías 4.0

 

• Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales

 

• Más de 3.000 millones de pesos de aportes y financiamiento en los próximos 12 meses. En esta primera fase del plan se ofrecerá apoyo a 48 parques industriales y tecnológicos en todo el país. El objetivo es asistir y desarrollar 300 parques industriales y tecnológicos en el período 2020-2023.

Burguesía Nacional para el crecimiento económico. Por Paola Louys (*)

El pasado 16 de Agosto conmemoramos el Día del Empresario Nacional, una fecha que particularmente este año, se presenta en un contexto difícil a nivel mundial. Pandemia y neoliberalismo, nos han puesto en una situación compleja a quienes emprendemos para vivir. Desde el año 2015, celebramos esta fecha en recordatorio de la creación de la CGE (Confederación General Económica) en Catamarca por el Empresario y Ministro de Economía José Ber Gelbard.

Es necesario recordar en este día a quienes sostienen con mucho esfuerzo y dedicación sus industrias, empresas o comercios y contribuyen al sostenimiento económico de nuestro país. Recordemos que el 65% del empleo privado en Argentina, es generado por los empresarios y empresarias PyMEs. José Ber Gelbard fue el elegido de Juan Domingo Perón para conducir la cartera de Economía en su vuelta a la Presidencia en 1973 y al asumir puso en marcha el Pacto Social que reunió a Empresarios, Trabajadores, Campo y Estado para definir un plan estratégico de Industrialización en todo el país. Hasta ese momento el país presentaba un modelo de Desarrollo sostenido y tenía una tasa de pobreza del 5%.

A la muerte de Perón, le sobrevino el desgobierno de Isabel Martínez y Don José dejó el cargo, dejando inconcluso el plan. Con la Dictadura Cívico Militar comenzó un proceso de desindustrialización liberal que nos volvería a poner en el camino de la industria liviana y la exportación de productos primarios mayormente del agro y que se profundizó en los gobiernos de Menem y De la Rúa.

La Globalización logró diferenciar aún más los países desarrollados, de los que aún no lo estaban. Estas Naciones poderosas, impusieron duras condiciones al ingreso de productos extranjeros, protegiendo su industria y dejando a los más débiles comercialmente como meros exportadores de productos primarios del agro. Revertir esto, es parte del cambio que necesitamos para crecer.

Un plan como el de Ber Gelbard, a mediano y largo plazo es fundamental y requiere de políticas públicas que pongan a nuestro alcance herramientas de financiamiento para acceder a maquinaria con nuevas tecnologías, que mejoren nuestros procesos y nos ayuden a ser competitivos en el mundo. Subsidios para sumar trabajadores calificados en la operatoria de estas nuevas tecnologías y capacitación para quienes ya se desempeñen y necesiten aprender. Las y los Empresarios PyME, entendemos que un país pujante requiere de un fuerte consumo interno, industria liviana y pesada, exportación de productos primarios y también de productos con valor agregado. Nuestros trabajadores deben tener salarios que les posibiliten una buena calidad de vida y no, la mera subsistencia. Poner en marcha nuevamente la Industria Pesada, ayudaría a sustituir algunas importaciones que hacen inviable la fabricación nacional de productos muy necesarios para, por ejemplo la construcción o la industria naval. Fomentemos el “Compre Nacional” o la “Marca Argentina” porque son generadores de trabajo. La Federalización de la producción es también parte de la agenda de trabajo que nos debemos proponer. Nuestro país, desde la década de 1940/50 posee una clase media muy extensa, quizá la más grande de América Latina y ese factor debe ser usado para crecer económicamente. La Pandemia expuso las debilidades del sistema capitalista a nivel mundial, golpeó por igual a las grandes economías y a quienes ya veníamos pasándola mal. El escenario que viene es difícil, pero no imposible.

Si nuestro gobierno plantea medidas económicas que prioricen el trabajo y la industria por sobre la especulación financiera, ya habremos dado un gran primer paso. Hoy, las y los empresarios PyMEs, tenemos el desafío de engrandecer nuestra Patria, haciendo lo que mejor conocemos, apostar a la producción, la generación de empleo y a fortalecer cadenas de valor y comercialización más justas. Podemos hacerlo trabajando el asociativismo en cámaras o agrupaciones PyMEs que nos ayuden a tender redes y eleven nuestras problemáticas a los actores políticos correspondientes para que accionen según las necesidades reales de cada sector. Unidos podemos hacerlo.

(*) Mesa Empresaria Justicialista – Mesa Nacional de Unidad PyME

Dólar y deuda externa: con el acuerdo se termina la incertidumbre cambiaria. Por Horacio Rovelli (*)

 El dólar es nuestro tipo de cambio de referencia y permite comparar todos nuestros costos y precios de factores (trabajo, capital, tierra), bienes y servicios, con el resto del mundo. En teoría económica en el largo plazo el tipo de cambio (en nuestro caso la referencia es el precio del dólar) está determinado por la productividad, pero en la Argentina tenemos productividades muy distintas entre la producción primaria y la industria, y esto es así, por un lado, al contar con una de las tierras más fértiles del mundo, de manera tal que se destinan 37,5 millones de hectáreas al cultivo de granos con una cosecha 2019/2020 de unos 147 millones de toneladas.

Seis cultivos (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo) representan 137 millones de toneladas de granos, con una productividad media de casi cuatro toneladas por hectárea. Y por otra parte, la baja productividad en la industria se debe básicamente a la falta de inversión en equipos y su modernización, que la torna poco competitiva. La diferencia de productividades se agranda porque el mundo, más en pandemia, sigue demandando alimentos, en cambio la producción industrial se destina mayoritariamente al mercado interno que se debilitó ex profeso desde la dictadura cívico-militar, tuvo su reparación durante el kirchnerismo pero derrapó con el gobierno de Cambiemos y el retorno a la subordinación al capital financiero. La deuda y fuga de la gestión de Cambiemos demuestra que un país del que en cuatro años se esfuman 86.200 millones de dólares no tiene un problema de ahorro, por ende no necesita endeudarse porque genera el excedente físico de producción suficiente para financiar su inversión bruta fija. Es más, la fuga de capitales asevera el rol de dependencia de la deuda, porque el mecanismo para dolarizar el excedente fue que el Estado nacional contrajo obligaciones en divisas por más de cien mil millones de dólares para financiar básicamente gastos corrientes, y esos dólares se los vendió el BCRA de Sturzenegger, Caputo y Sandleris a unas siete millones de personas físicas y jurídicas, pero con el agravante que los 100 primeros compradores lo hicieron por 24.679 millones de dólares. Esta burguesía invierte en el “campo” porque posee la tierra y/o controla su alquiler, tiene plena libertad en su comercio externo (subfactura exportaciones y sobrefactura importaciones) y fija el precio que quiere en el comercio interno. El ejemplo del grupo Vicentin lo pone de manifiesto.

Los grandes empresarios y acopiadores del sector buscaron acordar quién se quedaba y con qué de las diversas producciones del grupo, hasta que el gobierno nacional puso la lupa en el sector e intervino por unos días en la empresa madre el 8 de junio de 2020. A ello se le debe sumar las denuncias en tribunales del distrito sur de Nueva York promovidas por seis bancos extranjeros que señalan textualmente que la firma les mintió sobre su situación patrimonial «a través de documentación contable falsa», y que «está siendo vaciada transmitiendo sus activos a otras empresas controladas por el mismo grupo Vicentin”.

La industria en general se preserva de la competencia externa con mercados cautivos como es el de laminados de acero, caños con y sin costura, aluminio, cemento y algunas ramas petroquímicas, que pueden vender en el país a un precio muy superior al internacional (y con un costo real mucho menor). De allí que no quiera saber nada de ningún acuerdo con la República Popular China por la posibilidad de su competencia. De alguna manera también sucede con la industria automotriz y sus proveedores, si bien para tener un mercado cautivo que le genere márgenes de ganancia debe vender a un mercado interno fortalecido y eso le genera una constante contradicción entre reducir los salarios y la necesidad que la población asalariada le compre los vehículos. La esencia de la propuesta inicial del Plan A de Macri consistía en devaluar nuestra moneda de manera tal que el tipo de cambio creciera más que la tasa de interés, que el promedio de los precios y que los salarios, generando una transferencia de ingresos de los asalariados y de los pequeños y medianos productores a favor de los sectores más concentrados de la industria (formadores de precios), del sector financiero y de los exportadores.

Una segunda etapa era que una vez producida la devaluación se asegurara que las tasas de interés local fueran mayores que las nuevas depreciaciones cambiarias, propiciando el ingreso de capitales especulativos en una nueva versión de la bicicleta financiera de Martínez de Hoz y de Cavallo. La idea era que las empresas de primera línea podían conseguir financiamiento externo a tasas negativas con respecto a la inflación (y los incrementos de sus precios), pero era exactamente al revés con las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan tasas usurarias confiscatorias de su capital, al ser muy superiores a lo que pueden aumentar sus importes, obligándolas a financiarse con recursos propios (que por su dimensión son escasos), retrocediendo lo que se había avanzado en los años kirchneristas.

Lo que no tuvieron en cuenta ni Macri ni los grandes empresarios que operan en el país es que el capital financiero internacional tiene su propia lógica. Hasta enero de 2018 fue generoso prestamista, pero cuando los Estados Unidos llevó la tasa de interés a diez años al 3% anual, el 25 de abril de 2018, se desata en el país la fuga de capitales encabezada por los mismos bancos que colocaron los títulos de deuda de la Argentina en los mercados financieros internacionales (JP Morgan, HSBC, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Merrill Lynch, etc.), quienes vendieron la posición que tenían en títulos públicos y acciones de empresas argentinas y compraron dólar a $ 20,20, llevándose ese solo día 1.225 millones de dólares, continuaron vendiendo posiciones argentinas y comprando dólares en mayo y junio y el precio de un dólar fue de $ 38,90 el último día de ese mes de 2018.

Mientras el gobierno de Cambiemos se aferraba a los Estados Unidos y al FMI, los títulos públicos y privados (acciones, obligaciones negociables, etc.) caían estrepitosamente porque a la salida de los grandes bancos le siguió el “chiquitaje” y el pánico, de manera tal que en promedio todos ellos valían menos de la mitad en diciembre de 2019 que en diciembre de 2015. A la par que el gobierno de Macri se ataba a los planes del FMI, los fondos de cobertura (BlackRock, Franklin Templeton, Gramercy, Fidelity, Ashmore, Pimco, etc.) aprovecharon el precio de remate y compraron parte de esos títulos y acciones (las que les interesaban).

BlackRock posee más de 3.000 millones de dólares en bonos nacionales, pero también es socio de los Rocca en Tenaris; de George Soros en Adecoagro; de la Argentina en YPF SA; del grupo Pampa Energía (supuestamente de Mindlin); de Brito y Carballo en Banco Macro; y de los Braun, Ayerza y Escasany en el Banco Galicia, entre otros.

Teorema de la deuda

El gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019 se encontró con un nivel de deuda y plazos de vencimientos totalmente incumplibles.

Tras arduas idas y venidas, el martes 4 de agosto 2020 el Ministerio de Economía dio a conocer un principio de acuerdo con los principales tenedores de títulos de la deuda en jurisdicción extranjera encabezado por BlackRock. En el Comunicado Oficial se explica que los cambios realizados a la propuesta de desembolsos de la deuda presentada ante la SEC el 6 de julio, consisten en incluir los 21 títulos (incluso el que duraba 100 años, hasta el 2127) en un canje por 12 títulos de deuda, seis en dólares y seis en euros, con vencimientos desde 2030 hasta 2046.

La modificación realizada básicamente es: adelantar los plazos de pago de cada año del 4 de marzo al 9 de enero y del 4 de septiembre al 9 de julio; los nuevos bonos 2030 en dólares y en euros comenzarán a amortizarse en julio de 2024 y vencerán en julio de 2030, y la primera cuota tendrá un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante. De esta manera el primer pago de intereses se realiza en 2021 y el capital comienza a amortizarse en 2024, pero con una escala diferida de cancelación que hace que, hasta diciembre de 2024, el monto acumulado a abonar por todo concepto (intereses, capital y demás gastos) de la deuda en moneda y jurisdicción extranjera es de unos 6.200 millones de dólares, cuando los vencimientos originales comprometidos por el gobierno de Cambiemos eran para ese mismo período de 33.664 millones de dólares.

Posteriormente al Comunicado Oficial del Ministerio de Economía de la Nación del 4 de agosto, el grupo AdHoc Argentine Bondholder Group que encabeza BlackRock, confirmó que aceptaba la propuesta de reestructuración de deuda e invitaba a los demás acreedores a sumarse a esas condiciones.

Por otra parte cuenta con la sanción en la Cámara de Diputados la reestructuración de la deuda en jurisdicción argentina bajo las condiciones de la cláusula RUFO, por la que reciben el mismo trato que lo acordado con los bonistas de jurisdicción extranjera. A su vez el gobierno propondrá posponer el pago de capital de la deuda tomada con el FMI, por lo que en conjunto hasta diciembre de 2024 se cuenta con un lapso para impulsar el mercado interno y crecer, bajo dos hipótesis:

1 ) Los sectores empresariales de nuestro país, después de haber derrapado en los cuatro años de Cambiemos y ver desvalorizarse su patrimonio, deben reconocer que su fuente de acumulación de capital es el mercado interno local y actuar en consecuencia.

2 ) Los acuerdos alcanzados por la deuda descomprimen la presión cambiaria. Sabiendo que hay una previsibilidad en los pagos los exportadores van a liquidar sus operaciones y eso asegura tener un superávit comercial similar al de 2019 (de 15.990 millones de dólares). Este año se siguen vendiendo alimentos, que conforman no menos del 65% de nuestras ventas al mundo y, por la caída del PIB, disminuyen más que proporcionalmente las compras al exterior, por lo que la oferta de dólares será mayor a la demanda, estabilizando esa variable y acercando el valor de los distintos tipos de dólar paralelo al oficial.

Presumimos que parte de los 86.200 millones de dólares fugados en el gobierno de Cambiemos es administrada por los fondos de cobertura. Cuando BlackRock dice haber comprado acciones de empresas y bancos locales que cotizan en el exterior, nos preguntamos cuál es la incidencia real de esas inversiones en el accionar de los fondos de cobertura. De esto dependerá si la Argentina crece y distribuye su ingreso o si, por el contrario, lo hace como enclaves productivos pero con poco efecto multiplicador hacia el resto de la economía nacional, marginando regiones y población. Obviamente que el gobierno debe decir y hacer lo suyo para que prevalezca la primera solución y no la segunda.

Tal lo descripto, se dio el primer paso con el acuerdo arribado con los bonistas en jurisdicción extranjera, que tal vez no sea el mejor acuerdo, pero peor era no acordar y ello es así porque el frente interno del país deja mucho que desear, a la sociedad de hecho entre los principales fugadores de divisas del país y los fondos de cobertura se le debe sumar que más de diez millones de personas votaron a Macri en el 2019, gran parte del pueblo de Avellaneda y de Reconquista sigue defendiendo a los hermanos Nardelli y al «Mono» Padoan, en la ciudad de Buenos Aires se realizan movilizaciones en torno a Tribunales y el Obelisco oponiéndose a cualquier modificación de la Justicia, etc. etc., todos claros indicadores que no propiciaban un enfrentamiento en el presente con quienes son los grandes administradores de activos financieros del mundo.

Entendemos que la solución del teorema depende de que los grandes fugadores de divisas en la Argentina sopesen si el socio que tienen en sus empresas no les sale mucho más caro que la rentabilidad de su fuga, por un lado y, por el otro, que los grandes exportadores liquiden sus operaciones e ingresen los dólares al país porque por tres años se termina la incertidumbre cambiaria y no solo pierden plata, sino que el gobierno con su AFIP y su Aduana y gran parte de la población, van a tratar de que se transparente su negocio.

 

(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Ex Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación.

Los acuerdos alcanzados por la deuda descomprimen la presión cambiaria

La Economía Social es el Tercer Sector de la economía y le cabe un lugar esencial en la reformulación de un nuevo pacto de producción y trabajo para la reconstrucción nacional y social.

"Perón proponía una tercera central junto a las de empresarios y trabajadores: la Central de las Cooperativas".

Mario Cafiero, presidente del INAES, participó del ciclo Pensar Argentina en el que dejó su aporte centrado en la puesta a disposición del organismo que dirige, para dinamizar la economía social.

Ya nada es amigable. Por Roberto Feletti (*)

La crisis por la pandemia de coronavirus cambió las prioridades: los recursos serán más necesarios que nunca para atacar a esta enfermedad. El ordenamiento del sector externo delineado por un consenso con bonistas y el FMI para dar sustentabilidad al pago de la deuda pública en el marco de la recuperación de la economía ha quedado superado por los acontecimientos.

La pandemia COVID-19 obligó a cerrar fronteras, recluir y aislar internamente a la población e interrumpir la circulación de personas y bienes. Se afronta un dislocamiento del sistema económico de producción, intercambio y consumo comandado por el sector privado como no ocurría desde hace un siglo.

Fue con el desencadenamiento de la Primera Guerra Mundial cuando los países beligerantes comprendieron, a poco de iniciado el conflicto, que una nación industrial poderosa no sería aplastada en un par de batallas y, consecuentemente, se prepararon para sostener ejércitos numerosos en el frente por tiempo prolongado. Abastecer con armas, alimentos y servicios sanitarios a millones de combatientes en las trincheras que no producían nada, exigió una planificación e intervención estatal en la economía hasta entonces desconocida. Se acuñó el término “Nación en Armas”.

La cuarentena ahora decretada también en Argentina exige que los ciudadanos accedan a bienes esenciales como energía y alimentos, sin moverse de sus casas. Ese enorme esfuerzo logístico no puede ser garantizado nunca con la asignación de recursos que hace el mercado en función de la tasa de beneficio. Argentina cuenta con la ventaja de ser productor de alimentos y energía y con el perjuicio que esas ramas se encuentran oligopolizadas en sus cadenas de producción y comercialización por el sector privado.

El orden social fijado, la cuarentena, para impedir la propagación del virus y el colapso del sistema sanitario, depende de la capacidad del Estado de regular a esos mercados oligopólicos para que suministren los bienes básicos a los argentinos y argentinas que ven resentidos sus ingresos por el freno económico. Esencialmente, a los más afectados constituido por el tercio de trabajadores inserto en la economía informal.

El ordenamiento del sector externo delineado por un consenso con bonistas y el FMI para dar sustentabilidad al pago de la deuda pública en el marco de la recuperación de la economía ha quedado superado por los acontecimientos. Sólo puede formularse una oferta de reestructuración de deuda agresiva y las metas macroeconómicas con el organismo multilateral son historia. Es imprescindible preservar las reservas del Banco Central, restringir importaciones y explorar acuerdos entre Estados con naciones complementarias a la nuestra.

La política económica es de incidencia sobre la oferta asegurando el abastecimiento esencial en energía, alimentos, indumentaria y vivienda a todos y todas, sin condicionar este acceso al ingreso de las familias, porque en una porción importante, el mismo habrá desaparecido o menguado en exceso. Las políticas de incentivo a la demanda servirán si el ingreso no es licuado por la suba de precios y/o el desabastecimiento. Por ello es central el control de la oferta de bienes por el Estado al margen de las políticas de ingresos.

Según los especialistas, el coronavirus puede contaminar a la mayoría de la población. Es esa masividad la que provoca la saturación del sistema sanitario y es esa estela la que puede provocar muertes evitables en afectados y en pacientes de otras dolencias. La ampliación de centros exclusivos para la atención del mal y la disposición garantizada de bienes básicos son los pilares del orden social de los próximos meses. Esto requiere una movilización de todos los recursos disponibles de la Argentina -que no son pocos-, conducida por Estado, al margen del afán de lucro y la especulación. Los instrumentos para alcanzar estos fines son variados y carece de sentido describirlos.

Lo central es que el Gobierno se plante como un planificador situacional, anticipando decisiones en un escenario muy dinámico y cambiante que exige al Estado como asignador casi único de recursos.-

(*) Economista. Secretario administrativo del Senado de la provincia de Buenos Aires

Ser solidarios en la emergencia, tranquilizar y dar de nuevo

Base y punto de partida. Por Horacio Rovelli (*)

Con la ahora ley 27.541, de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, en el marco de la Emergencia Pública y en primer lugar, se faculta al Poder Ejecutivo nacional a negociar la deuda y posteriormente informar al Congreso de la Nación por los resultados alcanzados.

Esa negociación es fundamental porque la propuesta de máxima del gobierno de Alberto Fernández es lograr no pagar ni intereses ni capital durante su mandato, pero que obviamente queda condicionado a que lo acepten los acreedores. De hecho, la negociación y la voluntad de pago de la nueva administración ha repercutido en una suba tímida pero generalizada de las cotizaciones de los títulos de deuda argentinos, incluido el BONAR 2020 que vence en octubre del año que viene, cuando una parte importante de los bonistas (poseedores de títulos de deuda externa Argentina) esperaban la declaración del default argentino.

El gobierno nacional reconoce que el plan económico depende de esa negociación, sabiendo que los vencimientos de capital e intereses de la deuda del año 2020 son impagables por un lado y, no es lo necesariamente significativo el ingreso de divisas por las exportaciones, dado que el acumulado de las ventas al exterior de los once meses de 2019 fue de 59.702 millones de dólares, de los cuales las MOI (manufacturas de origen industrial) fueron solo el 29,4% de las mismas, cuando en el año 2011, por ejemplo, se exportó por 83.950 millones de dólares y el 34,4% eran MOI.

En ese marco y con la restricción externa descripta, el gobierno avanzó en estos primero quince días en estimular el mercado interno y a la vez, asistir a los que menos tienen por medio de:

a) Instrumenta la tarjeta social para adquirir alimentos de primera necesidad por una suma de $ 4.000 y de $ 6.000 por mes a cada beneficiario, dependiendo si el titular tiene uno o más hijos y, alcanzará a cuatro millones de personas. Las tarjetas son entregadas “en forma automática” por la ANSeS a todos los que reciban la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tengan hijos de hasta 6 años, así como a embarazadas a partir de los tres meses que perciban la asignación por embarazo y personas con pensión por discapacidad que surge del cruce de identificaciones que realiza la ANSES y las bases de datos de las AUH. La tarjeta no suplantará a ninguna de las políticas vigentes, ni reemplaza la Asignación Universal por Hijo, sino que es una política de complemento integral alimentario que mejora la situación del beneficiado y es a la vez un impulso a la demanda interna de productos elaborados y comercializados en el país.

b) Paralelamente se le adjudica un bono de $ 5.000 pesos en diciembre y otro por la misma suma en enero, a los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima ($ 14.068 pesos). También percibirán un bono quienes cobran una jubilación o pensión de hasta $ 5.000 pesos superior a la mínima (esto es hasta $ 19.068 pesos). El bono será menor a $ 5.000 pesos por la diferencia, garantizando que ningún beneficiado previsional cobre en diciembre y en enero menos de $ 19.068 pesos por mes y en marzo a todos los jubilados se les ajustará el haber previsional de acuerdo a lo que estipule una comisión conformada por el Poder Ejecutivo y por el Congreso de la Nación.

c) El gobierno a través del decreto 56, convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación hasta el 29 de febrero 2020 e incluyó allí el proyecto para modificar las leyes 18.464 de jubilaciones y retiros para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación; la 22.731 que establece el régimen jubilatorio específico para el personal del servicio exterior de la Nación; y la modificación a la ley 24.018 que son las asignaciones mensuales vitalicias para el Presidente, Vicepresidente de la Nación y funcionarios políticos. La idea que se trasmitió es que además de las modificaciones pertinentes se los obligará a realizar un aporte “solidario” que el Poder Ejecutivo fijará por decreto del 21% de esos haberes especiales y, un aporte “extraordinario” adicional del 7% más cuando el haber mensual supere los cien mil pesos.

d) Plantea un acuerdo de precios con los grandes empresarios y supermercados para los productos de primera necesidad (alimentos e higiene) que incluye la nueva composición del programa de Precios Cuidados

e) Logra un convenio con los laboratorios para retrotraer los precios con una baja generalizada del 8% y su preservación en el tiempo.

f) La aplicación, en el marco de la ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, del impuesto denominado para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS) del 30% a los paquetes turísticos, compras al exterior por tarjetas de débito o de crédito y, a la adquisición de divisas para ahorro, hecho que ayudará a que el mayor ingreso en la población y con la persistencia de los límites a las operaciones de cambio, no se canalice en dólares y/o al consumo de servicios en esa moneda, reorientándose al turismo, a la compra y al ahorro en moneda local .

g) En cuanto al IVA (Impuesto al Valor Agregado) en alimentos básicos se determina un reintegro selectivo para jubilados que perciben el haber mínimo y a los beneficiarios de la AUH, hasta un tope de $700 por mes.

h) Reducción de las tasas de interés de los créditos Argenta que dio la ANSeS y que alcanza a 1.765.000 jubilados y pensionado y a 1.900.000 beneficiarios de la AUH, que abonaran una tasa del 31,5% anual y no pagarán las cuotas de enero, febrero y marzo, con los que se les restablecerá un nuevo cronograma de pagos a partir de abril, poniéndole límite a la usura con la asfixia del supuesto favorecido por el préstamo.

i) Lo mismo se estudia y se va a proponer con respecto a los créditos UVA (Unidad de Valor Adquisitiva) ajustables por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) que refleja el índice de precios al consumidor (IPC), índice que creció por encima del salario y en muchos casos por una diferencia considerable.

EN SÍNTESIS

El gobierno avanza en la defensa del mercado interno mientras negocia el tema del pago de la deuda externa, cuestión fundamental para determinar el “sendero fiscal”, esto es, si se cumple el objetivo de no pagar ni intereses ni capital por dos años, como propuso el Ministro de Economía Martín Guzmán, cuando en el proyecto de ley de presupuesto nacional 2020 del macrismo se estimaba los intereses en torno al 20% del presupuesto nacional (unos un billón doscientos mil millones de pesos, aproximadamente 17.000 millones de dólares) que de no pagarse al exterior se emplearán para obras de infraestructura, mejoras previsionales y gasto social y por otra parte, se reafirma que la demanda interna es la “gallina de los huevos de oro” del país, dado que más del 75% de lo que se produce se destina al mercado nacional, por ende cuando mayor consumo, mayores ventas y mayor inversión.

Lo decía Néstor Kirchner: “hay que darle plata al pueblo, porque si el pueblo tiene plata consume, si consume, los empresarios venden y si venden van a emplear más trabajadores y van a comprar más insumos para producir más y, de esa manera, se conforma una rueda virtuosa de crecimiento económico y mejora social”.

Paralelamente, en la ley 27.541 se incrementan las alícuotas del Impuesto a los Bienes Personales (Riqueza), que se llegan a duplicar en caso de que esos activos estén en el exterior; también aumentó los aportes patronales a la seguridad social, eliminó la reducción del impuesto a las ganancias a las empresas si no distribuyen los dividendos y, restableció los impuestos internos a los bienes de lujo (autos de alta gama, embarcaciones, helicópteros y avionetas, etc.); pero el Presidente Alberto Fernández vetó la suba del 8 al 12% de las retenciones a las exportaciones de las petroleras, quienes presionaron por considerar que deben recibir estímulos para invertir esencialmente en Vaca Muerta y la obtención de gas y petróleo no convencional; para favorecer el ahorro, también se eliminó el impuesto a las ganancias a los plazos fijos en pesos, acciones, bonos y títulos públicos en pesos y dólares.

Finalmente, también queda supeditado a la negociación con los acreedores el esquema de la ley 27.541 de los Derechos de Exportación (retenciones) al agro, pero con todas las limitaciones referidas, se va configurando un modelo de crecimiento en base al consumo interno y se espera atraer inversiones que en principio son orientadas a las actividades extractivas y primarias, pero como dice cada vez que puede el Presidente, con el fin de que sea el punto de partida para su industrialización.

MÉRITOS:

El mérito innegable del keynesianismo fue el de volver a plantear la importancia de la producción y de la distribución y definir que los problemas de la economía no los resuelve el “mercado”; y pensar en un Estado que sea el que procure y garantice el crecimiento sostenido, basándose en que es la demanda global la que impulsa la producción, y por ende se debe garantizar que sea la demanda la que crezca, a la par que se toman los recaudos para que la oferta la acompañe.

El mérito indudable del kirchnerismo ha sido frenar la especulación financiera y a la vez estimular el crecimiento de la producción y el trabajo, donde la “normalización” del sector financiero y la salida negociada del default fueron la base del desendeudamiento interno y externo, público y privado. La raíz “keynesiana” es la base y el punto de partida del gobierno de los Kirchner, donde es clave el rol del salario, del consumo interno y del Estado en la administración, gestión y programas de acción de corto plazo, pero también lo debe ser en la necesidad de elaboración de planes de mediano y largo plazo.

La programación implica la formulación de objetivos, el estudio de las alternativas de acción para alcanzarlos, la selección de los cursos de acción posibles y la prosecución de la acción elegida, a través de un programa de trabajo.

Como dijera Lucio Anneo Séneca “No tiene viento a favor, quién no sabe a dónde va”.

Ese es el requerimiento que la historia y la sociedad le exige y le pide al nuevo gobierno.

 

(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros. Posgrado: Gestión y Control de Políticas Públicas

ASUNCIÓN DE MARIO CAFIERO. El INAES al servicio de la creación de empleo

El Instituto nacional de Asociativismo y Economía social, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, ejerce las funciones que le competen al Estado en materia de promoción, desarrollo y control de la acción cooperativa y mutual.

Durante el acto de asunción de Cafiero, el ministro Daniel Arroyo se refirió a la situación actual de pobreza de nuestro país y señaló las alternativas para encarar su reconstrucción. En ese marco, en sentidas palabras acompañadas por un cálido auditorio que colmó el salón de actos de la avenida Belgrano,  sede nacional del Inaes, Mario Cafiero agradeció a sus familiares, amigos, compañeros trabajadores de la casa y numerosas organizaciones  presentes. "Como peronista soy incorregible -bromeó- y además , aunque ya no somos jóvenes también hacemos lío, y desde ya les digo que este organismo estará en las calles luchando codo a codo con el pueblo humilde para desandar los estragos de la economía financiarizada. Estaremos aportando a la creación de trabajo mientras luchamos contra el hambre, facilitando la participación de los actores de la economía social".

Este primer escalón del dispositivo de emergencia social en el que está empeñado el nuevo gobierno, fue destacado a su turno en el discurso de Daniel Arroyo, flamante ministro quien plantó los mojones que guian su gestión, a saber, resolver el drama heredado: el 60% de los niños pobres, el 40% de pobreza general y el millón y medio de jóvenes que no estudia ni trabaja. “Yo veo dos lugares: la economía social y el desarrollo local. Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba” enfatizó  Daniel Arroyo arrancando vivas y aplausos de los presentes, que permanecieron en el lugar al finalizar como queriendo ya tomar un estandarte y una misión precisa en la gesta planteada. Es que se ha hecho carne en estos años que el hambre no espera y que el otro, que es la Patria, está dolido y necesita que contruyamos desde ahora, todos unidos un nuevo Contrato social.

La puesta en marcha del tercer motor de la economía nacional

Timba financiera o producción y trabajo. Nueva política cambiaria y monetaria Por Horacio Rovelli (*)

 

El dinero nace de la necesidad de expresar el valor y la magnitud de valor de distintas mercancías (y el trabajo es considerado una mercancía) en un denominador común y, hablamos de precio cuando expresamos el valor de una mercancía en dinero. Gracias a la existencia del dinero, el productor del bien o servicio sabe que el fruto de su trabajo es valor. La principal función del dinero es la de ser el nexo entre los distintos agentes que conforman el circuito económico de producción, distribución, comercio y consumo, de manera tal que crezca en espiral retroalimentándose con lo que mejora el ingreso de la población.

El problema reside en que, en nuestro país y esencialmente cuando la restricción externa es mayor y por ende es menor el ingreso de divisas presente y futuro, empleamos nuestra moneda para la compra y venta de mercancías, pero usamos el dólar como reserva de valor (como ahorro) y para la compra de propiedades y bienes de mayor precio. Esa dicotomía provoca un deterioro permanente de la demanda de nuestra moneda, si a ello le sumamos la necesidad de emitir dinero para financiar el déficit fiscal, se termina convalidando un aumento generalizado de los precios que a su vez erosiona el valor de la divisa en el mercado local, con la presión de que se ajusten ambos valores en una nueva devaluación, entrando en un circuito de devaluación - inflación que puede incuso retroalimentarse y terminar en fuerte devaluación y por ende alta inflación.

Problemas con el tipo de cambio real

Esto sucede porque el tipo de cambio real es una relación entre los precios internos expresados en dólares y los precios internacionales.

Si nuestros precios crecen más que los del exterior, tarde o temprano deben equilibrase, de allí que cuando uno pondera el fuerte crecimiento de las importaciones de por sí, por el mayor nivel de actividad, como las de las energéticas, las de tecnología, y las de insumos que no producimos o no lo hacemos en la calidad y cantidad suficiente, le agregamos la de atrasar el tipo de cambio, con lo que se le suman las importaciones innecesarias que incluso compiten deslealmente con la producción nacional, el gasto en turismo, y toda una gama de erogaciones que aprovechan el atraso cambiario.

Fuga de capitales

Supimos tener un fuerte superávit comercial acumulado desde el 2003 hasta el año 2012 por 128.100 millones de dólares corrientes, una parte se empleó para pagar deuda externa, otra parte se invirtió en el país, pero la fuga de capitales fue inmensa. Basta solamente con conocer la infidencia de dos empleados de bancos extranjeros que operan en nuestro país, uno del banco HSBC, el ingeniero Hervé Falciani, que trabajó en la sucursal del holding financiero asiático-inglés en Ginebra - Suiza, que extrajo la información entre los años 2006 y 2008 referida a 130 mil clientes de la sucursal helvética, y allí descubre 3.900 cuentas bancarias abiertas por individuos y sociedades argentinas que no fueron declaradas al fisco argentino (fuga de capitales con nombre y apellido). El otro, un ex ejecutivo de cuentas del JP Morgan para Argentina, Hernán Arbizu, quien en su declaración ante la justicia estimó que, entre los diez bancos con mayor actividad en Argentina en materia de colocación de depósitos en el exterior sin ser declarados al fisco argentino, acumulaban en el año 2010 el manejo de unos 85 mil millones de dólares en negro. En ese listado, Arbizu señalaba que en sólo cuatro de ellos se concentraba el 65 por ciento del monto fugado (55 mil millones de dólares). Entre esos cuatro, el HSBC aparecía en un tercer lugar, con una cartera estimada en unos 10 mil millones de dólares.

Por supuesto la fuga de capitales se profundizó y expandió con el gobierno de Cambiemos al ir en su gestión levantando todas las limitaciones a la compra de divisas y su giro al exterior, de manera tal que, según el BCRA, desde el 1 de enero de 2016 al 31 de octubre de 2019 la formación de activos externos (FAE) de residentes argentinos al exterior fue de 84.200 millones de dólares.

En el final de la gestión de Macri pusieron un límite, primero de 10.000 dólares por persona y luego de 100 dólares o 200 por home banking tras la derrota en las elecciones nacionales del 27 de octubre de 2019.

Pesos versus dólar

Haber dejado actuar libremente a las entidades financieras y cambiarias reprodujo el clásico de “pesos contra dólar” de manera tal que las tasas que le pagaban a sus clientes las entidades financieras, para que se queden en pesos, era cada vez mayor y, a la vez no se frenaba la compra de divisas.

Si observamos el cuadro de grandes números del BCRA, apreciamos que las Reservas Internacionales descienden desde las PASO en 22.771 millones y en cambio la Base Monetaria, que es el dinero creado y puesto en circulación por el BCRA, se expande en $ 298.685 millones por un lado, pero por el otro, se pierden depósitos en dólares en las entidades financieras del sistema por 14.469 millones de dólares, corroborando la “fuga” y las Leliq, que funcionan como encaje remunerado, (por $ 773.419 millones al 21 de noviembre de 2019) también descienden.

 

Fecha             Reservas Int.      Depósitos en U$S        LELIQ                Base Monetaria 9/8/2019        66.309                   35.243                      1.288.868            1 .344.759              21/11/2019    43.538                   20.774                        773.419             1.643.444 Diferencia       -22.771                -14.469                         -515.449               298.685      

  Nota: En millones de pesos o de dólares según corresponda. Fuente: BCRA

 

La reserva es deuda

Lo que decimos con esto es que las reservas internacionales del BCRA son exclusiva y totalmente deuda externa contraída por el Tesoro de la Nación, que le vendió esa deuda al tipo de cambio oficial al BCRA (conformando sus reservas internacionales), para poder cubrir sus gastos en pesos (los contratistas, jubilados y pensionados, prestadores de servicios y trabajadores públicos que cobran en pesos).

Sin embargo, de esa deuda, el BCRA vendió irresponsablemente a quienes sacaron esos dólares del circuito productivo argentino la suma de 22.771 millones de dólares tras las PASO, suma que es similar a los compromisos por deuda en divisas para los primeros seis meses del nuevo gobierno.

Paralelamente, el BCRA pagó tasas siderales en Leliq que rondaron el 70% anual en este año 2019, para que las entidades a su vez participaran de esa renta financiera a sus clientes, generando un circuito perverso que debieron pagar los tomadores de créditos con el único fin de frenar la depreciación de nuestra moneda, que tampoco consiguieron, dado que era de $ 20,20 la unidad de moneda de los EEUU el 25 de abril de 2018 cuando la autoridad monetaria vendió ese solo día más de 1.200 millones de dólares y se triplicó en su precio a noviembre de 2019.

 

La economía especulativa, destructora del trabajo y enemiga de la producción

UNA NUEVA POLITICA MONETARIA Y CAMBIARIA

Se debe continuar con un férreo control cambiario e imponer un impuesto a la compra de divisas para ahorro, como hace Italia, por ejemplo, que cobra una tasa del 19% por esa operación. De esa manera se da un primer paso para no repetir la puja tasa de interés y dólar en beneficio del capital financiero y perjudicando al sistema económico productivo y distributivo. Todos los países que crecen en el mundo, tienen tasas de interés en su moneda, baja, y tipo de cambio alto.

Tras la impericia del gobierno de Cambiemos, el tipo de cambio es alto, medido como se lo quiera medir, incluso con los criterios de la convertibilidad, si dividimos la Base Monetaria ($ 1.643.444 Millones) por las reservas internacionales del BCRA (U$S 43.358 millones) da un tipo de cambio promedio de $ 38.- , por lo que si se persevera con el control cambiario, se está en condiciones de reducir drásticamente la tasa de interés y a la vez, generar créditos a plazos para que el aparato productivo en general y las PyMes en particular puedan recomponer su capital de trabajo.

Lo demostró este mismo gobierno cuando impuso el severo control cambiario el lunes 28 de octubre de 2019 y observamos, a un mes vista, que el precio del dólar se detuvo (por fin) y las tasas de interés descienden, y no descienden más porque los ahorristas temen un plan que inmovilice las imposiciones, con lo que, de reducirse más la tasa, ven que el riesgo es mayor que lo que pueden percibir de interés.

Otros medios de pago

Por otra parte, dado los serios problemas de liquidez (falta plata para comprar bienes y servicios) generados por el gobierno de Cambiemos y, la necesidad de asistir a la población, como planteamos en una anterior nota (ver más abajo), se necesita contar con una moneda no convertible, con la que no se pueda comprar pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.) ni títulos públicos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés.

Sólo se podría comprar y vender bienes y servicios en el mercado interno y pagar los impuestos, por lo que sirve exclusivamente como moneda transaccional en la Argentina. A medida que el Estado nacional fuera percibiendo los pagos con esa moneda no convertible, rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos, de esa manera se crea un medio de pago genuino y no atado al dólar.

También el uso de una tarjeta denominada DIGNA, pensada por un equipo de profesionales cuyo coordinador es el Dr. Carlos Cleri, en que los beneficiarios de la AUH y los jubilados y pensionados que cobran la jubilación mínima o en torno a ella, recibirían un refuerzo monetario mensual que solo podrían utilizar para consumir un conjunto predefinido de alimentos y medicamentos, en una red específica de establecimientos, comercios y mercados.

Esto sería posible porque el sistema funcionaría 100% de forma digital, pudiendo realizarse los pagos solamente a través de una tarjeta o de una aplicación móvil, la cual no autoriza una operación que incluya productos que no formen parte de la lista de productos que componen el programa. El sistema funcionaría por fuera del circuito bancario. Para ello se debe crear una Blockchain (tecnología de vanguardia en términos de registro y transferencia de información) de propósito específico administrada por el Estado nacional.

El uso de un cheque cancelatorio, determinado por la Ley 25.345 para comprar propiedades (inmuebles, terrenos, etc.), pero que debe ser transformado para que su uso sea exclusivamente en pesos; de esa manera se debe contar con dinero local y si se tienen divisas, depositarlas en el banco que libra el cheque cancelatorio (quien debe a su vez girarla al BCRA) y recibirá dinero local al tipo de cambio oficial.

Crédito a la producción y al trabajo

Volver a crear un Banco de Desarrollo, similar al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil que es de fomento de la expansión de la industria y la infraestructura del país, llegando a cubrir el apoyo a la exportación, a la innovación tecnológica, al desarrollo socio ambiental sostenible y al apuntalamiento de la obra pública.

En fin, existe una amplia gama de instrumentos para generar créditos y liquidez al sistema económico argentino, para lo que principalmente se debe terminar con la lógica rentista de las leyes 21.526 de reforma financiera de 1977 y 24.144 de Carta Orgánica del BCRA de Domingo Cavallo, que deben ser modificadas para propiciar el crédito a la producción y al trabajo, para que el crédito vuelva a ser un bien público, tanto porque se nutre con la agregación del ahorro de los ciudadanos como porque su uso repercute en la economía de toda la población y no que se emplee para comprar divisas o para la especulación financiera y que, cuando se destina y lo hace en cuenta gotas al sistema productivo, lo hace a tasas confiscatorias del capital del solicitante.

Volver a las fuentes

Basta ver que, antes de la reforma financiera de 1977, el crédito al sector privado no solamente era mucho mejor distribuido, abasteciendo a diferentes sectores y regiones del país, sino que representaba el 45 % del PIB. Al día 21 de noviembre de 2019 representa el 7,6% del PIB, solo es negocio para los grandes bancos a los que les confiere un poder excepcional sobre la mayoría del país. En síntesis, se trata de que el dinero cumpla su rol de nexo y permita la realización de todas las operaciones propias de su función, ser un denominador común de todos los bienes y servicios y que tenga valor en sí mismo, valor que le confiere el Estado y que nace de una economía pujante en crecimiento y distribuyendo equitativamente los ingresos, como supimos tener, por ejemplo, en los gobiernos de Perón y de Illia.

(*) Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Profesor a cargo de la asignatura Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), y de Instituciones Monetarias e Integración Financiera Regional en la Facultad de Ciencias Económicas (UBA). Miembro de la Comisión de Economía de la Fundación Estado, Trabajo y Producción (FETyP). Vocal de la revista Realidad Económica. Fue Director Nacional de Programación Macroeconómica en el Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación. Autor de numerosos trabajos publicados sobre los temas económicos y financieros. Posgrado: Gestión y Control de Políticas Públicas

Cómo salir de la trampa del dólar. Por Horacio Rovelli. Breve historia de la dolarización y dos propuestas nacionales: cheque cancelatorio y moneda no convertible.

Corría el mes de mayo del año 1973 y mientras el pueblo argentino en la calle gritaba “se van, se van y nunca volverán”, en una casona de la calle Azcuénaga 1.673, propiedad de la familia Blaquier-Arrieta —los dueños del Ingenio Ledesma en Jujuy— iniciaban las primeras reuniones para conspirar y hacer fracasar al nuevo gobierno los generales Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, asesores del futuro gobierno militar como Jaime Perriaux y Hugo Miatello (jefe de la SIDE entre 1971-1973), José Alfredo Martínez de Hoz, junto a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Horacio García Belsunce y Ricardo Mansueto Zinn por el Grupo FIAT, Guillermo Zubarán (que fuera Secretario de Energía de Videla), Enrique Loncan (Barrick Gold y Banco General de Negocios), Armando Braun (La Anónima SA) y Juan Etchebarne (Con Videla fue presidente de la Comisión Nacional de Valores). A la vez, elaboraban el plan económico que iba a implementar la última dictadura cívico-militar, cuyos vectores principales pasaban por quebrar la alianza, que de hecho existía, entre trabajadores y empresarios ligados al mercado interno —donde ambos crecían si aumentaba el poder adquisitivo del salario— por un lado, y deteriorar el rol del dinero argentino como medio de ahorro, por el otro.

Dolarizar, una estrategia eficaz

Es con la dictadura militar que la compra de bienes importantes, sobre todo inmuebles y campos, se hace en dólares, generando de hecho un sistema bimonetario, que fue el objetivo perseguido para conferirle a los exportadores y a los que ingresaban divisas cualquiera sea el concepto, la potestad de generar ahorro, así como el poder de veto de todo otro proyecto que no cumpliera con lo dispuesto por el sector beneficiado.

No fue un problema cultural, psicológico, práctico, de confianza o desconfianza que se recurra a la divisa norteamericana. Fue planificado y diseñado por la sociedad cívico-militar que se apropió por asalto del Estado y que, con brutal represión mediante, disciplinó al resto de la sociedad. El objetivo era que nuestra moneda fuese un mero instrumento de cambio, pero que el medio de ahorro fuese el dólar. A su vez, ellos serían los principales proveedores de las divisas mediante exportaciones, toma de deuda o venta de activos en el país.

Obviamente, además de los sectores con acceso a la moneda norteamericana, el otro beneficiado fue y es EE.UU., a quien se le asegura la demanda de su dinero, causa principal de la desavenencia de esa Nación con Europa y su Unión, del acuerdo Japón-China de intercambiar con su propia moneda y con la URSS, y hasta potencialmente con el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que tenía como propuesta la de usar su propio dinero para el comercio entre ellos.

Cheque cancelatorio

Pasó el tiempo y en noviembre de 2010 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner implementó el cheque cancelatorio que, desde el punto de vista legal, es un medio de pago asimilable a la entrega de dinero en efectivo. Los cheques cancelatorios son emitidos por el BCRA. Cuando se autorizó su implementación, tenían un rango que iba de 5.000 a 400.000 pesos o de 2.500 a 100.000 dólares y solo podían utilizarse para operaciones inmobiliarias. Sobre esa base, dos investigadores de la Universidad de Buenos Aires, Adrián Rojze y Martín González Samartín, van a proponer nuevamente el cheque cancelatorio, pero esta vez exclusivamente en pesos y para comprar todo tipo de bienes registrables.

Este es el hilo argumentativo central que orienta la exposición de Rojze y de González Samartín, en la presentación conjunta de su ponencia titulada “Para recuperar la soberanía monetaria” , presentada durante las XIII Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA que tuvieron lugar en los últimos días del mes de agosto. La implementación del cheque cancelatorio tiene como objetivo dotar a la economía nacional de un instrumento que cumpla la función que cumple el dólar en la compra de activos durables, bienes de capital y transacciones financieras, de modo de reemplazar al dólar como medio cancelatorio de dichas transacciones.

Al estar nominado en pesos, hace que la moneda nacional se refuerce más en lo atinente a la función de reserva de valor, íntimamente relacionada con este tipo particular de transacciones. El cheque cancelatorio será emitido y garantizado por el Banco Central en la moneda local y canalizado por las entidades financieras, pudiendo intercambiarse entre particulares por un determinado período de tiempo al cabo del cual deberá ser depositado en una entidad financiera. Esta transitoriedad tiene como objetivo, precisamente, no desvalorizar a la moneda nacional circulante. Pero, lo más importante, es que se crea el cheque cancelatorio como instrumento de uso obligatorio en las transacciones de bienes registrables en el mercado interno, tanto muebles como inmuebles, así como para la suscripción de títulos valores emitidos por agentes económicos destinados a su colocación en el mercado de capitales interno. De otra manera, queda invalidada la operación.

Todas las compras y ventas de propiedades en el país deben ser realizadas con cheque cancelatorio creado por el BCRA y con número correlativo del BCRA. El titular depositará pesos o dólares en la cuenta de un banco y si ese banco recibe dólares, serán cambiados al tipo de cambio oficial por el BCRA (ingresando los dólares a las reservas internacionales de la autoridad monetaria y emitiendo pesos al tipo de cambio oficial). Para su implementación se debe modificar el Artículo 766 del Código Civil, se prohíben los contratos nominados en moneda extranjera y los contratos actualmente vigentes en esa moneda se convertirán a pesos a tipo de cambio del día en que se hace efectiva la primera transacción de este instrumento, luego de la entrada en vigencia de esta medida, a partir de lo cual mantendrán su valor en moneda nacional. Obviamente se necesita de todo el poder político para hacerlo y de todo el apoyo del pueblo argentino que debe tomar conciencia de que el huevo de la serpiente es el verdadero cáncer que sufre nuestra sociedad [1] y que se debe extirpar de raíz.

 

Dinero no convertible

Tampoco es una excentricidad la creación de una moneda inconvertible. Por el contrario, se trata de un instrumento de política económica autónoma probado exitosamente por varios países ante situaciones extremas como la nuestra; entre ellos Alemania (por dos veces) y Francia al término de la Segunda Guerra. Con este instrumento, junto a una serie de medidas concomitantes de raigambre keynesiana, estas naciones pudieron rápidamente poner en marcha su aparato productivo y dar ocupación a los trabajadores que retornaban a sus hogares desde el frente, sin quedar sujetos eternamente al endeudamiento externo.

Quien mejor estudió esta cuestión entre nosotros fue Mauricio Prelooker, un economista independiente del establishment de gurúes profesionales con ambición de lobbistas, que dominan en los medios por haber hecho en Harvard o Chicago un cursillo para economistas del «patio trasero». Este estudioso de la economía, que falleció a comienzos del año 2001, presagió la crisis inevitable y propuso las principales medidas para salir de la misma sin incurrir en una brutal devaluación de nuestra moneda y con ello la caída abismal del poder adquisitivo de los salarios, jubilaciones y pensiones, como finalmente sucedió en el año 2002.

Prelooker tenía una propuesta para evitar a toda costa la devaluación con el pretexto de mejorar nuestras exportaciones, devaluación que siempre beneficia a unos pocos y perjudica al conjunto. Una propuesta para superar la asfixiante escasez de dinero a la que nos condujo la convertibilidad y que no necesitaría los gravosos préstamos del FMI y permitiría consolidar al Mercosur-Unasur y CELAC como una fuerza autónoma y pujante.

El primer paso en esta dirección era la creación de una moneda inconvertible (a la que provisionalmente llamó «bancor» o «gaucho») con ciertas características:

a) Sería un billete de banco que, a diferencia de los «bonos» nacionales o provinciales, tendría curso legal de aceptación obligatoria tanto para el sector público como para el sector privado.

b) Con ellos no se podrían comprar pesos ni divisas u otros valores convertibles (joyas, oro, etc.), ni títulos públicos, acciones, cheques o cualquier otro instrumento bancario sujeto a interés. Sólo se podría comprar y vender en el mercado interno y pagar los impuestos.

c) A medida que el Estado fuera recibiéndolos rescataría esos billetes, reemplazándolos por pesos. El remanente sería rescatado al cabo de cinco años.

d) El respaldo de esta moneda sería un aval inmobiliario constituido por el impuesto a la renta de la tierra, a cobrar cuando la reactivación lo facilitase. Los detalles del programa son muchos, entre ellos el control del comercio exterior, lo que requiere una fuerte decisión política. Pero baste decir que, con la inyección de liquidez no inflacionaria que implicaría este «autopréstamo», rápidamente podría ponerse en marcha el aparato productivo inactivo y encarar obras públicas de proyección. Prelooker —que conocía bien el país por haber asesorado largamente a cooperativas de producción— tenía en mente el plan integral del Bermejo-Paraná que posibilitaría incorporar a la producción tantas hectáreas de regadío como las actualmente existentes (además de ahorrar los daños cíclicos de las inundaciones), creando inmensas fuentes de trabajo. Una vez iniciado el círculo virtuoso de trabajo y consumo se irán reemplazando los planes Trabajar y otros subsidios a los que se achaca el permanente déficit fiscal del Estado y el oprobioso Riesgo País. Los únicos que no se verían beneficiados por medidas como éstas serían los bancos y demás tenedores de la deuda y su cohorte de voceros profesionales que medran con las eternas refinanciaciones.

 

Síntesis

 

En los mercados externos descuentan una situación harto difícil para el nuevo gobierno argentino. La tasa de Riesgo País supera los 2.200 puntos y, por ejemplo, el BONAR 2020 en dólares cotizaba el 27 de noviembre de 2019 a 38,20 dólares la lámina de 100. (Este BONAR vence el 8 de octubre de 2020 y se debe pagar los 100 dólares del valor nominal de la lámina más una tasa fija del 8% anual). Pese a que al final de su gobierno Cambiemos instrumenta un férreo control cambiario, la tasa de interés en pesos que se paga por las LELIQs ronda el 65% anual y el dólar de salida (contado con liqui) es de $ 76,86 para esa fecha. En ese marco es imprescindible adoptar medidas importantes y centrales que cambien los ejes de especulación y fuga de capitales imperantes.

Para ello existe una amplia gama de variantes y de instrumentos para impulsar el crecimiento y la mejora en la distribución del ingreso, por un lado y, para terminar con este flagelo colonial de depender de una moneda que no es la nuestra, como lo impuso en 1813 la Asamblea General Constituyente al ordenar acuñar moneda de oro y plata con el sello de las Provincias Unidas.

Entre esas medidas, estas dos propuestas (cheque cancelatorio y moneda no convertible) de economistas nacionales, así como se deben adoptar otras prevenciones como la de contar con un Banco de Desarrollo, imponer férreos controles en las maniobras de subfacturación de exportaciones (por ejemplo un estricto control de los puertos y de las embarcaciones de la hidrovía del Paraná), sobrefacturación de importaciones, transacciones bursátiles con otras plazas, compraventas de bienes registrables, puesta en funcionamiento pleno del Registro Nacional de bienes rurales, etc., y, sobre todo, un plan explícito que nos diga cuáles son los principales objetivos a lograr, ordenando las prioridades, sabiendo que jamás tiene viento a favor quién no sabe a dónde va y que todo el pueblo argentino tiene derecho a conocer y a discutir, profundizar y colaborar, dada que su participación es condición sine qua non para que se pueda llevar adelante.

 

El riesgo de hiperinflación

 

La tarea es de gran magnitud, no libre de riesgos y de conflictos. Pero si no se toman las medidas adecuadas, los acontecimientos y la relación de fuerzas harán que tarde o temprano se desemboque en un efecto hiperinflacionario con el consiguiente desprestigio del nuevo gobierno que capitalizarán los grandes beneficiados del modelo impuesto a sangre y fuego en 1976, que ahora incluso cuentan con más de diez millones de votos. Solo con un plan, decisiones claras y participación del pueblo se puede reedificar una nueva y gloriosa Nación, como dijera Néstor Carlos Kirchner en su discurso del 25 de mayo de 2003, al asumir la Presidencia de la República.

[1] La fuga (Formación de Activos Externos) de 82.100 millones de dólares desde el 1 de enero de 2015 al 30 de septiembre de 2019 lo corroboran y lo miden.

La economía como arma de la dependencia

Argentina en la encrucijada. Por Antonio Muñiz (*)

Argentina enfrenta, una nueva vez más, un cambio de gobierno en medio de una crisis económica y social compleja y de difícil pronóstico. El gobierno que se va, pese a contar con amplios apoyos en el mundo empresarial, en los organismos internacionales, y ganar legítimamente en una segunda vuelta en 2015, nunca pudo encontrar un rumbo claro ni generar un proyecto de país integrado y sustentable. Quedó enredado en sus limitaciones políticas e ideológicas y en su lógica de “negocios para los amigos. Su impericia, sus errores y “horrores” lo llevaron a un acuerdo con el FMI que condenó el destino de su gobierno. Al completar cuatro años de gestión no puede mostrar ningún logro significativo y con una gestión económica que muestra números de catástrofe, tanto en inflación, déficit fiscal, endeudamiento, pobreza, indigencia, primarización de la economía, etc. La ciudadanía expresó su repudio en las elecciones nacionales, donde el gobierno perdió de manera aplastante frente a una coalición amplia centrada en el peronismo y en las figuras de Alberto Fernández y Cristina Fernández. En 2015 CFK entregó su gobierno en una situación económica relativamente estable, desendeudado, con índices de crecimiento bajos pero de crecimiento, y en general todas las variables económicas manejables, salvo la más compleja, pero estructural, restricción externa de la falta de dólares en la economía. El gobierno macrista no solo no solucionó ninguno de los problemas heredados, sino por el contrario profundizó todos y creó nuevos y más graves.

Más allá de la impericia, errores y soberbia ideológica que nos llevaron a esta situación hubo una corrupción generalizada en todos los estamentos gubernamentales, que la justicia deberá investigar en los próximos meses, pero hay además limitaciones estructurales que debemos analizar y resolver para terminar con este ciclo de fracasos y crisis periódicas.

El potencial argentino

El fracaso de la nueva experiencia neoliberal nos muestra una vez más, que, si bien Argentina es un país rico, con abundantes recursos naturales, agro alimentos, minería, energía, etc., estas riquezas no alcanzan para generar un modelo económico de desarrollo integrador e inclusivo.

Quedó claro, una vez más, que con un modelo basado en la exportación de commoditys agro-mineras y servicios, es imposible darle una repuesta a los 45 millones de argentinos. Argentina es un país con una matriz productiva heterogénea, con fuerte presencia del sector industrial. La industria manufacturera genera más de 1.300.000 puestos de trabajo, casi el 20% de la población económicamente activa. La industria no solo es el principal empleador, sino también el que paga mejores salarios y el que presenta mejores índices de formalidad. Cada puesto industrial directo genera, además, 2,5 empleos indirectos.

Contrariamente a lo que se cree, el 25,1 % de las exportaciones son manufacturas de origen industrial, un 38,5 % manufacturas de origen agropecuario, solo un 29,5 % productos primarios y un 6,6 petróleo y energía. (Datos enero 2019), Con esta realidad actual, a pesar de las políticas de desindustrialización llevadas en las últimas décadas por las políticas neoliberales, Argentina cuenta con la capacidad, la historia y la estructura para lograr un proyecto de desarrollo integrado y jugar un rol más significativo en el comercio mundial.

¿Cuál es la estrategia para lograr esos objetivos de desarrollo?

Si bien es cierto que el mundo está en un proceso muy convulso, con la lucha por la hegemonía global entre EEUU y China como telón de fondo y una fuerte recesión en el comercio mundial, existen para Argentina oportunidades. Desde la generación del 80, aunque el debate ya estaba en la sociedad desde la época colonial, hubo un conflicto permanente entre dos modelos de país, un modelo agro exportador, asociado al puerto de Buenos Aires y sometido a las lógicas y necesidades del imperialismo inglés, contra un modelo industrializador, sustentado por Moreno y sobre todo Belgrano primero, más tarde por muchos caudillos del interior y más tarde por figuras como Alberdi o Pellegrini. Gran parte de nuestra guerra civiles durante el siglo XIX, se explican por la lucha entre la burguesía comercial porteña, asociada con sectores oligárquicos provincianos, más los intereses comerciales y financieros británicos, contra los sectores populares del interior que defendían un modelo económico pre industrial, pero autónomo y generador de trabajo.

Esa dicotomía entre campo o industria, entre ser un país agro exportador o un país industrializado recorre toda nuestra historia. El próximo 10 de diciembre se inicia un nuevo gobierno de orientación peronista con clara vocación industrialista, movilizador de todos los recursos y a favor del desarrollo del mercado interno. Hay que dar por superada la disyuntiva entre campo e industria, la lógica próxima debe ser campo industria, minería y servicios integrados en un proceso de agregar el mayor valor posible a toda nuestra producción.

Para eso, se necesita una política industrial muy fuerte, que agregue valor a la producción primaria pero a su vez fomente el desarrollo de sectores productores de bienes de media y alta tecnología. Debemos aprender de la experiencia de los países centrales la aplicación de políticas de desarrollo industrial extendidas, de largo plazo, que ponen el objetivo central en la generación de valor a través de la innovación científica y tecnológica permanente. Estas iniciativas integrales deben ser de articulación público-privada. En todo proceso industrializador es clave la participación del Estado.

Restricciones estructurales

La historia económica argentina muestra crisis cíclicas de expansión y frenos, conocidos como “stop and go”. Muchos economistas siguiendo el pensamiento de Marcelo Diamand hablan de una matriz productiva desequilibrada, que en periodos de crecimiento industrial aumenta la demanda de dólares para la importación de máquinas y equipos, productos intermedios, etc., que se destinan a la industria. A mayor crecimiento mayor es la demanda de dólares. Esto lleva a un punto en el que se produce una crisis externa por la falta de divisas con fuertes presiones devaluatorias sobre el peso.

Esta restricción se vio claramente en la última etapa del gobierno de CFK, cuando el proceso de industrialización había tocado un techo y se manifestaban fuerte presiones contra el peso, con una fuerte demanda de dólares, no solo para financiar el proceso sino también el ahorro de ciertos sectores medios, más la apropiación y fuga de divisas por parte de los bancos y los grupos concentrados. La respuesta natural del gobierno fue poner restricciones a la compra venta de divisas y una administración férrea de las importaciones.

En una economía como la Argentina la única manera de generar dólares es a través del comercio internacional o el endeudamiento externo. El gobierno de Macri, en sus comienzos levantó “el cepo” cambiario y comenzó a generar una fuerte deuda externa, no para financiar un proceso industrializador, ni para desarrollar infraestructuras básicas, sino para financiar gastos corrientes y para peor financiar la fuga de capitales, que llegó a límites pocas veces vista. Este endeudamiento irresponsable, rayano en lo delictivo, volvió a generar una crisis externa con fuertes y reiteradas devaluaciones, de 9,50 pesos en diciembre de 2015 a 60 pesos en octubre de 2019, altísimas tasa de interés que permitieron la bicicleta financiera y pingues ganancias para los operadores, alta inflación, recesión, fuga masiva y pérdida de reservas, para terminar poniendo nuevamente restricciones muy duras a la compra venta de dólares. Si observamos el desempeño de las exportaciones, las ventas argentinas al mundo son un 30 % más bajas que en 2011, cuando alcanzaron un pico de casi 83.000 millones de dólares.

Esto puede explicarse por la crisis recesiva en el comercio mundial, la crisis en Brasil, nuestro principal socio comercial, la caída de los precios de los commoditys, etc., pero también muestra la pésima gestión del gobierno macrista en el área, que no tuvo ninguna política de fomento de la exportación y usó las importaciones de bienes finales para frenar los precios internos, desarticular las industrias menos competitivas y beneficiar directamente a sus socios amigos de las cámaras de importadores.

En cambio en el último año, con la crisis y la recesión instalada, la balanza comercial alcanzó 12 meses consecutivos de superávit: llegó a u$s1.168 millones en agosto de 2019. Las exportaciones subieron en agosto un 7,5% interanual a u$s5.568 millones, mientras que las importaciones cayeron un 30,3% a u$s4.400 millones.

“La trayectoria superavitaria de la balanza comercial es consistente con la contracción económica que experimenta el país desde 2018". Según señala el CIPPEC , "la economía argentina padece una dinámica que se repite hace décadas: la trampa de crecimiento interrumpido”. Es decir el fenómeno de “stop and Go” del que hablamos líneas más arriba.

“Cuando el crecimiento se interrumpe, las importaciones caen rápidamente, mientras que las exportaciones se mantienen o incluso crecen producto de la corrección cambiaria. La Argentina se encuentra en esta fase del ciclo, tal y como muestran las cifras del saldo comercial de agosto”.

Pero el país necesita dólares para funcionar, solo para el pago de capital e intereses de la deuda en 2020 se necesitan unos 45.000 millones. Una cifra imposible de pagar, por eso el nuevo gobierno ya ha entablado negociaciones con el FMI para refinanciar la deuda a mayores plazos.

Romper la lógica pendular

Es fundamental que Argentina rompa esta lógica pendular, cambie el eje de su mirada sobre los problemas económicos que padece históricamente. La mirada neoliberal de apertura indiscriminada, primarización de la economía y apropiación y fuga permanente de la renta acumulada por los argentinos mostró su inviabilidad histórica. Una política económica “ofertista” y posterior derrame mostró también su falacia. Como decíamos anteriormente el próximo gobierno encarará un proceso de industrialización acelerada, creemos que tampoco pueden funcionar en el mediano y largo plazo políticas de desarrollo basadas en la industrialización por sustitución de importaciones (ISI).

Hacia la planificación estratégica participativa

Si bien las urgencias del corto plazo son complejas y requerirán tiempo y esfuerzo es necesaria una planificación estratégica para lograr una argentina desarrollada. Una planificación de este tipo no puede pensarse para el período de un gobierno sino como un proyecto a 20/30 años. Esta planificación deberá ser consensuada y elaborada con una alta participación de todos los actores involucrados. Debe ser un proyecto de país, en el que las mayorías populares se sientan parte y beneficiarias del mismo.

Las oportunidades de inversión y desarrollo para Argentina son muy promisorias, si la comunidad toda asume un compromiso de llevar adelante estas políticas y acciones. Por supuesto, competir con bienes industriales y con valor agregado en un mundo donde la frontera tecnológica se corre día a día, es difícil. En una muy breve síntesis podemos decir que Argentina debe pensarse a sí misma dentro de la Patria Grande continental, no por un tema ideológico, sino de oportunidades de negocios, aprovechar un mercado ampliado, mejorando nuestra escala de producción; aprovechar las oportunidades que deja la expansión de China sobre los países de Latinoamérica.

China puede ser un buen socio para el desarrollo de energía, transporte, tecnologías, comunicaciones, financiero y además un mercado importante para nuestros alimentos elaborados; en este orden un gran eje debe estar puesto en el desarrollo de una industria alimenticia de escala mundial, para ello se deberá agregar valor a la producción agropecuaria; incentivar a las industrias que producen para el mercado interno, como textiles, metal mecánica, marroquinería, que ocupan rápidamente mano de obra; fomentar una minería sustentable, que no destruya el medio ambiente, pero agregándole valor, es muy necio exportar minerales sin industrializarlos, ya que la utilidad que deja es muy poca.

El litio en el norte, por ejemplo, es una oportunidad para desarrollar tecnologías y fábricas de baterías; los yacimientos de Vaca Muerta son otra oportunidad de generar una industria petroquímica a partir del petróleo y el gas; reformular el sistema bancario financiero, con una orientación clara para que los ahorros de los argentinos vayan a financiar el consumo, la vivienda y la producción, no al servicio de la especulación y la fuga.

Capacitar mano de obra en el uso de nuevas tecnologías, ésta debe ser una tarea conjunta del estado y las empresas para lograr recursos humanos altamente capacitados. Una estrategia de desarrollo no puede basarse en bajos salarios, Argentina no es un país de oriente. Por el contrario debe pensarse en altos salarios, mayor productividad, con un mercado interno importante; Argentina aún está a tiempo de adaptar sus políticas e instituciones a la llamada Cuarta Revolución Industrial (4RI), es decir, el conjunto de nuevas tecnologías (como la Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, Big Data, la impresión 3D y los sensores inteligentes, entre otras) que están cambiando la forma en que producimos, consumimos y trabajamos.

Es fundamental la creación y fortalecimiento de un sector pyme industrial y de servicios, que sea líder en el proceso de industrialización. El estado deberá cumplir un rol central en este proceso, deberá ser un socio activo de las empresas, deberá administrar premios y castigos, llevar adelante la planificación participativa de estas políticas, ser el articulador entre los organismos públicos y privadas para promover las investigaciones científicas y tecnológicas pero también su transferencia hacia las empresas, generar una banca pública al servicio de los objetivos planificados y un orientador de los bancos privados hacia la financiación de las pymes y las actividades productivas, un promotor de venta de nuestros productos en el exterior a través de las diversas estructuras que posee y en la organización de misiones de negocios.

Por último y tal vez lo más importante, es necesario romper el tabú neoliberal, es necesario recuperar el Estado empresario, para que esté presente allí donde el capital privado no puede o no quiere estar o donde las necesidades estratégicas lo requieran. La puesta en marcha de este proceso requerirá un cambio cultural y aptitudinal muy importante, ya que para su éxito se requiere la puesta en marcha de toda la comunidad en los objetivos fijados.

El tren de la historia vuelve a darnos otra oportunidad, subámonos a él.

(*) Presidente del PJ de Luján

El liberalismo regresa esta vez con venganza. Por Pedro Páez Pérez (*)

La vertiginosa transformación de la coyuntura en nuestra región, es el coletazo del lagarto herido. Algo peligrosísimo, cuidado con el triunfalismo. Ahora es, en la balanza, mayor el peligro que las esperanzas y las oportunidades, dicho esto no desde una perspectiva pesimista sino desde la necesidad urgente de que ubiquemos las amenazas para hacerles frente. Esta vez el liberalismo regresa a América Latina con la venganza. Ya no tiene nada que ofrecer. A las promesas de hace treinta años, de que podía abrirse un atajo "hacia el primer mundo", ya nadie las cree. En ese sentido la experiencia Macri en Argentina no da margen para equivocarse, no es cuestión de opinión. Sin embargo, luego de los estragos perpretados en su gestión, todavía logra capturar un 40% del voto. Aun en su momento de decadencia, en el imperio lo último que decae es su capacidad de generar sueños, que luego se convierten en pesadillas. Crea ilusiones que se vuelven delirios, alucinaciones. Donald Trump es parte de esa situación. Creo que el golpe en Bolivia abre, posiblemente, un ciclo largo, similar a los de los sesenta y setenta. Al menos desde la intenciíon del imperio, ya que los pueblos tienen sus respuestas. Han llegado a una conclusión en el imperio, en cuanto a la utilidad que prestaban las democracias formales. Mientras eran sitiadas, y seguían los condicionamientos del FMI-Banco Mundial,BID, etc., les servían. Hasta el golpe contra Dilma, contra Lugo y contra Zelaya, hacían un esfuerzo por cuidar las formas. Pero con Bolivia ya abandonan las excusas, no se escudan en argumentos. Y es que no les importa ya guardar las formas institucionales. Debemos tener en cuenta ese horizonte, desde el interés de los pueblos. Y en este sentido está la cuestión de la deuda. Allí hay que buscar una fortaleza. Como se dice, si usted le debe un millón de dólares al banco, usted está en problemas; pero si le debe 10 millones, el que está en problemas es el banco. Argentina debe 56.000 M de dólares al FMI, una debilidad que hay que convertir en fortaleza. Las irregularidades que se han cometido sin duda en ese préstamo, quedarían evidenciadas de hacerse -como se hizo en su momento en Ecuador- una auditoría que, superando cualquier visión ideológica, con miradas incluso de derecha, dejan en claro, que se violó la normativa del propio organismo internacional de crédito. Esta situación, frente al cambio de gobierno, puede producir un amplio margen de maniobra, que dé lugar a una nueva arquitectura financiera. En esto mantengo viva la esperanza de retomar el proyecto del Banco regional del Sur. Un fondo del Sur, de nuestros países que permita construir soberanía y evite las trampas del capital internacional que fomenta las peleas entre nosotros, como es el caso del Mercosur.

(*) Docente investigador de la Universidad Central del Ecuador, ha sido Superintendente de Control de Poder de Mercado del Ecuador,Ministro Coordinador de la Política Económica, representante Plenipotenciario del Ecuador para tratar temas sobre la Nueva Arquitectura Financiera durante el gobierno de Rafael Correa.

La Economía del Bien Común: una propuesta integral y holística para la empresa Por Renée Carrelo

En la economía actual el éxito se mide con indicadores monetarios, como el Producto Bruto Interno (PIB) y los beneficios económicos. Estos indicadores son insuficientes porque no indican la situación real del país (conflictos, normas laborales, desigualdad, respeto a los derechos humanos, riesgos ambientales, etc.). Para poder disponer de una visión más justa y real de la economía, las organizaciones tienen que orientarse hacia los principios y valores que demuestren su contribución al bien común. De esta forma obtendrán reconocimiento social y, si prosperan las propuestas de la Economía del Bien Común, unos incentivos legales que les permitan posicionarse en el mercado de forma ventajosa, frente a las empresas exclusivamente orientadas a la maximización del beneficio económico. Esos principios se definen como guías que indican prácticas o conductas aceptables o inaceptables y buscan ser un reflejo de la necesidad de adquirir conciencia sobre los problemas sociales, ecológicos y económicos de nuestro entorno. La Economía del Bien Común se formula en base a una serie de valores humanos fundamentales que se deben aplicar a la actividad económica: responsabilidad, transparencia, equidad, honestidad, cooperación, solidaridad, confianza, respeto a los derechos humanos, etc. La EBC quiere que se contabilicen las utilidades sociales y medioambientales de las empresas. Para ello utiliza el Balance del Bien Común (BBC), que permite analizar los principios éticos mencionados, conociendo cómo aplican (viven) las empresas los siguientes valores incluidos en lo que se denomina MATRIZ DEL BIEN COMÚN: la dignidad humana, la solidaridad, la justicia social, la sostenibilidad ecológica, la transparencia y la democracia con todos sus proveedores, clientes y organizaciones relacionadas con su actividad. Estos son conceptos estrechamente relacionados con los del Derecho Constitucional. La mayoría de las constituciones y normas legales recogen el principio según el cual la actividad económica debe de servir a los intereses generales y al bien común. Así, por ejemplo, la Constitución de la República de Uruguay consigna en su artículo 50: “El Estado impulsará políticas de descentralización, de modo de promover el desarrollo regional y el bienestar general.” La implantación de la Economía del Bien Común equivaldría a adaptar la economía real actual a una economía basada en los principios constitucionales y que contribuya al pleno cumplimiento de los mismos. La EBC quiere conseguir cambios en el marco legal para que se incentive a las empresas, por el hecho de aplicar el Balance del Bien Común, obteniendo mayores beneficios cuanta mejor sea la valoración en dicho balance, teniendo prioridad en la contratación pública, en las subvenciones, en reducción de impuestos y aranceles aduaneros, etc. El Balance del Bien Común (BBC) tiene elementos comunes con los certificados de responsabilidad social corporativa y con los balances sociales elaborados por las organizaciones del Tercer Sector, pues todos son herramientas que pretenden evidenciar el impacto social y medioambiental de sus actividades. Sin embargo, una de las principales limitaciones de los certificados de la RSE es que son de aplicación voluntaria (GRI, Pacto Mundial, ISO 26000), y en muchos casos se han empleado como un medio para crear una imagen “fachada” frente a la sociedad, por lo que han perdido credibilidad. Por su parte, las cooperativas también cuentan con su balance social desde 1995, a partir de la Asociación Internacional de Cooperativas, que recoge toda una serie de indicadores cuantitativos y cualitativos, y cuya experiencia pionera se desarrolló en la cooperativa vasca Mondragón (Resel y Copini, 2012; González y San Bartolomé, 2008; Mugarra, , 2004). Frente a estas herramientas, el Balance del Bien Común presenta como novedad la evaluación del efecto social de cualquier tipo de organización (cooperativa, empresa, ONG, autónomo, ayuntamiento, municipio, región...) mediante un número, en una escala de 0 a 1000, lo que facilita la transmisión de la información para el consumidor.

Más info: https://ucu.edu.uy/sites/default/files/facultad/fce/rso/renee-carrelo.pdf

Visitar el sitio: https://pymessur.blogspot.com/

Habemus Mesa y Equipo

(Pymessur - sábado, 12 de octubre de 2019)

El equipo económico de Alberto Fernández se reunió con la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP) La Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP) se reunió este viernes 11 de Octubre pasado con el equipo económico del candidato a presidente por el Frente de Tod✹s, Alberto Fernández, donde analizaron la coyuntura actual del país y expresaron la voluntad del espacio de “acompañar un nuevo contrato social” que “defienda la industria nacional y el trabajo argentino”. Desde el sector manifestaron la necesidad de consolidar una agenda con “medidas concretas para el sector pyme” con un “fortalecimiento del mercado interno, generando las condiciones para que haya una distribución del ingreso que permita recrear el círculo virtuoso del consumo y la producción”. “Dentro del nuevo acuerdo económico y social que vendrá a partir de diciembre en Argentina, las pymes expresamos nuestra voluntad de unidad y nos ponemos a disposición de la organización política para trabajar mancomunadamente”, expresaron voceros de la MNUP, luego de la reunión. Y remarcaron la necesidad de “tomar conciencia de la maduración institucional que requiere este momento del país”, donde “la voz de las pymes deberá estar representada” en el consenso social y en una futura gestión.

Como representantes del sector productivo estuvieron presentes   

Fundación Pro Tejer; Pymes Sur; Central de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN); Frente Productivo Nacional; Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC); Industriales Pymes Argentinos (IPA); Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME); Agrupación José Ber Gelbard; Red Inclusiva para la Expansión Laboral (RIEL); Consejo Productivo Nacional (CPN); Comercios Activos; CGERA y Mesa Empresaria Justicialista, que integran las 13 entidades nucleadas en la Mesa Nacional de Unidad Pyme (MNUP).

En apoyo al trabajo de nuestra candidata a Comunera Verónica Tenaglia por el Frente de Tod✹s

Poner el cuerpo. Por Carlos Norrih.

La batalla es cultural. ¿Qué duda cabe? alguien puede negar que a Cambiemos en el 2015 lo votaron las/os jubiladas/os, docentes, científicas/os, trabajadores, pymes, etc, etc. En el 2014 nace Pymes Sur, no éramos genios, la veíamos venir. Y estamos dando batalla:

Sábado 21 de Septiembre, estuvimos con nuestra bandera de Pymes Sur en esquina de Plaza Colombia, Barracas, CABA, fortaleciendo el trabajo que viene desarrollando nuestra candidata a Comunera Verónica Tenaglia por el Frente de Tod✹s militando por “Una Ciudad Productiva en un País Productivo” que pivotea sobre dos ejes en Comuna 4: “Desarrollo Exponencial del DistritoTecnológico y Navegabilidad del Riachuelo”

Lunes 16 y Martes 17 de Septiembre. Acompañamosa los familiares del compañero Raul Pelichotti, en homenaje brindado por Agrupación Oesterheld, Hotel Bauen Cooperativa de Trabajo. Participando del Ciclo “Sistemas Monetarios Soberanos” “Experiencias comparadas de Finanzas y Desarrollo” con expositores como Eduardo Garzón economista español, Fernanda Vallejos economista y diputada nacional FPV PJ, Santiago Franchina economista, director Carrera de Economía en UNDAV, más los hermanos bolivianos miembros del Banco Central de Bolivia.

En sede de Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE) se constituyó la Junta Promotora de Red MMT Latinoamérica de Teoría Monetaria Moderna de la que Pymes Sur forma parte.

Enlaces: https://teoriamonetariamoderna.blogspot.com/2019/09/ciclo-sistemas-monetarios-soberanos_21.html https://teoriamonetariamoderna.blogspot.com/2019/07/constitucion-de-la-red- mmt.html

Viernes 20 de Septiembre dijimos ¡¡¡ Presente !!!, inauguración nuevo local del Centro Cultural Miguel Miranda en Parque Patricios

Agenda nutrida el Lunes 23 de Septiembre a las 18 hs en UNLa debate sobre el futuro del Sistema Científico necesario para la Argentina que viene Ciencia, Industria e Innovación con la Dra. Ana Franchi directora del Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, Ing. Carlos Gianella coordinador de la comisión de Ciencia e Innovación del Instituto Cafiero, Lic. Fernando Peirano economista parte de los equipos técnicos del Frente de Tod✹s e integrante del Grupo Callao, Dr. Roberto Salvarezza ex presidente del Conicet, actual diputado nacional del FPV PJ y Edgardo Depetri, concejal y candidato a intendente de Lanús por el Frente de Tod✹s.

Enlace: https://www.pagina12.com.ar/220534-la-ciencia-que-se-va-y-la-ciencia-que-viene

A las 18.30 hs en oficinas sobre Av. Córdoba, Comuna 1, CABA, reunión con “El vasco” José Ignacio de Mendiguren, abogado, industrial, ex presidente de la UIA y actual diputado nacional por el Frente Renovador.

Vamos por más Este próximo Sábado 28 de Septiembre a partir de las 10 hs estaremos nuevamente con nuestra bandera en Plaza Colombia y a las 13 hs como lo hacemos habitualmente, en Club de Ciencia con sede en Fundación por el Arte hacia la Vida, calle California 2325, Barracas, compartiremos unos “choris” con profes, alumnas/os, compañeras/os e invitadas/os mas todas/os aquellas/os que quieran ser de la partida.

Grato honor en recibir a: Lucrecia Cardoso ex presidenta del INCAA; a Kelly Olmos ex secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior; a Roberto Bonetti Secretario Adjunto UOM CABA; a Pablo Blanco Secretario General STIGAS; a  Ruben Buzzano Secretario Educación de Jóvenes y Adultos UTE

Estaremos el Miércoles 2 de Octubre en el Honorable Senado de la Nación en la charla en homenaje a Aldo Ferrer Pensador nacional.

 

También en Octubre seguiremos fortaleciendo la Red Multisectorial por la Educación y el Trabajo Argentino (META) 

El hambre no espera. La Emergencia alimentaria y nutricional debe ser implementada ya.

DESDE EL ENCUENTRO HACIA UN ACUERDO MULTISECTORIAL. Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna.

 COMUNICADO 

Las entidades, organizaciones, asociaciones de la sociedad civil, del mundo del trabajo y la producción, y del sector académico que integran la Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna advertimos en el documento aprobado en diciembre del año (1) pasado que nuestra Patria había comenzado a transitar un camino de dolor. Tal preocupación obedecía al aumento de la injusticia social y la desigualdad producidas por decisiones de gobierno orientadas a garantizar el incremento de la renta de corporaciones internacionales y dejando para después la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo. Especialmente las necesidades de quienes más padecen en su propio cuerpo los efectos de un modelo basado en la vieja división internacional del trabajo: primarización de la economía, extractivismo de recursos minerales y extractivismo financiero. Nuestra Argentina no puede esperar un desarrollo integral (basado en la solidaridad y el trabajo digno) que materialice la felicidad de las personas dentro de este modelo de subdesarrollo. El Gobierno Nacional, electo democráticamente en 2015, no quiso, no supo o no pudo administrar las presiones de quienes tienen en la especulación financiera y el acrecentamiento de la propia renta el único parámetro de acción. No se generaron condiciones para resolver las necesidades más elementales de los humildes, de los desamparados y excluidos, que requieren de medidas básicas para la subsistencia y para efectivizar la justicia social. De esta manera se ha profundizado el sentimiento de injusticia que atraviesa a cada vez más hermanas y hermanos que habitan nuestra tierra. Llevar a esa gran parte de la población a luchar principalmente por su supervivencia biológica, es un impiadoso robo de la dignidad humana y, por lo tanto, un fuerte debilitamiento de la democracia y de los valores que fundan nuestra Nación. La gravedad de la situación actual nos compromete con la llamada de la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Iglesia Católica, de las Iglesias Evangélicas y de miles de personas en las calles el último 28 de agosto y nos sumamos al urgente pedido de declarar la EMERGENCIA ALIMENTARIA. Debemos enfrentar la crueldad del hambre que habita en millones de familias oscureciendo el presente, especialmente de nuestros adultos mayores, y condiciona gravemente el futuro, especialmente de niñas, niños y jóvenes. La Emergencia Alimentaria debe expresarse en las siguientes medidas: - Fortalecimiento de una canasta básica de primera infancia, y de mujeres embarazadas o en período de lactancia, incrementando, entre otras medidas, la Asignación Universal por Hijo al valor de una canasta básica total para un menor de 18 años, estimada al 1er. Trimestre del 2019 en $ 5834, como forma de alcanzarla. De tal forma, una familia que reciba dos asignaciones de este monto cubre la canasta alimentaria que al mismo momento llegaba a $ 11640. - Aumento de presupuesto de comedores y huertas escolares y comunitarias para mejorar la cantidad de raciones y la calidad nutricional de las mismas - Fomento y mayor desarrollo de la agricultura familiar y social en cada uno de los territorios - Reintegro del IVA a los consumidores de menos recursos y aumento del número de productos sin IVA o con reducción del mismo, que compongan la canasta básica para hacer más transparente su eliminación o reducción - Actualización de los montos del Programa Pro Bienestar del PAMI, desactualizados por el aumento de la inflación, y aumento de la cobertura de los medicamentos para jubilados y pensionados - Disposición de tierras públicas ociosas, a través de comodato, para que puedan ser productoras de alimentos trabajadas por organizaciones sociales y de la economía popular y la agricultura familiar para lograr el autoabastecimiento alimentario - Utilización de los espectáculos públicos -culturales y deportivos- para recaudar alimentos y artículos de primera necesidad La solución a esta crisis requiere, más que parches económicos, de un fuerte compromiso político que genere consensos en el diseño e implementación de políticas públicas. Por ello nos comprometemos a impulsar un diálogo abierto y sincero, basado en los principios de solidaridad y el trabajo como fundamentos de la vida digna, y que faciliten un ACUERDO MULTISECTORIAL, sin antinomias pero comprometidos con los más débiles, donde cada persona y cada sector encuentren el lugar desde el cual contribuir a la construcción de nuestra Comunidad Nacional. En ese camino, esta Mesa se pone a disposición para contribuir y colaborar con la puesta en marcha de las medidas que permitan alcanzar ese Acuerdo Multisectorial. Nos inspira la Unidad de fundamentos y de acción. La unidad es nuestro valor más importante y creemos firmemente que es una herramienta de Unidad de la Nación sin la cual no vislumbramos un futuro de progreso y de justicia que abrace a todos los hijos de la Patria.

Mesa de Diálogo y Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna

PARTICIPAN CGT, CTA/Autónoma, CTA/Trabajadores, Unión Industrial Argentina, Frente sindical para el Modelo Nacional, Corriente Federal de los Trabajadores, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Frente Agropecuario Nacional (FAN), Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos (CADIA), ADIMRA (Asociación de industriales metalúrgicos de la República Argentina), Movimiento Rural Argentino, Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), Movimiento Cuidadores de la Casa Común, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Somos Barrios de Pie, Movimiento Evita, CTEP, Federación de Cooperativas Federales (FECOFE), Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar), Frente Productivo Nacional, Asociación de Mutuales de Conurbano Sur, Coninagro, Asociación Tambera de Santa Fe, Federación Agraria, CARBAP, Foro de Empresarios Nacionales, Pymessur, CGE, CGE Ciudad de Buenos Aires, Asociación de Agricultores Federados, Pastoral Social Evangélica, FUNDTIC, Federación de Círculos de Obreros Católicos, Foro Popular por la Salud y la Vida Digna, Asociación de Comunicadores por Internet (ACAPI), Argentina en Comunicación, Federación Marítimos, Portuarios y Navales (FEMPINRA) Frente Popular Dario Santillan, Federación Nacional Campesina, Movimiento Nacional Campesino Indígena.

NOTA: LOS PARTICIPANTES DE LA MESA DE ENCUENTRO POR EL TRABAJO Y LA VIDA DIGNA UIA Y CONINAGRO ANTES DE ADHERIR AL PRESENTE COMUNIDADO SOLICITARON TIEMPO PARA DAR LUGAR A LAS CONSULTAS INTERNAS QUE CORRESPONDEN DE ACUERDO A LAS DINAMICAS PARTICULARES DE CADA UNA DE ELLAS.

(1) Documento: Una Patria Fundada en la Solidaridad y el Trabajo. Mesa de Encuentro por el Trabajo y la Vida Digna. Diciembre, 2018

No va más

No es tarea fácil la de analizar el gobierno de Macri intentando remitir sus acciones a una lógica racional. Ni siquiera la de los negocios cierra, al menos en cuanto a definir un colectivo de intereses que se beneficie, salvo que se lo relacione con un círculo virtuoso, el llamado tradicionalmente "los amigos del gobierno". Ahí sí podemos hablar de un neoliberalismo cuyos ejecutores llevan agua para su molino, si bien no a toda la clase. Solo a los amigos de un selecto club. Quedó grande el rótulo "círculo rojo", para expresar un grupo de poder económico, el de los dueños de grandes fortunas, ya que muchos de ellos también fueron perjudicados. Se dice que por conflictos de intereses, entre los que están dentro del gobierno sentados en los ministerios y la presidencia, que privilegiaron a sus antiguos patrones o socios puntuales en cada caso posible y dejaron afuera al resto. Ni siquiera por venganza de éstos, los poderosos perjudicados, puede hablarse de que este gobierno fue atacado hasta quedar cada vez más débil. No. Se trató solo de la dinámica de una economía improductiva que no produce divisas y solo puede sostenerse con préstamos. Hasta que la ecuación no dio, no se renovaron los créditos, cesó la esperanza de renovar mandato y apareció el fantasma tan temido llamado default, que asusta con su mueca desagradable: game over, in english.

Ministro reperfilador

No se trató de un caso más de creatividad argentina, sino de la pretendida viveza criolla, de corta inteligencia y perjudiciales resultados; la inventiva en este caso de emergencia nacional acuñó un sucedáneo semántico para la cesación de pagos. Default selectivo. Reperfilar la deuda. Un comienzo de pagadiós del que luego se verá su desarrollo consecuente, de daños directos y colaterales, posiblemente en cascada. El presidente se mantiene en control según palabras de su copiloto rionegrino. Más directo y lapidario fue el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt: "Yo no hablo de mis empresas, hablo de todas las empresas, de las provincias, de las intendencias, donde todos apostaron a poner la plata en el sector más seguro, que es el Banco Central, y perdieron fortunas porque la devaluación ha sido enorme. No suficiente con esta pérdida, se les dice que este dinero no te lo van a devolver. Baten todos los récords de la locura extrema. Todas las medidas que se tomaron fueron horribles. Es un invento trasnochado en un momento de desesperación". La Nación, 30 de agosto de 2019.

MONEDA PAR. Por Mario Cafiero

Vincular productores y consumidores, mediante una criptomoneda. Billetera digital en el celular para el intercambio de bienes y servicios.

Zanella tuvo que cerrar

Otro lagrimón en Córdoba

 "Girá el timón, Macri, nos vas a matar a todos", fue el mensaje del intendente de Cruz del Eje, Claudio Farías, ante el cierre de otra fábrica, esta vez Zanella en la provincia de Córdoba, con casi 40 familias que quedan sin trabajo. Y el presidente contesta: "sé que no la están pasando bien". Y pide el voto para ir más rápido.

Poder financiero mata industrias

Roberto Feletti comenta la economía

Industriales muy complicados

El 57% de los industriales no espera tomar en los próximos 12 meses decisiones relacionadas con invertir en sus empresas y el 68% de las fábricas no prevé contratar empleados. Además, para los manufactureros el tema más importante del año pasa por lo que suceda con el acceso a la obtención de un crédito, que según los datos del BCRA está parado. Las visiones surgieron de la encuesta de Expectativas de Ejecutivos socios de IDEA, realizada por la consultora D’alessio IROL en julio. Para el relevamiento fueron consultados 212 líderes de empresas.

Edesur: usuarios pierden y empresa gana

La empresa Edesur, de pésimo servicio en comparación con Edenor, en el último año sufrió una caída en la demanda de consumo por parte de sus clientes de un 13%, pero su balance mostró una ganancia 62% superior a la anterior. Ese es el país de Macri: gente que consume menos hasta lo indispensable y empresas que, vendiendo menos, ganan mucho más y no invierten.

Informe de CEPA. Automotrices en recesión, vano intento electoral

Las políticas económicas del actual Gobierno Nacional impactaron negativamente en el entramado productivo nacional. Específicamente, la industria manufacturera fue el sector más golpeado por la combinación de falta de demanda -por la caída generalizada de los ingresos-, aumentos tarifarios exponenciales, alta tasa de interés y apertura importadora que reemplaza producción y trabajo nacional por extranjero. El programa, llamado “Juni0KM”, dispuso de unas 35.000 unidades -automóviles, no incluye pick-ups ni camiones- con descuentos que van desde $ 50.000 a $ 80.000 en el precio final, y sin diferenciar entre origen local, Mercosur o extra zona. Los aportes, realizados por el Estado a través de un subsidio de $ 1.000 millones a los que se le suman a los descuentos implementados por las terminales, se ponen en práctica en un contexto de acumulación de stock, con suspensiones generalizadas y fábricas parcialmente paralizadas.

https://www.centrocepa.com.ar/

Hipoteca marca Macri: una bomba llamada deuda

• En los últimos tres años los pasivos brutos emitidos por el Estado nacional crecieron un 40% y la deuda en manos de residentes extranjeros se expandió un 170%. Al 30 de junio de 2019, la deuda pública bruta era de 337.235 millones de dólares, un 98% del PIB. Por su parte, la deuda pública externa llegó a 171.865 millones de dólares, lo que representa aproximadamente un 50% del PIB. Estos guarismos hablan de un proceso de endeudamiento público sin precedentes, tanto por el volumen que alcanzaron los pasivos como por la velocidad con la que se contrajeron.

https://www.lacapital.com.ar/economia/radiografia-del-endeudamiento-n2515793.html 

Los datos que no mienten

El gobierno exhibe un saldo favorable de la balanza externa, pero es por por caída de importaciones en un 25% respecto al año anterior:  se importan menos bienes de capital y de consumo, porque caen el consumo y la inversión. El FMI coloca a la Argentina entre los países del mundo que tienen mayor tensión macroeconómica, inflación, ajuste, fuga de capitales  y recesión. Hay dos millones de personas subalimentadas, dice la FAO (Naciones Unidas) Mientras tanto, la economía real es palpable en cuanto a  pobreza, desempleo, subempleo, cierre de comercios y fábricas, cuyos datos continúan siendo mucho más que preocupantes.

Cada vez más pobres. Una verdad indiscutible

Frente Productivo Lanús: 70% más de cierres en comercios en dos años

La crisis productiva y comercial que se vive a nivel nacional, como producto de la recesión económica, se ve materializada en Lanús donde, según reveló el reciente informe del Frente Productivo local, los comercios cerrados aumentaron un 70% en sólo dos años. Los datos se difundieron al presentarse “El trabajo en crisis”, relevamiento comercial del distrito elaborado por el Frente Productivo Lanús, expuesto por el referente del espacio y presidente de la Asociación Pyme, Daniel Moreira, con la presencia del precandidato a intendente del Frente de Todos Edgardo Depetri, y de la economista y ex ministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis. (http://motoreconomico.com.ar/cruda-realidad/el-frente-productivo-lans-advirti-que-aumentaron-un-70-los-comercios-cerrados-en-el-municipio-en-dos-aos)

 

 

Economía pindonga

Roberto Feletti comparte su visión  de la economía argentina.

(Escenario) Martes 23/7 (Hasta las 8.15)

VERDAD Y CONSECUENCIA

A) SI TENÉS TU CASA Y GANÁS MENOS DE $30.000 SOS POBRE EN CABA:

Una familia tipo habitante del distrito más rico del país, dueña de su propia vivienda, necesitó $30.914 para no caer en la pobreza durante junio, según informó el Gobierno de la Ciudad.

B) EL PAN NUESTRO YA NO ES DE CADA DÍA

Producto de la recesión económica que lleva más de un año y la pérdida general del poder adquisitivo, el consumo de pan en Argentina cayó de 90 kilos por persona en 2015, a menos de 75 kilos per cápita en la actualidad. Jorge Vitantonio, tesorero de la Federación Argentina de la Industria del Pan y Afines (Faipa), reveló dichas cifras, en un contexto en el que han cerrado más de 150 panaderías en el primer semestre y muchos locales comerciales se han vuelto clandestinos por el alto costo impositivo y de las tarifas de servicios públicos.

C) Y TAMPOCO HAY TRADICIÓN QUE AGUANTE LA CAÍDA PERMANENTE

El 80% del fernet que se consume en el mundo se toma en Córdoba. Uno de los sinónimos de Mar del Plata son sus alfajores. Pero la debacle del país al cual lo ha llevado Macri no deja en pie ni las tradiciones: la marca de fernet 1882 ha pedido su concurso de acreedores "ante recientes dificultades financieras" y la fábrica de alfajores Balcarce pidió su Procedimiento Preventivo de Crisis "para reestructurar su empresa". Más de 20% de caída de consumo en un año arrasa con todo.

D) UIA: LA INDUSTRIA CAERÁ POR DEBAJO DE TODO LO IMAGINADO

Según estimaciones privadas, la producción industrial caerá 4,6% en 2019 afectada por el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la política de apretón monetario con tasas por las nubes. Un retroceso superior al 2,5% proyectado por la Unión Industrial Argentina. De confirmarse una baja de esta magnitud, el Gobierno de Mauricio Macri dejará una profunda herida para el sector manufacturero, que acumulará un derrumbe superior al 11% a lo largo de su mandato.

E) ESCRITURAS, CASI LA MITAD MENOS EN EL SEMESTRE:

La venta de inmuebles continúa en franco desplome, alcanzó niveles que no se veían desde el fin de la convertibilidad y el cepo cambiario, y aún no da señales de tocar piso. En junio, los actos de compraventa en la provincia de Buenos Aires cayeron 36,9% interanual, a pesar de que la comparación es contra un mes en el que la devaluación ya era un hecho. Respecto a mayo del 2019, la contracción fue de 16%, lo que demuestra que la dinámica parece continuar a la baja. La incertidumbre en torno a la macro, junto con el efecto de la supertasa de interés y la fuerte caída del crédito siguen complicando al sector inmobiliario. Los datos son oficiales y fueron publicados ayer por el Colegio de Escribanos de la PBA.

F) LA PINDONGA Y CUCHUFLITO CRECEN:

Las segundas marcas lograron un fuerte avance en ventas en el último año y ya representan el 43% del consumo, en medio de la recesión, según un estudio de una consultora privada.

G) TODO POR ABAJO DE LA INFLACIÓN

Cualquier indicador que se revise mostrará que nada crece al menos al ritmo de la inflación. Hoy se sabe que las recaudaciones de las provincias han crecido también menos que el Índice de Precios, lo que claramente significa que las actividades que originan esos impuestos han mermado su actividad. La recaudación de junio informada por doce distritos reflejó que ninguna provincia logró un crecimiento al ritmo de la inflación acumulada de los últimos doce meses, según surge de un relevamiento privado. Así, en la comparación contra junio de 2018 se observó que la variación interanual fue del 38,5% en el conjunto, mientras que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado para el mismo periodo que anunció el INDEC la semana pasada fue del 55,8%, surge del informe difundido por la consultora Economía & Regiones

Y ESTO NO TIENE APELACIONES NI OTRA EXPLICACIÓN QUE ES LA PÉRDIDA DE TODOS.

H) EL ARTIFICIAL PRECIO DEL DÓLAR QUE MONITOREA EL FMI:

El dólar se mantuvo ayer a $43,61 para la venta porque el Banco Central volvió a vender en los plazos más cortos a futuro. Entretanto, y en el mismos sentido, el Central resolvió mantener la tasa de referencia en un piso de 58% hasta que se conozca el próximo dato de inflación, con el fin de evitar una salida de los plazos fijos en pesos al dólar en medio de las primarias del 11 de agosto próximo. En obvia relación con esto, el FMI respaldó los "ajustes técnicos" del BCRA sobre política monetaria para flexibilizar las metas de la base monetaria en el bimestre julio- agosto. ESTO DEJA EN CLARO EL INTERVENCIONISMO PERMANENTE DEL ORGANISMO INTERNACIONAL EN PROCURA DE "AGUANTAR" EL DÓLAR ARTIFICIALMENTE HASTA LAS ELECCIONES DE OCTUBRE SIN IMPORTAR LAS CONSECUENCIAS NEGATIVAS QUE ESTO GENERA.

Guillermo Moretti: "Industricidio"

Para el vicepresidente de la UIA, el gobierno lleva adelante el preacuerdo con la UE en pleno proceso de caída en todos los indicadores industriales, recesión con reducción del consumo por pérdida de salario real. Advierte: " Ningún país se ha salido de crisis solo con exportación, hay que fortalecer el mercado interno”

(Ver: https://www.rosarioplus.com/radiosi/La-UIA-advierte-El-acuerdo-con-la-Union-Europea-es-un-industricidio-20190717-0031.html)

 

 

La industria en caída libre

http://diariopulse.com/argentina-registro-la-mayor-caida-industrial-del-mundo/

Qué duda cabe. Con  Blanco Villegas Macri,  la industria argentina ha tenido un gran retroceso acorde con las medidas recesivas en lo interno, la sangría en la balanza de pagos vía apertura indiscriminada , la exportación despromovida; la fuga de divisas impecablemente garantizada por el Banco Central, el festival de ganancias financieras antiproductivas ahora llamada carry trade. 

El resultado es que  la producción manufacturera registró un descenso interanual del 10,8 por ciento en el primer trimestre de 2019, el más alto entre cerca de 80 países estudiados según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

Otra consecuencia es que arrastra hacia abajo eel coeficiente de la región: "La actividad industrial en América Latina, por su parte, describió una caída interanual del 1.2 por ciento. El organismo de Naciones Unidas atribuye esta cifra fundamentalmente a “la continua recesión de Argentina (-10,8%) y a la disminución de la producción manufacturera de Brasil (-1,5%)”. 

 

Macri lo hizo. Cae Alpargatas. La pregunta es: ¿Qué quedará en pie?

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